¿Se pueden maquillar las cifras para que mejore la percepción? ¿Cómo hacer para que los logros de las autoridades impacten el optimismo ciudadano? Y en todo caso, ¿es un dilema producir resultados frente a que la gente se sienta confiada?
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“Ya es un lugar común afirmar que la seguridad ciudadana es la principal preocupación de la ciudadanía, así los resultados estadísticos resulten favorables, como en el caso de Bogotá, y está fuertemente afectada por la percepción de seguridad, la cual involucra diversos factores que no necesariamente tienen que ver con el crimen”.
Este párrafo introductorio pudo ser escrito por cualquier redactor y suscrito en los últimos años por casi toda la ciudadanía de las principales ciudades del país.
Pero es tomada textualmente de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) fechado en mayo del año pasado.
En ese documento, la FIP precisó que “hay seis puntos pendientes a nivel nacional que merecen especial tratamiento y que pueden ser obstáculos para alcanzar mejoras más contundentes, frente a los desafíos de la implementación de los Acuerdos de Paz y el riesgo de que los delitos aumenten en esta etapa”.
Los seis puntos de la FIP son:
-La invisibilidad del fenómeno de extorsión.
-Prevención y control de los delitos contra el patrimonio.
-Promoción de la transparencia.
-Incentivos para la denuncia y la reducción de la impunidad.
-El efecto mediático en la percepción de seguridad.
-Claridad en el fortalecimiento de la metodología del Modelo de Cuadrantes.
Pueden ser menos, pueden ser más, pueden ser otros, pero lo que sí es claro es que, tal como lo planteó EL NUEVO SIGLO días atrás, la seguridad ciudadana es un aspecto central para convertir la paz en una realidad concreta.
Es una tarea urgente hacer que la paz se traduzca en una percepción de seguridad, pero sobre bases reales, no sobre elucubraciones metafísicas.
Percepción de inseguridad
El asunto es que como en la seguridad no solo juegan los hechos, sino también la percepción que ellos generan, los gobernantes y los encargados de ejecutar sus políticas no suelen lograr que ambas cosas converjan.
En este, como en otros temas, el discurso político suele estar lleno de ponderación de las acciones propias y minimización de las ajenas, especialmente si se trata de un adversario político. Así, a veces es difícil establecer qué es realidad y qué mentira, o si se trata de verdades a medias. ¿Se pueden maquillar las cifras para que mejore la percepción? ¿Cómo hacer para que los logros de las autoridades impacten el optimismo ciudadano? Y en todo caso, ¿es un dilema producir resultados frente a que la gente se sienta confiada?
Por lo pronto, aunque alguien podría aspirar a que el público vea ‘medio lleno’ el ‘vaso de la seguridad’, la evidencia muestra que se ve ‘medio lleno’.
En septiembre, la Cámara de Comercio reveló que en su Encuesta de Percepción y Victimización la percepción de inseguridad aumentó 9 puntos, al pasar del 41 por ciento en 2016 al 50 por ciento.
De acuerdo con el sondeo, el hurto a personas sigue siendo el que más padecen los bogotanos, teniendo en cuenta que el 77 por ciento de los encuestados declaró haber sido víctima de este delito durante los primeros seis meses del año, seguido de las lesiones personales (7 por ciento), el robo a residencias (6 por ciento) y el hurto de su vehículo (4 por ciento). La Cámara de Comercio reporta también que el 39 por ciento de los delitos se registró en calles o avenidas de la ciudad, 29 por ciento en el transporte público y 20 por ciento en establecimientos comerciales.
Sobre las modalidades de hurto, la Encuesta reveló que el 41 por ciento corresponde al raponazo; el 20 por ciento ocurre sin que la víctima se dé cuenta; el 15 por ciento en el transporte público; y el 7 por ciento a través del denominado fleteo. Los celulares (40 por ciento), los objetos personales –como joyas, bolsos o billeteras– (26 por ciento) y el dinero (21 por ciento) siguen siendo los bienes más hurtados.
El 50 por ciento de los encuestados percibió que la inseguridad en el transporte público ha aumentado, frente a un 43 por ciento que aseguró que sigue igual y un 7 por ciento que dijo que ha mejorado. Transmilenio se posicionó también como el escenario más inseguro, dado que los encuestados atribuyeron a la operación del sistema (congestión, baja frecuencia y restricción de horarios) la principal razón para sentirse vulnerable, con un 51 por ciento.
