Personas desconocidas amenazaron de muerto a través un panfleto a la madre de uno de los jóvenes asesinados en el barrio Llano Verde en el oriente de Cali. Así lo comunicó Jhonatan Velásquez, uno de los abogados de los familiares.
Según informó el penalista, la mujer encontró la misiva al salir de su casa en la cual recibió intimidaciones si no dejaba el caso de su hijo quieto. "Habían como unos dibujos, así como una boca cerrada y una amenaza en su contra”, indicó.
Asimismo, indicó que una vez recibida esta amenaza fue comunicada a la Policía y la Fiscalía, para que sea sumada a las investigaciones que se adelantan por esta masacre que se registró el pasado 11 de agosto cuando los cinco menores de edad se encontraban en el cañaduzal donde fueron encontrados sus cuerpos.
“Llamamos al mayor León, quien es el que está encargado de todo el tema de la seguridad de estas comunas y él de forma inmediata nos prestó el acompañamiento con Sijin y con el comandante del CAI. Ya hicimos todas las denuncias respectivas con la Policía y de manera virtualmente se radicó la denuncia en Fiscalía”, dijo Velásquez.
Finalmente, el abogado aseguró que las familias de estos jóvenes tomaron la decisión de no volver a pronunciarse más sobre el caso y dejar todo en manos de las autoridades competentes. En ese sentido, aseguró que ellos dejaron a sus defensores como sus representantes ante los organismos judiciales.
"La verdad en este nuevo estado de cosas, en especial las madres están cansadas y asustadas pues fuera de que perdieron a sus hijos en este momento están temiendo por su propia vida”, enfatizó.
Cabe recordar que por este hecho violento han sido capturados Juan Carlos Loaiza Ocampo y Yefferson Marcial Ángulo Quiñonez, quienes fueron enviados a la cárcel, mientras que el tercer implicado identificado como Gabriel Alejandro Bejarano, se encuentra prófugo de la justicia.
Bejarano tenía una sentencia condenatoria por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas y actualmente estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen un recompensa de $50 millones.