El usufructo de rentas ilegales del narcotráfico así como de la minería ilegal sería la principal razón para la violencia que hoy se vive en los territorios generada por los grupos armados delincuenciales, siendo el principal afectado por esta situación la población civil
Algunas masacres, ataques a la Fuerza Pública, asesinatos contra líderes sociales y el crecimiento de la extorsión en zonas rurales configuran el difícil momento que vive la seguridad en el país.
Desde varios sectores se levantan dedos acusadores contra el Gobierno que lo responsabilizan de no poder controlar lo que está pasando, sin embargo la administración Duque señala que no es una situación nueva y que el narcotráfico es el principal caldo de cultivo para la criminalidad. Por ello su persistencia en combatirlo.
Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que la situación que se presenta es el resultado de una conjunción de elementos de criminalidad que han venido echando raíces desde hace tiempo, especialmente en las zonas rurales. Igualmente algunos de ellos consideran que el actual Gobierno debe hacer algunos ajustes en los enfoques en materia de seguridad.
El general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, excomandante del Ejército, dijo que la actual situación “es un legado de malas decisiones que se tomaron al final del Gobierno anterior en términos de permitir que el narcotráfico creciera, de no ocupar los espacios que dejaron los desmovilizados de las Farc y el incremento notorio de presencia de otros grupos, hoy llamados grupos armados organizados”.
No obstante, Lasprilla dijo que no se puede “desconocer el gran sacrificio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que vienen haciendo un trabajo desde hace muchísimos años, pero sí hay unos dinamizadores de la violencia y esas expresiones de criminalidad se reflejan en lo que hoy está sucediendo en el país”.
El excomandante del Ejército señaló que también ha influido en contra de la seguridad, especialmente en la frontera, el apoyo que le brindan en Venezuela al Eln y las disidencias, dándoles no solo cobijo en su territorio sino apoyo “económico y político”.
Agregó que “mientras no haya un control territorial efectivo, un control militar de área, es muy difícil dar ese paso del control estatal, es decir, de la presencia estatal, de los planes de desarrollo”.
Consideró que “el estudio está bien hecho, el diagnóstico está bien hecho, pero creo que en una estrategia integral los objetivos que persigue el Estado, las estrategias, deben estar armonizados con las capacidades, con las herramientas. Creo que ahí es donde han venido fallando el Estado y los gobiernos a lo largo de la historia”.
Lasprilla consideró también que no hay un factor delincuencial que se pueda decir es el más peligroso hoy en Colombia, “creo que hay una convergencia de estas organizaciones alrededor de las rentas ilícitas, es decir del narcotráfico y la minería ilegal”.
¿Cambio de enfoque?
Por su parte Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), considera que el difícil momento de la seguridad en el país “es un coletazo de un ciclo largo de violencia que está en su fase final, pero que hay muchos factores que tratan de volverlo a reanimar: la violencia de grupos armados, los negocios de política con armas. Estamos en una nueva fase, no es el inicio de una nueva guerra, es el final de un ciclo de guerras atroces”.
González piensa también que la racha de masacres en las últimas semanas se explicaría por “una recomposición de grupos armados que prestan servicios de seguridad a mafias, para poderes políticos, que están disputando territorios y se chocan con el control comunitario en medio de la pandemia y el control territorial de la gente que se ha empoderado”.
El Director de Indepaz observa que es necesario que el Gobierno nacional replantee su estrategia de seguridad, “creo que sería enfocar más la estrategia con una alianza con las poblaciones, con las comunidades, que a una guerra con los grupos. Son caras de un mismo cubo, pero la principal es la seguridad humana. Hoy el Gobierno tiene una estrategia para una guerra nueva y no para una paz nueva”.
Añadió que las dos problemáticas en las zonas más críticas son narcotráfico y las disputas por oro y tierras. “Son la coyuntura de una situación estructural no resuelta de décadas de violencia”, apuntilló.
Seguridad urbana saca la cara
El director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto), Jorge Restrepo, indicó sobre el momento en la seguridad del país que “en el corto plazo hay como una especie de puesta al día de los criminales, que detuvieron muchas de sus acciones violentas y del crimen o las redujeron durante la cuarentena”, porque durante este encierro de la población “era mucho más fácil detectar para la Fuerza Pública las actividades criminales”.
Añadió “creo que ese es un primer efecto”, que además tiene impacto en la percepción de seguridad que disminuye “muy poco cuando baja la criminalidad y sube mucho cuando sube la criminalidad. También creo que hay un efecto magnificado de la percepción de la inseguridad”.
En tanto Restrepo destacó que a nivel urbano la seguridad “ha mejorado recientemente de manera sustancial”.
Agregó que de acuerdo con los indicadores del Ministerio de Defensa, excepto en Bogotá y algunas zonas rurales, ha disminuido el homicidio. También han decrecido de forma importante la extorsión, hurto a comercio, hurto a vehículos. “Todas las formas de hurto han mejorado”, dijo.