El caso de Bogotá
En abril, el profesor Juan Carlos Ruiz, de la Universidad del Rosario, analizó en el periódico Nova Et Vetera, el comportamiento del tema en un cuarto de siglo que llevan los bogotanos eligiendo su alcalde y de declaró sorprendido de que en ese tiempo “no se haya avanzado significativamente en la materia”.
Para Ruiz, “Bogotá tiene las mismas debilidades en seguridad que las que tiene en movilidad. Su retraso es muy similar y las soluciones implementadas no pasan de ser remedios tímidos para una problemática compleja”.
Para el caso de la seguridad, la capital carece, planteó Ruiz, de “una institucionalidad que gestione la seguridad, un gran centro de gestión de la seguridad ni una política en la materia que aglutine a los actores públicos y sociales alrededor de programas claros en un horizonte de varias décadas”.
Para afrontar los retos capitalinos, refirió Ruiz, “han existido programas efímeros y no una verdadera política pública en seguridad que sea la bitácora de las administraciones sin distingo de posiciones ideológicas o partidistas que logre mantenerse en el tiempo como una acuerdo sobre las necesidades de toda la ciudad”.
Un factor clave para Ruiz es que “no ha habido un convencimiento de que las políticas sociales sean fundamentales para la seguridad. Éstas solo dan réditos después de varios años y, por ello, los alcaldes prefieren medidas reactivas que muestran buena voluntad por atacar el problema en muy corto tiempo. Sin embargo, las políticas de segunda oportunidad para la primera infancia y los jóvenes son fundamentales si se quiere atacar la criminalidad para el largo plazo”.
Más pie de fuerza
Sin embargo, una convergencia entre hechos y percepción no parece estar cercana.
Hace ocho días, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, asistieron al Consejo de Seguridad presidido por el presidente Juan Manuel Santos, donde se anunció un incremento de policías para la capital.
El presidente Santos señaló que se van a redoblar los esfuerzos para no solo capturar a los delincuentes, sino lograr la desarticulación de las bandas criminales que están detrás de delitos como el hurto a personas y viviendas en Bogotá.
“Hemos decidido reforzar esa parte aquí en Bogotá. De inmediato le pedí a la Policía que trasladara 100 nuevos investigadores para la Policía Judicial y 50 unidades de inteligencia. Y 50 unidades más en marzo, que estarían comenzando a entrenar ya”, informó Santos.
Así mismo señaló que en febrero llegarán 500 nuevos policías para Bogotá, respondiendo a la solicitud de la Alcaldía de aumentar el pie de fuerza en la ciudad.
Al término de la reunión también se anunció que la Fiscalía General de la Nación va a crear un bloque especial dedicado exclusivamente a desarticular las bandas dedicadas a los hurtos de personas y viviendas.
Cúcuta y Cali
Y si en Bogotá ‘llueve’, en el resto del país ‘no escampa’. Los apabullantes hechos delictivos no ayudan a levantar la percepción de inseguridad.
El Forensis es un informe que prepara cada año el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, como una “herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia”.
Esta semana se filtraron algunos datos preliminares, según los cuales la ciudad con mayores niveles de muertes violentas fue Cali, con 1.228 casos, cifra que preocupa pero que es menor si se compara con las 1.989 muertes violentas de 2013.
Cali tuvo en 2017 un promedio de 51,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el registro más alto del país. Esta situación, según autoridades, obedece básicamente a la influencia del narcotráfico.
Entre tanto, la crisis venezolana figura como la principal responsable de una oleada de homicidios en Cúcuta, ciudad que también es afectada por la influencia de los grupos armados que operan en Norte de Santander. Cúcuta tuvo 242 homicidios y el promedio fue de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, el segundo del país.
Estrategia contra el homicidio
Desafortunadamente, los esfuerzos por revertir los hechos suelen ser percibidos como un simple ejercicio discursivo y no como una solución efectiva que contribuya a una sensación de seguridad.
Y no es que los operadores judiciales y policiales no se esfuercen. Por ejemplo, con el objetivo de superar la desarticulación y los retrasos en algunas investigaciones de homicidios, principalmente en las ciudades, el fiscal general Néstor Humberto Martínez presentó el lunes un nuevo modelo que aumentará el porcentaje de esclarecimiento de estos crímenes.
Esta iniciativa es el resultado de un plan piloto que se puso en marcha en 2016, en Bogotá, que tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y fue sometido a una evaluación de impacto con el apoyo técnico del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Open Society Foundations.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, el nuevo modelo plantea tres cambios principales:
1-Los casos estarán a cargo de un mismo fiscal desde los actos urgentes hasta la presentación del escrito de acusación, lo que implica que no serán conocidos por los fiscales de las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
2-Habrá equipos investigativos compuestos por un fiscal líder, y los investigadores y técnicos forenses necesarios, que actuarán de manera articulada y unificada.
