Ante la demora en la designación de miembros clave en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Procuraduría General de la Nación insta al Gobierno a cumplir con el mandato judicial que ordena la completa integración de este órgano regulador en un plazo no mayor a 30 días, destacando las repercusiones negativas que esta situación conlleva para la operatividad del sector energético, especialmente en momentos en que el país enfrenta desafíos como el fenómeno de El Niño.

El llamado de la Procuraduría se fundamenta en la necesidad apremiante de asegurar la estabilidad y eficiencia del sector energético, particularmente en un contexto de desafíos climáticos y la urgencia de transitar hacia fuentes de energía más sostenibles y renovables.

Según lo expresado por el Ministerio Público, la falta de nombramientos en la Creg está generando un impacto negativo en la ejecución de estrategias para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, así como en la implementación de políticas dirigidas a promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía.

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La Procuraduría también exigió información detallada al Gobierno sobre las acciones tomadas hasta la fecha para cumplir con el mandato judicial, solicitando datos específicos como la fecha estimada de integración de la Creg, quiénes ejercen los cargos vacantes, el número de sesiones realizadas y los temas discutidos en el período afectado, así como la identificación de decisiones que pudieron verse obstaculizadas por la falta de quórum.

Asimismo, la entidad afirmo que es crucial destacar que la pronta integración de la Creg es fundamental para la implementación efectiva de políticas energéticas que promuevan la transición hacia un modelo más sostenible y resiliente, alineado con los objetivos de desarrollo y las demandas del contexto actual. El retraso en este proceso no solo obstaculiza la toma de decisiones cruciales para el sector, sino que también genera incertidumbre y riesgos para la estabilidad energética del país.

En este sentido, el Gobierno debe priorizar y agilizar el proceso de nombramiento de los integrantes faltantes en la Creg, respondiendo de manera efectiva y transparente a las exigencias planteadas por la Procuraduría y garantizando así el adecuado funcionamiento de uno de los pilares fundamentales de la regulación energética en Colombia.