Culpa a los grupos armados ilegales de la mayoría de los crímenes e infracciones.

__________
No salió bien librada Colombia en derechos humanos en el informe anual a nivel mundial del Departamento de Estado norteamericano publicado ayer y relativo a 2017, pues dio cuenta de homicidios extrajudiciales, tortura y detención arbitraria, abuso de mujeres y niños por parte de grupos armados ilegales, entre otros. No obstante, destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para "investigar, juzgar y castigar" a aquellos servidores públicos que cometieron violaciones a los derechos humanos, "incluidos jueces, alcaldes y otras autoridades locales".

Señala este informe que “las cuestiones más importantes de derechos humanos incluyen los homicidios extrajudiciales e ilegales; informes de tortura y detención arbitraria; corrupción; violación y abuso de mujeres y niños por parte de grupos armados ilegales;  aborto forzoso llevado a cabo por grupos armados ilegales; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. La violencia y el desplazamiento forzado de personas afrocolombianas e indígenas persistieron, al igual que el trabajo infantil ilegal y las matanzas, y otros actos de violencia contra sindicalistas”. 

Añade el Departamento de Estado en su informe que “los grupos armados ilegales, así como los narcotraficantes, fueron autores importantes de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos, y cometieron actos extrajudiciales e ilegales, homicidios políticos, extorsiones, secuestros, torturas, trata de personas, bombardeos y uso de minas terrestres, restricción de la libertad de movimiento, reclutamiento y uso de niños soldados, e intimidación a periodistas, mujeres y defensores de los derechos humanos”.

En cuanto a ejecuciones extrajudiciales indica que “hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, y las investigaciones relacionadas y los procesamientos se realizaron lentamente. 

Por ejemplo, da cuenta que el 5 de octubre de 2017, “al menos siete personas, incluidos dos miembros de los indígenas awa, fueron asesinados y otros 20 heridos en el municipio suroccidental de Tumaco (Nariño), durante una protesta contra las operaciones gubernamentales de erradicación de coca. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Algunos testigos oculares alegaron que los miembros de la fuerza antinarcóticos dispararon sus armas contra la multitud, mientras que otros alegaron que los disidentes de las Farc atacaron primero a los manifestantes y las autoridades, y que las fuerzas de seguridad actuaron en defensa propia”. 

Añade el informe que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también da cuenta de que 73 líderes sociales fueron asesinados entre enero y diciembre 20. Por ejemplo, el 7 de junio, Bernardo Cuero Bravo, destacado activista de derechos humanos y líder de la comunidad afrocolombiana, recibió un disparo y fue asesinado en su casa en Villa Esperanza (Atlántico).  Bravo trabajó como abogado para la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes).  El Presidente (Santos) abordó los ataques a los líderes sociales en el primer aniversario del Acuerdo de Paz y dijo: "Cada asesinato, cada ataque, cada amenaza nos hiere" y se compromete a "proteger a los líderes [sociales] y capturar a los responsables".

Avances

Agrega también que “los monitores no gubernamentales informaron una disminución de los asesinatos extrajudiciales y una reducción general de la violencia.  Según la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 25 de octubre hubo 9.380 homicidios y 69 ataques terroristas, en comparación con 9.850 homicidios y 138 ataques terroristas en el mismo período en 2016, una disminución que atribuyeron a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc”.

Destaca también el informe que “hubo avances en los esfuerzos para responsabilizar a los funcionarios de los homicidios extrajudiciales falsos positivos, en los que miles de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como combatientes guerrilleros entre finales de la década de 1990 y finales de la década de 2000.  

Hasta el 15 de marzo, la Oficina del Fiscal General informó 455 investigaciones abiertas, 836 casos en la fase de enjuiciamiento y 238 casos en la fase de sentencia relacionada con asesinatos falsos positivos. La Oficina del Fiscal General informó que desde 2008 hasta 2016, había llegado a condenas en 1.414 casos falsos positivos, y que los acusados alcanzaron el rango de coronel”.

Departamento de Estado norteamericano registró que en 2107 se mantuvo de forma importante en Colombia las violaciones a los derechos humanos.