No solo la Comisión del Gasto y los centros de análisis económico, sino también la Contraloría, han puesto el dedo en la llaga. Las ayudas del Estado a la población más vulnerable son una vena rota y están mal enfocados.

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Uno de los temas que llamó la atención del informe que la Comisión del Gasto presentó la semana pasa es el que tiene que ver con los subsidios, considerados como una vena rota en los recursos de la Nación hacia los sectores que socialmente los requiere.
Según el reporte entregado por los expertos, el gasto anual asociado con subsidios a hogares y personas (diferentes de salud, educación y pensiones) se estima en alrededor de 1,6% del PIB y a productores y empresas en 0,8% del PIB.

Focalización

Existe un consenso pleno en la necesidad de tener una mejor focalización de los subsidios en general, ya que hoy la mayoría de ellos se asignan de acuerdo con el estrato de la población, y ese clasificador parece haber perdido relevancia con el paso del tiempo.

Según la Contraloría General de la República, los raciocinios apuntan a que el elemento que defina la condición de beneficiario o no de los subsidios sea el patrimonio que se muestre en la declaración de renta, que para estos propósitos debería existir como un indicador universal para toda la población.

El segundo elemento que genera acuerdo es la necesidad de mejorar la asignación del gasto que se dedica a la satisfacción de los bienes sociales básicos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) y en general, de todo el gasto que se ejecuta territorialmente.

Para esto último, las propuestas apuntan a una mayor y mejor coordinación de los distintos niveles de Gobierno, con miras a que lo importante a la hora de presupuestar, ejecutar y evaluar el gasto sean los resultado de él en el bienestar de la población y no la reglamentación detallada de los usos que se pueden dar a las distintas fuentes de recursos con que cuentan los territorios para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

Idea que también apunta al logro de mejoras en la eficiencia y progresividad en las erogaciones del Estado.

¿Y el Sisbén?

Para ANIF, en Colombia, se supone que el instrumento de focalización social viene dado por el Sisbén. Como es bien sabido, el problema es que éste ha sido politizado, donde “el agente” ha tenido objetivos políticos diferentes a los de “el principal”, el cual debería estar liderando la aplicación óptima de estos recursos.

La población apta para recibir la mayoría de los subsidios públicos de acuerdo con el puntaje del Sisbén llega al 63,5% del total de los colombianos.

Dicha cifra supera notoriamente las medidas alternativas de estratificación socioeconómica (donde la población de los estratos 1-2 llega al 49% de los colombianos); también supera con creces los criterios de pobreza monetaria (28%) o multidimensional (17.8%). 

Mal diseño 

Los costos de subsidios en educación, salud y pensiones llegan a $57 billones, según los cálculos que maneja Fedesarrollo.

De esta manera, y a grandes rasgos, un proyecto de ley que cursa en el Congreso, podría actuar sobre los $15 billones restantes, cifra que por supuesto no es despreciable pero sí más realista.

Desde el punto de vista de un proyecto de ley genérico sobre subsidios, es sobre esos $15 billones, algo menos de 2% del PIB, donde debe enfocarse la discusión.

Entre los problemas asociados con los subsidios en Colombia, se destaca que su diseño no siempre responde a los criterios que deberían primar en la asignación de subsidios, a saber: que generen una externalidad positiva o mejoren la distribución del ingreso, que sean focalizados en los beneficiarios para quienes han sido diseñados, que sean flexibles en su asignación y gestión, de manera que puedan ser desmontados o racionalizados en la medida en que cumplan su función o se agoten los recursos fiscales con los cuales se financian.

Desafortunadamente, sostiene Fedesarrollo, como bien destaca la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno, estos criterios no siempre se cumplen de manera satisfactoria. Desde el punto de vista de su impacto sobre la distribución del ingreso, además, la progresividad es moderada.

No menos llamativo es el caso de los subsidios a la vivienda, que benefician en mayor grado a los quintiles medios que a los quintiles de menores ingresos.

A lo anterior hay que sumar que los subsidios en Colombia tienen por lo general un carácter permanente, y existe una baja flexibilidad jurídica para marchitarlos o reformarlos.

Posición del Gobierno 

El director del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Luis Fernando Mejía, destacó la importancia del proyecto de ley que espera su debate para ser votado en el Senado y que cambiaría las reglas con las que se aprueban los subsidios en el país y señaló que “tiene una visión muy interesante de organizar la forma en la que se entregan los subsidios”.

El director del DNP dijo que la política social y productiva del Estado colombiano tiene, como una de sus herramientas más importantes, el uso de los subsidios. 

Estos cumplen propósitos indispensables para la sociedad: desde dar educación a los niños de las familias más pobres y asegurar el acceso universal a la salud, hasta impulsar la innovación en los procesos productivos, por mencionar unos pocos.

Así pues, el qué y el cómo de los subsidios es de relevancia para la sociedad. Sus efectos sobre la economía, la distribución de ingreso y el medio ambiente, para bien o para mal, pueden ser profundos y permanentes.

Más aún, dada la reciente reducción de los recursos públicos y productivos es importante. A 2015, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gasto anual en subsidios sociales fue de $71,8 billones (9,0% del PIB), lo que equivale al 43,2% del presupuesto general de la nación de la vigencia sin incluir deuda ($167,3 billones), o a 1,6 veces el presupuesto de inversión de la vigencia.

Por su parte, los productivos representaron en 2014, último año para el que hay información completa, $1,2 billones (0,2% del PIB).

Que el gasto en subsidios sea significativo no constituye en sí mismo algo negativo. Sin embargo, sí implica que es fundamental asegurar que éste se estructure de la manera más equitativa, transparente y eficiente posible.