Organizaciones de derechos humanos radicaron una petición para que el tribunal internacional le exija al Estado abrir investigaciones por delitos de lesa humanidad

Por la “falta de voluntad para juzgar crímenes de lesa humanidad”, varias organizaciones de derechos humanos radicaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que le haga una serie de exigencias al Estado colombiano en esta materia.

Por un lado, piden que el tribunal internacional intervenga y le pida al presidente Iván Duque que firme "sin más dilaciones" la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Solicitan además que se le exija al Estado abrir investigaciones, o si éste no lo hace que la Fiscalía de la CPI inicie su propia indagación, por delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales, una práctica denominada como ‘falsos positivos’ que ocasionó la muerte de unos 5.000 civiles a manos del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

“Nuestro propósito es que haya investigaciones en Colombia. Nuestro país nunca las abrió, y la JEP solamente está recibiendo versiones voluntarias, pero queremos que la JEP llame a estas personas que nunca han respondido ante la justicia”, le dijo a la Agencia Anadolu Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones firmantes. 

Ortegón recordó que la fiscalía de la CPI tiene un examen preliminar abierto contra Colombia, “lo que significa que está analizando la posibilidad de iniciar investigaciones contra personas que puedan estar involucradas en violaciones contra derechos humanos”, y que en el inicio del examen, la Corte identificó cuáles son los delitos que “eventualmente podrían estar bajo su competencia”: por parte del Ejército, los ‘falsos positivos’, y por parte de las guerrillas y los paramilitares, el reclutamiento forzado y la violencia sexual.

“En el marco de dicho examen la ciudadanía puede presentar comunicaciones, una suerte de denuncia, como las que se presentan ante la Fiscalía acá en Colombia, para que la Corte enriquezca su examen preliminar y eventualmente, tome la decisión de abrir una investigación contra las personas que puedan estar implicada en dichos delitos”, agregó.

La vocera detalló que en esta medida, la CPI cumple una función que se llama complementariedad positiva, que es como si le dijera al Estado colombiano ­‘o investiga o yo investigo’.

La comunicación, presentada por la corporación Cajar, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), documenta 23 casos de falsos positivos en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”.

La tercera petición que hacen es que se le pida al Gobierno que se abstenga de ascender a oficiales vinculados con estos hechos, como Adolfo León Hernández, comandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ entre diciembre de 2007 y junio de 2009, en el que se habrían cometido los casos incluidos en la denuncia.

La corporación Cajar puntualizó, mediante un comunicado, que “en materia de complementariedad, la comunicación da cuenta de los obstáculos que enfrenta la JEP para avanzar en investigaciones genuinas sobre los hechos que constituyen crímenes internacionales identificados por la CPI”.

“La decisión del presidente Duque de no firmar y objetar por inconveniencia el Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP presenta una barrera importante, lo cual ha impedido a esta jurisdicción contar con un marco normativo integral para cumplir sus funciones”, recalca la nota de prensa.

Jomary Ortegón señaló que esperan que antes de terminar el año, la CPI le pida información sobre su solicitud al Gobierno colombiano, un proceso que no es público y se realiza mediante canales diplomáticos, pero que podría conocerse entre noviembre y diciembre, cuando sí hace públicas sus actividades del año, como sucedió hace un año atrás.

La vocera de Cajar calificó como “lamentable” la postura del mandatario colombiano respecto a la JEP, así como la denuncia del diario estadounidense The New York Times sobre las directrices del Ejército colombiano que podrían revivir los falsos positivos, porque a su juicio, “es en efecto perder una oportunidad” para consolidar la paz, pues de acuerdo a sus cálculos, en la actualidad unas tres mil vidas se han salvado anualmente con el acuerdo de La Habana.

Finalmente, dijo que la situación de violencia que vive el país, como el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “es evidencia de que las cosas no van bien y de que están empeorando”.