En medio de la polémica que se generó por parte de las asociaciones de militares retirados y el mismo Centro Democrático por la solicitud hecha por la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre operaciones militares ejecutadas durante el conflicto armado, se conoció ayer que el presidente Santos ordenó que se facilite el conocimiento sobre hechos que aporten al conocimiento de la verdad y restringir lo que atente en contra la seguridad nacional.

Con ese propósito está prevista una reunión el día de mañana entre el viceministro de Defensa Nacional, Aníbal Fernández de Soto, y el padre Francisco de Roux, presidente de dicha Comisión, quien ayer aclaró que la información que acopien tendrá como único fin establecer la verdad de lo que sucedió en más de medio siglo de conflicto armado y no será usada con fines judiciales.

“El Ministerio está trabajando sobre eso, estamos haciendo una conversación interinstitucional en la que estaremos muy pendientes con el Ministerio para discernir sobre lo que pedimos, para que veamos realmente qué es lo pertinente, qué es lo importante, qué es lo que no viene al caso y por supuesto lo sacamos, de manera que lo que hagamos pueda ser realmente muy constructivo”, explicó de Roux.

No obstante el sacerdote admitió que se produjo un error al filtrarse una carta en que la Comisión oficia al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre operaciones militares ejecutadas desde 1953. Este hecho hizo que algunos pusieran en duda la capacidad que tendrá para mantener a buen recaudo datos que comprometen uniformados y la misma seguridad nacional.

Por ello advirtió que están “en la urgencia de establecer contenedores de esa información reservada para que se preserve de manera reservada, es lo que estamos conversando con el Ministerio y con las otras instituciones que tienen información reservada. Así como otra información será pública y esperamos que quede públicamente para el país”.

El sacerdote explicó que “efectivamente le escribimos una carta al Ministro de Defensa solicitando no solamente información histórica, pidiendo copia de documentos históricos, sino posibilidad de llegar a lugares donde el Ejército tiene información que es de inteligencia y de contrainteligencia, y también solicitando autorización para unas entrevistas”.

Aclaró que la información que reciban será manejada únicamente por la Comisión de la Verdad, “parte del trabajo es garantizar unos contenedores con unos protocolos muy serios. Nada de la información que manejemos que puede implicar personas puede ser trasladado hacia la JEP, que es la justicia especial para la paz, que es la que dicta sentencias y lleva procesos judiciales. Parte de la complejidad del Sistema es justamente garantizar una separación muy rigurosa entre la verdad jurídica y la verdad histórica”.

De Roux explicó que la información que reciban, no solo de las Fuerzas Militares sino también de la Fiscalía, la Procuraduría, el Centro de Memoria Histórica, servirá para “extraer de allí lo que nos permite hacer una comprensión  histórica y humana de lo que nos pasó en el conflicto para poder ganar un relato muy comprensivo de lo que nos pasó como colombianos en la totalidad del conflicto. Pedimos no documentos sino que se nos permita ir y visitar los archivos en casos de asuntos reservados, sobre todo en el caso del Ejército de inteligencia y contrainteligencia, y solicitamos licencias para entrevistarnos con funcionarios”.

Malestar

En una carta enviada por Acore (Asociación Colombiana  de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) al Ministerio de Defensa se señaló que algunos de los integrantes de la Comisión “no ofrecen ninguna garantía de imparcialidad en razón a sus vínculos directos o indirectos con organizaciones, que tradicionalmente han fungido como detractoras permanentes de militares y policías comprometidos en la seguridad, defensa nacional y vigencia de la institucionalidad democrática que rige en el país”.

Añadió “consideramos pertinente”, añadieron, “si es del caso, dar respuesta a esta supuesta solicitud en forma concreta y categórica, solamente en aquello que esté debidamente fundamentado en justas, precisas y especificas reclamaciones de víctimas o supuestas víctimas resultantes de la actuación de los miembros de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión constitucional, negando el acceso a los archivos que contengan información clasificada en concordancia con la normatividad vigente, partiendo del principio que este tipo de información, bajo ninguna circunstancia, contiene hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y/o crímenes de lesa humanidad”.

En tanto que el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, dijo que “creo que ese tipo de información debe mantenerse en la reserva. Una apertura indiscriminada de toda la inteligencia del Estado no tiene ningún sentido”.

Mientras que el excandidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, dijo que “la información reservada de las Fuerzas Militares es un tema de seguridad nacional. Un mal precedente que sea la Comisión de la Verdad la que promueva esta acción sin ningún tipo de protocolo”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos, dijo que “entregar información clasificada del Estado a sectores ideologizados lo único que pretende es crear una narrativa con fines eminentemente politiqueros que busca desprestigiar las instituciones”.

A su turno, Luis Emil Sanabria Durán, director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), dijo a EL NUEVO SIGLO que “en este marco de la justicia transicional todas las instancias de la sociedad, del Estado y de gobierno deben aportar a la construcción de la verdad, y si esos implica también tener acceso a documentos clasificados pues habrá que hacerlo. Por supuesto algunos de ellos considero que la ética de los comisionados es lo suficientemente probada para que no sean utilizados en contra del Estado mismo, sino fundamentalmente para su fortalecimiento  y para evitar que el Estado colombiano siga siendo señalado como violador de derechos humanos”.   

La Comisión

La Comisión de la Verdad es un órgano temporal, de carácter extrajudicial que se ha creado históricamente en procesos de transición en otros países, que en el caso colombiano surge producto del acuerdo de paz.

No es un mecanismo para administrar justicia sino según el mandato que tiene para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Tiene que esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto.

Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las Farc, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.