A pesar de que los servicios de inteligencia del Estado descubrieron dos drones con explosivos en el Pacífico colombiano, las autoridades afirman que estas aeronaves no tripuladas no son una amenaza para la seguridad nacional, pero “es necesario generar mecanismos de control para evitar el mal empleo de esta tecnología”.

La entidad encargada de regular el uso de los drones en Colombia es la Aeronáutica Civil y por esta razón todos los registros de licencias y aeronaves se deben hacer con esta entidad y con ninguna otra autoridad. Actualmente son de uso militar, policial y de uso particular.

Desde el 5 de febrero de 2019 entró en vigencia la norma 0420 que le da facultades especiales a la Policía para que pueda investigar, confiscar y revisar los drones y equipos que no estén registrados debidamente ante la Aerocivil.

La norma hace claridad sobre la distinción de un piloto profesional y un aficionado, en tanto que también limita muchos de los usos comerciales que se les puede dar. También aclara que, para el empleo de drones pesados, se requiere que el piloto profesional realice un curso y tenga 20 horas de vuelo certificadas.

La Aerocivil, en su control, hace una clasificación entre los tipos de drones que se pueden volar en Colombia. Las categorías que existen son: A, B y C.

La A es operada por los pilotos aficionados y por hombres, mujeres y niños, ya que no requieren licencia para volar los drones, cuyo peso esté entre los 250 gramos y los 25 kilogramos, por cuanto significan un riesgo menor, incluso si su fin es comercial. Solo pueden operar de día a una altura máxima de 120 metros y en un radio que no puede exceder los 500 metros a la redonda.

La Aeronáutica Civil expresa que no pueden volar sobre multitudes, edificios, áreas pobladas y a una distancia mínima de nueve kilómetros de los aeropuertos y a dos kilómetros de la Presidencia de la República, de unidades militares, estaciones de Policía y otros entes estatales.

Los drones de la categoría B deben contar con registro de la Aeronáutica Civil y su operador con autorización expresa de la entidad gubernamental, ya que su operación es considerada de riesgo medio. Sus operadores pueden volar por encima de edificios y multitudes e incluso transportar materiales para la fumigación o aspersión y otras actividades, y su radio de acción horizontal no puede ser superior a los 750 metros.

Y, los del tipo C, son aparatos con un peso superior a los 150 kilos y su empleo civil no está autorizado en el país.

Cabe destacar que las Fuerzas Militares, la Policía y agencias de inteligencia, son pioneros en América Latina, en el empleo de este tipo de aeronaves conocidas como VANT, UAV, ART, SANM o drones, en operaciones de vigilancia y control contra los grupos armados al margen de la ley y en actividades antinarcóticos.

El coronel Luis Fernando Serna Zapata, responsable del Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados en la Policía, en diálogo con EL NUEVO SIGLO dijo que estas aeronaves o drones no son una amenaza para la seguridad de los colombianos.

“Definitivamente no, al contrario, se constituyen en una oportunidad para contribuir en temas de convivencia y seguridad ciudadana, pero es necesario generar mecanismos de control de cara a la ciudadanía para evitar el mal empleo de esta tecnología”.

Algunos casos

El coronel Serna Zapata explicó que se han documentado casos de vuelos no autorizados de drones sobre instalaciones gubernamentales, militares y policiales que se han podido controlar y sus pilotos o propietarios fueron cobijados con la aplicación de las sanciones consignadas por el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Expresó que mientras en muchas partes del mundo se emplean estas aeronaves para entrega de medicinas, entre otras actividades legales, “en Colombia ya se han judicializado algunos casos recientemente por la comisión de delitos y afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana con estas aeronaves”.

Señaló que en el municipio de Tumaco, en Nariño, en una operación conjunta de la Fiscalía y del Ejército, fueron encontrados dos drones con explosivos plásticos que pretendían ser activados en vuelo contra patrullas de las Fuerzas Militares y de la Policía, a través de teléfonos celulares.

De acuerdo con la información oficial “fue necesario el empleo de inhibidores de señal para evitar que las cargas fueran activadas a distancia mediante el empleo de celulares. Los organismos secretos dan cuenta que los aparatos decomisados no eran de avanzada tecnología, pero de no ser descubiertos, habrían podido causar una tragedia”.

Los servicios de inteligencia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía, afirman que “es la primera vez que se reporta el empleo de este tipo de aeronaves no tripuladas para el transporte y activación de explosivos contra las autoridades en desarrollo de sus operaciones ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley, lo que significa un cambio dramático en las dinámicas de la guerra no solo en esta región de la costa Pacífica sino en todo el territorio nacional”.

En principio se sindicó al frente ‘Oliver Sinisterra’, grupo disidente de las Farc, como propietario de las aeronaves.

Reiteró en que si una persona es sorprendida violando la seguridad de un aeropuerto, una base militar, de una estación de Policía o de una residencia “se constituye en una conducta contraria a la convivencia y seguridad ciudadana, si se determina que la imágenes tomadas son para la comisión de actos terroristas podrá ser judicializada por ese delito”.

De otro lado, el coronel Serna Zapata precisó que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, investigan la parálisis que afrontó el año pasado el aeropuerto Eldorado, al parecer, por la presencia de un dron sobre el Centro Aéreo de Transporte Militar. Sin embargo, se dijo, que también podría tratarse de un globo de helio. “Estamos investigando y tomando medidas”, dijo un vocero de la FAC.

En cuanto a los radares antidrones, señaló que “es una tecnología extremadamente costosa que aún no está totalmente disponible y avalada por las autoridades aeronáuticas internacionales (OACI Y FAA)”.

Sin embargo, reconoció que preocupa a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas Militares y a la Policía el uso terrorista de estos aparatos no tripulados y que cada día son más sofisticados. “Preocupa, por ello se está trabajando a nivel institucional en un proyecto de Ley que regule su uso responsable”.

Indicó que si estos aparatos son mal empleados se podría incurrir en conductas de carácter penal, entre ellas el derecho a la intimidad y otras actividades criminales.

Destacó que si una aeronave de este tipo, por la pérdida de control, cae sobre una persona, “si se demuestra dolo en la conducta o incumplimiento de la normatividad, entonces su propietario, sería cobijado con la sindicación penal de lesiones personales”.

Aseguró que se requieren normas en materia de importación, fabricación, registro y control de estas tecnologías por su evolución permanente y el desarrollo en la producción de nuevas aeronaves ART con mayor alcance y de difícil detección.

Por último, agregó el coronel Serna Zapata que “La tecnología avanza rápidamente y es necesario evolucionar la reglamentación en la materia constantemente para enfrentar los nuevos retos que se presentan. Se requiere más reglamentación en la materia, enfocada en registro y control masivo, además de un régimen sancionatorio que brinde herramientas jurídicas y tecnológicas para el control efectivo de los equipos”.