"Se han adelantado todas las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de extradición que contra el señor Mancuso Gómez y para otorgar toda la información que se ha requerido por las autoridades estadounidenses", así lo informó el Gobierno este lunes a través de un comunicado.
En ese sentido, aclaró que estas diligencias se han presentado en el marco de las competencias legales que le han sido atribuidas a los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores pues solo la Rama Judicial tiene competencia para solicitar a una persona en extradición o retirar una solicitud de la misma.
"El Gobierno Nacional ha estado atento a los requerimientos presentados por los jueces de la República en contra del señor Mancuso y dada la relevancia del caso para la administración de justicia y las víctimas, les ha dado toda la prioridad, celeridad, trámite inmediato y seguimiento constante", indicó.
Además, reiteró que contra el ex jefe paramilitar tiene vigentes tres Circulares Rojas de Interpol, por lo cuál debe responder ante la justicia colombiana tras cumplir su condena en Estados Unidos.
"En virtud de las cuales los 194 países que hacen parte del Tratado de la Organización International de Policía Criminal – INTERPOL-, están en la obligación de capturarlo en la eventualidad que recupere su libertad, como consecuencia de decisiones judiciales que pudieren llegar a producir autoridades extranjeras", manifestó la semana pasada el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Por tal razón, el Gobierno aseguró que ha pedido a Estados Unidos la extradición tras hacer un seguimiento riguroso y constante al trámite de las solicitudes presentadas, sin embargo esta en manos de ese país si aprueba o no el regreso de Mancuso a territorio colombiano.
Finalmente, puntualizó que no ha recibido ningún requerimiento judicial para que se presente solicitud de detención y extradición contra el señor Mancuso respecto al proceso que adelanta el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena contra el ex paramilitar por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.