3-Cada equipo investigativo será responsable desde los actos urgentes hasta la presentación del escrito de acusación.
Voceros de la Fiscalía sostuvieron que los cambios garantizarán continuidad y estabilidad en la investigación de los casos. Un solo fiscal conocerá de inicio a fin el desarrollo de los procesos y no habrá cambios o intervenciones de múltiples funcionarios en las distintas etapas del proceso. Así, se evitarán retrasos como las reasignaciones de las Unidades de Reacción Inmediata a las Unidades de Vida.
El modelo representará mayor eficiencia en la fase de indagación e investigación, y arrojará mejores resultados sobre órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas.
Plan nacional
Y para reforzar la confianza de que ese modelo puede tener éxito, la Fiscalía sostuvo que “una minuciosa labor” coordinada con la Policía Nacional permitió el año pasado obtener “logros destacados” en la lucha contra tres de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y concentran el mayor número de denuncias: el homicidio, el hurto y el cibercrimen.
Según el informe de la Fiscalía, se esclareció la autoría de una cuarta parte de los homicidios, pasando de 12 por ciento a 25,5 por ciento de respuesta eficaz.
Tras efectuar un análisis en el primer semestre del año, la Fiscalía y la Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), establecieron una estrategia para reducir al máximo los índices de homicidio en el país, concentrada inicialmente en 21 de los municipios más afectados por este delito, entre ellos 10 ciudades capitales, en 17 departamentos: Antioquia, Arauca, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba, Atlántico, Putumayo, Huila, Chocó, San Andrés, Nariño, Guaviare, Sucre, Cundinamarca y Casanare, donde se registró un aumento de los homicidios de 28 por ciento.
La primera fase de la intervención se cumplió entre el 10 de agosto y el 13 de diciembre. Durante los primeros días de este periodo fueron identificados 2.127 casos que no estaban resueltos y correspondían a crímenes ocurridos durante los primeros meses de 2016.
Para avanzar en las investigaciones y dar pronta respuesta, fueron conformados grupos interinstitucionales por cada una de las poblaciones, lo que ha permitido hasta la fecha el esclarecimiento de 372 de los episodios. Asimismo, se estableció alguna relación entre 273 de los homicidios y se identificaron 1.261 que requerían una reformulación de las líneas investigativas con el fin de evitar la impunidad.
Producto de esta focalización en los 21 municipios 413 personas fueron capturadas, 66 estructuras delictivas desarticuladas y se adelantaron 216 diligencias de allanamiento.
Por otra parte, teniendo en cuenta solo los homicidios ocurridos en el periodo reseñado, se reportó una reducción del 15 por ciento, al pasar de 498 casos el año pasado a 421 en el mismo lapso del 2017, es decir, 77 asesinatos menos. Estos últimos 421 crímenes representaron el 10,3 por ciento de los hechos ocurridos en todo el país en el mismo corte.
Al comparar los resultados de las 18 semanas de aplicación de la estrategia con las 18 semanas inmediatamente anteriores, la reducción fue 27,8 por ciento de los homicidios.
Desde el 14 de diciembre se inició la segunda fase de la intervención que sumó 20 municipios más a los 21 que fueron focalizados en los últimos cinco meses, para un total de 41.
Cibercrimen
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, el mundo virtual se ha convertido en uno de los escenarios más utilizados por los delincuentes. Las denuncias por casos de cibercrimen registraban en diciembre un incremento del 28,36 por ciento respecto del año anterior, con casi 8.000 reportes en 2017, se trata del delito con mayor tasa de crecimiento en Colombia al cierre del año 2017.
Sin embargo, el trabajo entre distintas instituciones, liderado por la Policía y la Fiscalía ha permitido victorias contundentes para golpear este fenómeno.
Hurto rural en Cundinamarca
En desarrollo de los trabajos interinstitucionales también se escogió la lucha contra el hurto en Cundinamarca, como parte de una primera fase que luego se extenderá a otras zonas del país.
Las labores investigativas priorizaron acciones en los 23 municipios de este departamento más impactados por este delito en sus distintas manifestaciones.
Dentro de los resultados logrados en 2017 en estas poblaciones, comparados con 2016, sobresale una reducción del 27 por ciento en el hurto de personas, del 25 por ciento en el hurto de automotores, del 20 por ciento en el hurto de cabezas de ganado (abigeato) y del 45 por ciento en la piratería terrestre.