LUZ CAMARGO, la fiscal general, hizo ayer claridad frente a las afirmaciones de la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, de que la Fiscalía ha ejercido presiones para que firme un principio de oportunidad aceptando su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

“En este momento nosotros estamos con Sandra Ortiz en la audiencia de imputación y en la solicitud de medida de aseguramiento. No se ha tenido acercamiento a principio de oportunidad con ella, que yo sepa. Y lo cierto es que el escenario de invitar eventualmente a alguien a sentarse a negociar no es un escenario de presión”, dijo la fiscal Camargo.

Agregó que “sería bien curioso que se le esté presionando para un principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad precisamente sucede cuando la Fiscalía renuncia al ejercicio de la acción penal. Entonces, normalmente son los investigados quienes quieren un principio de oportunidad. Nosotros queremos sentencias condenatorias, preacordadas, pero condenatorias sentencias, no principios de oportunidad”.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento la semana anterior contra la exfuncionaria, el abogado Oswaldo Medina sostuvo que Sandra Ortiz supuestamente recibió presiones de la Fiscalía para que se declarara culpable, ofreciéndole un principio de oportunidad.

“Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad, pero sin conocer sobre cuáles delitos de manera específica era que redundaba él mismo”, explicó al abogado. Aseguró que la Fiscalía le dijo a su defendida que debía “aceptarlo dentro de los tres días siguientes”, porque ya tenía listo el escrito de acusación, como finalmente sucedió.

Medina sostuvo que “tal planteamiento no solo vulneraba las garantías procesales de mi defendida, como la no autoincriminación, sino que también desbordaba el marco fáctico de los hechos. Tal situación resultaba grave y curiosa para la defensa, pues se indicó que cuando terminara su relato se haría la adecuación fáctica. Momento en el cual la agencia del Ministerio Público intervino indicando que ello no era constitucional”.

El abogado manifestó en la audiencia que “no existe evidencia sobre la supuesta participación de mi patrocinada en los supuestos hechos. La Fiscalía pretende acreditar los hechos a través de dichos”. Agregó que “no se señala que esos 3.000 millones de pesos hubieran provenido de una orden de proveeduría, es decir, que no eran dineros públicos”.

La exconsejera Sandra Ortiz es investigada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, pues según la investigación participó en el escándalo de corrupción en la Ungrd.

El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, quien junto con el exdirector Olmedo López aceptaron ante la Fiscalía que realizaron maniobras corruptas en la contratación en la entidad, aseguró que por medio de Ortiz, le hizo llegar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name; y que él (Pinilla) fue a Montería para entregarle personalmente $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de que supuestamente se aprobaran las reformas del Gobierno.