La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por Ciro Alejandro Ramírez Cortés, exsenador del Centro Democrático, quien está siendo procesado por delitos relacionados con corrupción. La defensa argumentó que los términos procesales se habían vencido; sin embargo, el tribunal encontró que la detención preventiva sigue siendo válida.
El exfuncionario enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo conocido como 'Las Marionetas'. Este entramado de corrupción también involucra al fallecido exsenador liberal Mario Castaño y se centra en la supuesta manipulación de contratos públicos por un monto superior a $48.660 millones.
La defensa del excongresista solicitó su liberación, alegando que, de acuerdo con el artículo 365 de la Ley 600, el plazo de seis meses para celebrar la audiencia pública había sido superado sin que se llevara a cabo. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que “si bien han pasado más de seis meses, no se ha incurrido en dilaciones injustificadas que violen el derecho fundamental a un proceso sin retrasos, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia”.
Asimismo, la Corte explicó que el caso de Ramírez es de competencia de la justicia especializada, lo que implica que “deberán ser contabilizados 12 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación”, lo que refuerza la decisión de mantener la detención del exsenador.
La Corte también destacó que la solicitud de libertad por vencimiento de términos fue denegada porque “el término de 12 meses no se ha cumplido” y que la prolongación de la detención es justificada por las circunstancias del proceso. En su resolución, el tribunal subrayó que “las circunstancias del proceso justifican la prolongación de la detención preventiva”.
Ciro Ramírez ha estado privado de su libertad desde el 15 de diciembre de 2023 y, hasta la fecha, las audiencias del juicio han comenzado, pero no han concluido. Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción, manteniendo la vigilancia sobre los procesos legales que involucran a figuras públicas.