LA PROPUESTA que hizo el presidente Gustavo Petro sobre pagar una mensualidad a miembros de bandas criminales para que dejen de matar y abandonen el camino de la violencia fue criticada por el fiscal general, Francisco Barbosa. El titular del ente acusador considera que el problema de inseguridad no se resuelve financiando a los integrantes de grupos criminales, sino protegiendo y ofreciendo oportunidades a los ciudadanos de bien.

“Esto se va a resolver cuando entendamos que hay millones de colombianos que también requieren oportunidades, que nunca han cometido un delito y quieren que el Estado también les de la mano para sacarlos adelante y para que empujemos un país en el marco de principios y en el marco de valores constitucionales”, manifestó en medio del ‘Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva’.

El cuestionamiento de Barbosa se conoció luego del anuncio del primer mandatario nacional de usar subsidios de hasta 1 millón de pesos para evitar que jóvenes sigan delinquiendo.

“Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, indicó el gobernante colombiano desde Buenaventura en aquella oportunidad, considerando que esta iniciativa se encuentra enmarcada en su política de ‘paz total’.

A su vez, destacó que “ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad”.

Sin embargo, Barbosa en relación con lo mencionado por el mandatario, enfatizó que es “persiguiendo y afectando los recursos ilícitos” de las bandas criminales en el país como se logrará contener el crimen.

“La criminalidad gana si se dispersan las competencias, si se vuelven difusas las responsabilidades institucionales (…) esa lucha contra la criminalidad es una lucha que se tiene que hacer bajo el criterio del imperio de la ley, de la investigación eficaz y de la judicialización”, manifestó.

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Fuentes de financiamiento

Durante su intervención, el fiscal hizo referencia a las múltiples fuentes de financiación que existe en torno al narcotráfico, las cuales “van mucho más allá del lavado de activos”, razón por lo que propone atacar de manera integral y eficaz.

“Pueden venir también fuentes como, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, enriquecimiento ilícito, el secuestro, extorsión, los delitos contra la administración pública, la corrupción”, mencionó el ente acusador durante el congreso.

Como propuesta para acabar con las rentas ilícitas de las organizaciones criminales en Colombia, habló de la necesidad de regular las zonas francas.

“Es importante que las 104 zonas francas puedan ser reguladas, pero al mismo tiempo que tengan una protección desde el punto de vista de la vulnerabilidad frente a la criminalidad que tienen. Lo que estamos viviendo en diferentes lugares del territorio nacional es dramático, lo que ocurre en Buenaventura básicamente es una odisea desde el punto de vista de la ausencia de seguridad”, puntualizó.

Iniciativas de paz

En torno a las iniciativas de paz impulsadas desde el Gobierno, el fiscal general reafirmó su apoyo al proyecto, siempre que estén apegadas a los preceptos legales y constitucionales.

“No hay que confundir nunca la idea del partidismo con la paz porque es importante entender que a la paz solamente se llega con el Estado de Derecho, con la seguridad y con el orden público garantizado en el territorio nacional”, argumentó.

Pero también hizo referencia a los recursos que han sido otorgados al Fondo de Víctimas en Justicia Transicional, la cual está enmarcada en la Ley de Justicia y Paz. Para la iniciativa, se han puesto a disposición un aproximado de 854.000 millones de pesos en bienes.

“Entre 2006 y 2019, se habían entregado 509.000 millones. En esta administración hemos entregado 854.000 millones (…) superamos lo que se había hecho en 14 años en Colombia, en 300.000 millones de pesos”, indicó Barbosa.

En medio del congreso, del mismo modo, habló sobre otros delitos que han causado graves daños al país como el lavado de activos. Al respecto, también informó que han logrado la judicialización de “433 integrantes de 132 redes involucradas en criminalidad aduanera y tributaria, que habrían participado en operaciones que superan los 2.9 billones de pesos”.