Representante Carrasquilla explicó que “buscamos generar una cultura de asociatividad en nuestros campesinos”

EL NUEVO SIGLO: Usted lidera un proyecto que busca que las entidades del Estado compren alimentos a productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, ¿cuáles son los aspectos clave de la iniciativa?

SILVIO CARRASQUILLA: Este es un proyecto que trabajamos con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias pensando en darle justicia a quien realmente se merece las utilidades o la ganancia en toda la cadena alimenticia del país. Hoy, entidades como el ICBF, el Inpec, la Uspec y otras entidades más del Estado cuando adjudican un contrato de $500, $1.000, $5.000 millones, quien se lo gana por comodidad lo primero que hace es buscar un mayorista. Llega donde este y le dice necesito, por ejemplo, 4.000 kilos de papa, dos toneladas de maíz. Y en su oficina le gira un cheque al proveedor, quien le compra al que tiene el hombro dislocado de la fuerza que ha hecho, al que se ha trasnochado, al que se ha desvelado, al que se ha sufrido las inclemencias del clima cultivando y él se queda con la utilidad sentado. Y eso está bien porque eso hace parte de la economía, pero con este proyecto buscamos que por lo menos un 10% de esa bolsa pública de compra de alimentos se le compre directamente al campesino. Si el contrato se lo gana, por ejemplo, Pedro Pérez por $5.000 millones, $500 tienen que ser dirigidos directamente a los campesinos, al que sembró la yuca, el maíz, la auyama, el tomate, lo que sea. Con esto tenemos un doble propósito: uno, beneficiamos al campesino porque va a tener una utilidad neta, sin intermediarios. Y dos, el dueño del contrato no va a llegar de región en región a una plaza pública preguntando quién vende yuca, quién vende maíz, no. Lo que buscamos también con esto es generar una cultura de asociatividad en nuestros campesinos para que ellos en cada región se identifiquen, se conozcan y se asocien para que les sea más fácil también a quien se ganó el contrato poderlos ubicar.

ENS: ¿Cómo va el trámite?

SC: Este proyecto fue votado en Cámara por unanimidad. Ni un solo voto en contra. Hoy está publicado en la Comisión Quinta del Senado esperando que en nuestro reinicio de labores se discuta y se vote. Luego pasaría a plenaria. Hay unos senadores a los que les ha gustado el proyecto y dicen que por qué no le subimos al 15% o al 20%. Eso ya es sujeto de la discusión. Coloqué el 10% porque es una cifra objetiva. Pero de verdad el proyecto busca premiar al productor inicial, ese campesino que es el que menos recibe en la cadena económica de los productos alimenticios en el país.

ENS: Hemos leído que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha acompañado la iniciativa…

SC: Hemos recibido acompañamiento inicialmente de Organizaciones Solidarias, que es la entidad del estado cuya razón de ser es la asociatividad, el cooperativismo, el emprendimiento. Y esta una de las políticas del gobierno del presidente Duque porque tiene afinidad con la economía naranja. También desde los inicios de la conformación del proyecto contamos con el acompañamiento de la FAO que ha estado enamorada de este porque es lo que le gusta a ellos. Inclusive este tipo de proyectos vienen siendo implementados en otros países.

Hoy, en los programas de alimentos del Bienestar Familiar, a través de decreto quedó establecido que un porcentaje se le debe comprar directamente al campesino, pero reitero por decreto. El día que cualquier director llegue y diga que eso es muy complicado, que le atrasaron la ejecución del contrato al proveedor por comprarle a los campesinos y lo puede quitar. Por eso queremos convertirlo en ley, no solo para el ICBF sino para todas las entidades del Estado. ¿Cuáles? Puede ser hasta Ecopetrol, si compra productos en bruto para las comidas, la misma Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Policía. Todo el que compre alimentos, el 10% se lo compra directamente al campesino. Esto obviamente debemos censarlo, buscamos que el gobierno le haga seguimiento y esté cada mes, cada dos meses, diciendo cuántos campesinos y cuántos miles de millones de pesos se movieron alrededor de la compra pública local.