Añadió el académico que “el único deterioro que es generalizado es lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, que obviamente eso está asociado también al confinamiento. Y de la mano de eso hay también en algunas ciudades un deterioro de la violencia sexual”.
El experto consideró que antes de individualizar a un actor armado ilegal como el mayor peligro para la seguridad del país, hay que señalar “en general la criminalidad organizada, en particular lo que el Ministerio de Defensa llama Grupos Armados Organizados (GAO). Esas son estructuras que ponen en riesgo en primer lugar a las comunidades, son los que causan la mayor parte de la violencia política, de la violencia contra activistas políticos y defensores de derechos humanos, y son los que están detrás de las masacres. Y en segundo lugar el Eln”.
“Se conjugan las violencias que vienen de antaño con nuevos fenómenos”
Para Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, en la afectación de la seguridad se conjugan las violencias que vienen de antaño con nuevos fenómenos.
“Es un problema estructural que tenemos, finalmente no hubo presencia del Estado en las zonas PDET, dnde tenían que llegar los planes de desarrollo con enfoque territorial, y que dejó el espacio vacío, y frente a ese espacio vacío llegaron los grupos armados y se posesionaron de los espacios que habían dejado las Farc”, indicó.
Señaló que esto es un error histórico y estructural, pero que este Gobierno lo volvió a cometer. “Se le advirtió al Gobierno, sobre todo a Rafael Guarín como asesor en seguridad, que implementara los PDET rápido, y lo que hicieron fue cambiarle el nombre y llamarlo las Zonas Futuro, que es como los PDET versión Duque”.
Sin embargo, advirtió Rosanía, “nosotros que hablamos con la gente en las regiones ni PDET ni Zonas Futuro terminaron llegando y siguieron con los grupos armados en las zonas".
Otro elemento a tener en cuenta y que explica lo que está sucediendo con la seguridad es que los corredores de la coca siguen activos, “lo que se llama el Arco del Caribe y el Arco del Pacífico. En la costa Pacífica nariñense y caucana sale el 70% de la cocaína a nivel Colombia”, dijo el experto.
Explicó que en el caso de Nariño los tres primeros eslabones de la cadena de las drogas ilícitas están allí presentes, desde el cultivo, el procesamiento y hasta la venta al puerto. Dijo que este departamento, “y ahorita con el tema de las masacres lo estamos viendo, está en pleno corredor de movilidad del narcotráfico y la minería, y el Estado nunca llegó”.
Un tercer elemento, indicó Rosanía, es que “tuvimos una transformación del conflicto, en el sentido que ya los grupos armados no están buscando la toma del poder ni el centro del país sino que están recostados en las fronteras. A eso lo llamamos las fronteras calientes o las fronteras incendiadas”.
Detalló que en la frontera con Venezuela, lo que es Catatumbo y Arauca, “esos 11 municipios están incendiados porque todos los grupos armados están buscando el corredor de movilidad para sacar la droga por Venezuela, que ese es el Arco del Caribe”. Dijo que una gran parte del conflicto está en esa zona del país.
En cuanto a la frontera con Brasil, explicó que es donde se ubican las dos grandes disidencias de las Farc, la del ‘Gentil Duarte’ y la de ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’.
Agregó que en la costa Pacífica nariñense y caucana está la disidencia del Frente Sexto, el Eln, una comisión de Los Pelusos, el Clan del Golfo, más Los Rastrojos. “Hay más de seis grupos armados grandes, porque hay unos más pequeños como la Empresa y los Buenaventureños, que se están peleando también Tumaco y Buenaventura. Los puertos se los pelean los chiquitos y el cultivo y las cocinas se las los pelean los grandes”.
Señaló que en la frontera con Panamá están el Eln, el Clan del Golfo, Los Caparros, estas dos últimas disidencias de los paramilitares, “peleándose la salida hacia Centroamérica”. Ello explica desplazamientos de población que se están viendo.
Remarcó el analista que todas las fronteras del país están incendiadas, “y al Gobierno todavía no se le ve una estrategia clara, un plan de choque frente a lo que está pasando”.
Rosanía coincidió con los otros analistas que consultó este Diario en que de todos estos actores armados ilegales no se puede decir que uno en particular es el más peligroso para la seguridad del país. “Todos tienen un nivel de influencia, ahorita el problema es que se descentralizaron. Antes la gente sabía qué grupo operaba en una zona, todos sabían el comandante del bloque, del frente y de la cuadrilla, y mal que bien las comunidades podían interactuar con ellos y hasta negociar con ellos”.
Pero “hoy lo que tenemos es que son muchas personas de civil, andan en moto y con pistola, y arma corta. Entonces ya no hay como identificarlos. Las fuentes nos dicen eso, que tienen claridad de quiénes son porque todos andan de civil y entonces no saben si es del Sexto, del lado de ‘Mayimbú’, de la Carlos Patiño o de la Dagoberto Ramos, o si es gente del Eln en comisión o de los Pelusos”.