La apertura de una indagación preliminar fue anunciada ayer por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, para establecer la presunta participación de agentes de la Fuerza Pública en los asesinatos de líderes sociales, los cuales se han recrudecido en las dos últimas semanas.

Carrillo indicó que “aquí ha habido casos de cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales. Nuestro llamado es primero a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidades en la defensa de la vida y la integridad de los líderes sociales,  y en segundo lugar, a la ciudadanía a que nos ayude investigar, a que denuncie si hay funcionarios del Estado en cualquier nivel territorial y agentes de la Fuerza Pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales”.

Precisó que como ya lo advirtió la Procuraduría, la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos debe hacerse desde los territorios, con esquemas colectivos de protección y enfoque diferencial, que deben incluir a los líderes de tierras, que son  asesinados sistemáticamente en prácticas con patrones comunes relacionados con las víctimas y las condiciones que rodean sus homicidios.

“Aquí hay despojadores que están asesinando a los líderes de tierras, hablar de otra sistematicidad es difícil, pero yo les podría decir que según el informe de la Procuraduría sí hay sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras”, indicó Carrillo.

El procurador Carrillo convocó a todas las agencias del Estado a una audiencia pública el próximo lunes en Santander de Quilichao para activar un diálogo con las comunidades y tener “claro cuáles son sus necesidades de seguridad”.

Señaló que "uno no fija los esquemas de seguridad de manera unilateral desde Bogotá, hay que ir a los territorios y hablar con las organizaciones sociales".

El jefe del Ministerio Público se refirió a la necesidad de fortalecer la Unidad Nacional de Protección (UNP), revisar algunos esquemas de seguridad y su conveniencia y complementar el trabajo de las guardias indígenas con las labores de defensa del Estado.

Según la Defensoría del Pueblo entre el primero de enero de 2016 al 30 de junio de este año han sido asesinados 311 líderes sociales en todo el país. No más en las dos últimas semanas fueron ultimadas cinco personas en diferentes regiones del país, que se conocía ejercían liderazgo en sus comunidades, y dos más que corrieron la misma suerte se investiga si tienen relación con esta oleada.

El pasado lunes, Amnistía Internacional se pronunció sobre esta situación señalando que “Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos” y que “el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo”.

La situación es tan grave que obligó a que el pasado martes se reuniera la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la cual el presidente Santos anunció la creación de un sistema de recompensas por la información que permita identificar a responsables de atentados contra líderes sociales y de derechos humanos, se ampliará el programa de medidas colectivas de seguridad a 10 municipios y la puesta en marcha de un plan urgente de intervención (con fase inicial por 30 días), en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó, entre otras medidas.

Cascada de órdenes de captura

El fiscal general Néstor Martínez reveló ayer que están listas cientos de órdenes de captura contra personas que estarían involucradas en la violencia desatada contra líderes sociales y anunció que se logró un acuerdo con las diferentes autoridades del Estado con el fin de agilizar las labores para facilitar las capturas.

“Son cientos las órdenes de captura en las que necesitamos el concurso del Ejército y la Policía Nacional y vamos a triplicar esfuerzos  para  hacerlas efectivas”, dijo Martínez.

Indicó que sólo en el suroccidente del territorio nacional se tiene un reporte que supera las 140 órdenes de captura por estos hechos que están pendientes de ser ejecutadas.

“Si capturamos a toda esa criminalidad, esa amenazas que hay contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios del posconflicto, van a ceder necesariamente esas son acciones específicas, categóricas y realmente muy prácticas”, indicó el fiscal.