Con la aprobación de la reforma laboral en su segundo debate en la Cámara de Representantes, las disoluciones pasan a la Comisión Séptima del Senado. La misma que en abril pasado hundió la reforma a la salud del Gobierno Nacional cuando se encontraba precisamente en tercer debate.
Ahora le corresponde al Ejecutivo redoblar esfuerzos para evitar que la iniciativa de la laboral naufrague, como ya ocurrió con la propuesta de la salud.
Bajo ese orden de ideas, EL NUEVO SIGLO ha consultado con varios de los senadores de esa célula congresional para conocer cuáles son sus opiniones frente a los artículos de la iniciativa. Sin embargo, y como solamente en los próximos días los congresistas van a tener acceso al texto de la reforma, unos pocos parlamentarios han expresado sus puntos de vista frente a lo aprobado en la reforma.
Inicialmente, el senador Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, manifestó que “se debe evaluar a fondo el impacto de costos laborales por el aumento de dos horas a la jornada con recargo nocturno, siendo este el mayor de Suramérica, superado únicamente por Panamá y Guatemala. Hay que lograr un equilibrio que no afecte el sector turismo, gastronómico, gastrob0ares, recreación nocturna, y se logre avanzar hacia la formalización de este sector. Revisaremos que el contrato de aprendizaje no se convierta en un impedimento para que los aprendices puedan incursionar en el mercado laboral. Con el aumento de los costos laborales para los empleadores en más de un 63,4 %, se pone en riesgo la formalización del trabajo y el incremento de los aprendices. ¿Preferirán entonces contratar trabajadores con experiencia? Necesitamos es que se aumenten este tipo de contratos y esto redunde en más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Es importante integrar nuevas formas de trabajo, independientes, inteligencia artificial, colaboradores, entre otros, sin comprometer los derechos laborales. Colombia necesita más oportunidades de trabajo y un entorno que respete los derechos de los trabajadores sin dañar a la empresa, ya sea pequeña, mediana o emprendedores, que son los principales generadores de empleo en el país. Urge un equilibrio entre el sector productivo y los trabajadores, la dupla trabajador-empleador; de no ser así, estos últimos serían irremediablemente las víctimas si se aprueba este proyecto como fue aprobado en la Cámara, porque se estaría desincentivando el empleo formal”.
De igual manera, la bancada del partido MIRA presentó una serie de reparos en torno a varios artículos relacionados con esta reforma laboral. La senadora Paola Agudelo integra la Comisión Séptima y en relación con este proyecto de ley dio a conocer varios puntos de vista de esa colectividad, afirmando que “identificamos que la reforma laboral no enfatiza sobre aspectos clave de la realidad económica y productiva nacional; además, no genera incentivos para la creación y el sostenimiento de los emprendimientos, el fortalecimiento de micronegocios, mipymes y grandes empresas. Tampoco ahonda en medidas para combatir la informalidad laboral y empresarial. Esta realidad avizora un aumento en los costos para las mipymes, es decir, que el 99,5 % de las empresas del país se verían afectadas, situación que podría conducirlas a la liquidación y profundizando de esta manera la precariedad laboral, la informalidad y el desempleo”.
Se avecinan modificaciones
Posteriormente y sobre ese particular, desde MIRA se advirtió que “la propuesta tiene algunos puntos que favorecen a los trabajadores, como la protección frente a diferentes tipos de discriminación laboral; mejores condiciones laborales para los trabajadores de las plataformas digitales; promoción del empleo digno para poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado; generación de incentivos para la contratación de jóvenes y adultos mayores de 50 años, entre otros. Sin embargo, consideramos que la iniciativa requiere de mayor atención y escucha para la ciudadanía en relación con otros componentes del proyecto que son altamente sensibles”
Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, explicó que “la aprobación de la reforma laboral es el reflejo de una mala lectura del país por parte del presidente Gustavo Petro. El discurso es en contra de los 'grandes empresarios', pero así solo perjudicará a los colombianos más vulnerables. El presidente malinterpreta el problema laboral: las mipymes representan el 99,5 % de los 1,7 millones de empresas formales en Colombia. ¡Las grandes empresas son solo el 0,5 %! Cuando se habla de los empresarios colombianos, hay que pensar en pequeños negocios. Estas mipymes, que emplean al 65 % de los colombianos y aportan cerca del 35 % del PIB, serán las más afectadas. La reforma laboral aumentará sus costos de contratación y pondrá en riesgo miles de empleos formales y el sustento de las familias. No solo las mipymes se verán afectadas. La reforma laboral también ataca a los pequeños sindicatos. La CGT Nacional ya rechazó la eliminación del contrato sindical, eliminar esta figura va contra la libre asociación y capacidad de concertación de las pequeñas organizaciones”.
Otro de los congresistas que hicieron eco de la aprobación del proyecto fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien explicó: “Esto es un pésimo mensaje a los emprendedores que están buscando formalizarse, a las empresas que buscan crecer y a los inversores que quisieran traer capital al país con la aprobación de la reforma laboral”. Así mismo, el parlamentario insistió en que son muy pocos los beneficios que esta propuesta les deja a los empleados y advierte que estas falencias pueden poner en calzas prietas el texto para su discusión en la Comisión Séptima del Senado. “No puede ser que la agenda y la concepción de unos pocos sindicatos con incidencia en el Gobierno Nacional se imponga sobre la legislación laboral de nuestro país”, expresó Motoa.
Sindicatos defienden la reforma
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, le explicó a EL NUEVO SIGLO que los mitos que se están generando en torno a la reforma laboral son un discurso mentiroso. “Para el país es recuperar los derechos que les fueron arrebatados a los trabajadores con la ley 789 de 2002, a través de la cual advirtieron que se iba a disminuir el desempleo y la informalidad, pero eso no fue cierto, y quedó demostrado que evidentemente esas normas que quitaban los pagos del recargo nocturno, las garantías laborales del contrato de aprendizaje, los días de descanso pagos y los derechos sindicales, en nada incentivaron la generación de empleo y la inversión económica para las nuevas empresas”, aseguró.
Seguidamente, Arias agregó que “según el criterio general y práctico, en la medida en que usted tenga mayores recursos en los bolsillos de los trabajadores, puede demandar más bienes y servicios, lo que genera un aumento del empleo por demanda. No podemos seguir cayendo en las narrativas engañosas, porque esta reforma no está hablando de generar más impuestos o cargas tributarias a los empresarios. Aquí no hay nuevos impuestos, sino que se está buscando recuperar el pago del recargo nocturno, las horas extras, aumentar incentivos y reconocer el carácter laboral del contrato de aprendizaje, a lo que el empresario debe pagar por prestaciones sociales sin que esto genere sobrecostos”.
Además, el presidente de la CUT explicó que los derechos colectivos de los trabajadores están establecidos por la ley: “De los 27 artículos que estructuraban los derechos colectivos y que hacían parte de la estructura de esta reforma, únicamente sobrevivieron 7. Pero, hay que señalar que en Colombia las normas sindicales están regidas por la Constitución y amparadas por el Derecho Internacional, pero nos quitaron los derechos de asociación, de negociación colectiva y de huelga, los suprimieron y esa es una norma general sobre las garantías sindicales que evidentemente debe darles garantías sindicales a los trabajadores y esos estatutos, junto con las licencias para participar de las asociaciones, se establecen entre el sindicato y la empresa, una vez se instala la primera asamblea del año”.