Teniendo en cuenta que no ha sido discutido el proyecto de ley de jubileo que fue radicado hace cerca de tres meses en el Congreso a raíz de la visita del papa Francisco a Colombia, al menos 10 organizaciones sociales buscarán entregarle antes de que emprenda su regreso a Roma el próximo domingo, una carta que cuenta con la firma de 10 mil internos de diferentes centros de reclusión del país.
La idea que tienen estas ONG es que el Sumo Pontífice interceda para que las condenas de ellos y los colombianos recluidos en otros países sean rebajadas hasta en 40 por ciento.
El director de la corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, Orlando Lacombe, explicó que las firmas serán entregadas al nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, junto con una carta para que él ponga en conocimiento del tema al Sumo Pontífice.
Por su parte, el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, explicó que cuando vino a Colombia el papa Pablo Sexto, le pidió directamente al presidente Carlos Lleras Restrepo que rebajara las penas de los presos.
La iniciativa
En junio pasado fueron radicados en el Parlamento cuatro proyectos de ley, uno del Gobierno y los otros de origen parlamentario, para rebaja de penas después de oficializarse que el papa Francisco visitaría a Colombia. Se calcula que la medida podría significar la excarcelación de cerca de 40 mil internos.
Las iniciativas fueron acumuladas en un solo proyecto teniendo en cuenta que versan sobre la misma materia.
Sobre el particular, el fiscal Néstor Martínez indicó en una comunicación que hizo llegar por esos días al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que estos proyectos "se inspiran en meras razones de benevolencia coyuntural sin considerar su impacto en la política criminal del Estado". Agregó que "buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria, sin reparar en sus consecuencias”.
El Gobierno había presentado una iniciativa que dijo atendía una política criminal clara, con fundamento en razones humanitarias y que igualmente en apuntalamiento a personas que han sido condenadas, se buscaba un empalme o una reducción hasta de una quinta parte.
Otro de los proyectos fue presentado por el Partido de La U. En su momento el senador Roy Barreras manifestó que “en el proyecto que proponemos establecemos una rebaja de una sexta parte de la pena, y el Gobierno propone una quinta parte de la pena, y la otra diferencia es que se propone que se cobije a los imputados, es decir a aquellos que aún no están condenados, que corresponden a casi 40 mil personas de los 120 mil presos”.
A su vez, el Centro Democrático había radicado un proyecto de ley que pretendía la excarcelación de presos que hubieran cumplido la tercera parte de la pena. En un comunicado el Partido dijo que “con motivo de la visita de Jorge Bergoglio a Colombia, y ante el abuso del Gobierno Santos y las Farc de otorgar impunidad a los responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, la bancada del Centro Democrático presentará un proyecto de ‘ley de jubileo’”, “para otorgar una rebaja de penas que beneficie a los miles de colombianos condenados y privados de la libertad, por delitos menos graves que los cometidos por el grupo narcoterrorista Farc”.
El proyecto de ley pendiente de discusión establece que concédase una rebaja de la sexta parte de la pena privativa de la libertad impuesta a las personas condenadas o procesadas, por delitos cometidos antes del 6 de septiembre de 2017.
De igual manera otorga el beneficio de libertad provisional con la imposición de otras medidas de aseguramiento a las personas que estén siendo procesadas por delitos cometidos antes del 6 de septiembre de 2017.
Este beneficio no cobijará a las personas que estén siendo procesadas por los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la vida; delitos contra la libertad; delitos contra la libertad y formación sexuales; delitos de lesa humanidad; narcotráfico; así como delitos cometidos contra menores de edad.