No hay claridad sobre impuestos anunciados por Peñalosa | El Nuevo Siglo
Foto archivo El Nuevo Siglo
Domingo, 8 de Abril de 2018
Redacción Nacional

Dos propuestas que hizo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre la posibilidad de cobrar un nuevo impuesto a los propietarios de vehículos particulares en la capital del país y de un tributo adicional a los tiquetes aéreos que utilicen los visitantes de la ciudad, sembró inconformidad entre los bogotanos.

De acuerdo con el mandatario, en el primer caso se trataría de una contribución para subsidiar el transporte público en la ciudad. “En ocasiones anteriores el mandatario de la capital del país, manifestó que el Distrito está aportando subsidios enormes a TransMilenio” y que al año se invierten $700.000 millones  en subsidios.

Cabe señalar que actualmente los propietarios de carros particulares en Bogotá pagan un impuesto vehicular anual que, según la Secretaría de Hacienda, “no tiene destinación específica y hace unidad de caja con lo cual se financian los gastos de funcionamiento e inversiones del Distrito”.

 

¿Subsidiar?

De acuerdo con el alcalde, el cobro de este nuevo impuesto es para que sean los dueños de los carros quienes subsidien sistemas como Transmilenio, SITP y, eventualmente el Metro.

Según explicó el mandatario local, se trata de una alternativa para que las personas con mayores ingresos y que cuentan con vehículo particular, se monten al trasporte público. Lo anterior, no solo contribuiría a una mejor movilidad, sino que ayudaría al medio ambiente. Permitiría también que quienes cuentan con menos recursos no tengan que padecer el aumento de las tarifas de los sistemas por los altos costos de la operación.

“Es difícil subir la tarifa y aumentar los subsidios del transporte público. Hacia el futuro, tenemos que seguir inventando mecanismos para lograr que los dueños de carros particulares –de alguna manera, con algún tipo de impuesto– contribuyan a subsidiar el transporte masivo”, manifestó Peñalosa.

En opinión del mandatario, se trata de un tema de equidad: mientras el 80% de los ciudadanos usan el transporte público o la bicicleta para sus trayectos, el porcentaje restante, le apuesta al vehículo particular.

"Si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio vial que un carro con una sola persona (...) Tenemos el desafío de que las personas con mayores ingresos, que cuentan con vehículo particular, usen el trasporte público. Lo cual ayuda a la movilidad, pero también al medio ambiente", detalló Peñalosa.

 

Más tributos

Esta propuesta del mandatario distrital tuvo una acogida negativa entre los bogotanos que no entienden la situación actual de movilidad en la ciudad. “No es justo que ahora nos quieran cobrar otro impuestos a los propietarios de vehículos, si ya pagamos una sobretasa a la gasolina y el impuesto de rodamiento, sobre todo cuando en Bogotá existe un caos vehicular”, sostuvo una ejecutiva consultada por este medio.

Sin embargo, la propuesta de Peñalosa de este impuesto a los propietarios de vehículos, se suma a otra que hizo el mismo alcalde hace dos semanas en el sentido de imponer un tributo adicional a los tiquetes aéreos para las personas que visiten la ciudad.

Según Peñalosa, la idea es tramitar un proyecto de ley con el que se creen nuevas figuras impositivas a los tiquetes aéreos para financiar obras de infraestructura que permitan acceder a las terminales aéreas.

Las aerolíneas

En una misiva enviada al alcalde Peñalosa, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, en representación del 83% del tráfico aéreo internacional, le expresó su preocupación frente a esta iniciativa, en la que propone el trámite de un proyecto de ley para la creación de un impuesto a los usuarios del transporte aéreo equivalente a $8.000 para pasajeros nacionales y de 5 dólares para pasajeros de vuelos internacionales, cuyos recursos tendrían como destino la construcción de la infraestructura vial.

La respuesta no se hizo esperar y en una carta enviada a Peñalosa, La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) en representación de 280 Aerolíneas, manifiesta que es incomprensible que, siendo Colombia un país que ha identificado al turismo como un motor de desarrollo, que ha invertido más de $5 billones en fortalecer su infraestructura de área regional y que aun así, es el tercer país en Latinoamérica que más impuestos impone a los tiquetes aéreos -solo superado por Venezuela y Argentina-, se pretenda aumentar aún más la carga impositiva a los viajeros.

Argumentan que una tasa de 5 dólares para viajeros de vuelos internacionales, equivale a un incremento en el costo de los tiquetes de un 1.2% y significaría una reducción de 136.000 pasajeros al año, para un total de 902.000 pasajeros que perdería la industria y la economía nacional.

También manifiesta que es evidente que la industria aeronáutica ya cuenta con una carga impositiva demasiada alta que no ha permitido que brinde la totalidad de los beneficios que puede llegar a generar para la economía del país y las regiones.

La propuesta no seguiría con las recomendaciones del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), entidad de la que Colombia hace parte, que indica que un Estado debe permitir la “imposición de derechos únicamente con respecto a servicios y funciones que se proporcionan para operaciones de aviación civil, o que tienen relación directa o en definitiva son beneficiosos para las mismas”.

Aunque la propuesta todavía no ha llegado al Congreso, las cargas impositivas en aeropuertos son algo que viene tomando fuerza en los últimos años. Actualmente, existen al menos cinco cargos adicionales que rigen en los terminales de Rionegro, Cúcuta, San Andrés, Leticia y La Guajira, con cargo a los pasajeros.

En el caso de Rionegro, que sirve a Medellín, el tributo fue creado para financiar una parte de las obras del túnel de Oriente, pero su cobro fue suspendido por el Consejo de Estado a finales del año pasado por no estar relacionado con la financiación de servicios aeroportuarios.

Otro ejemplo reciente es la estampilla que creó la administración departamental de La Guajira, que busca financiar desde instituciones educativas hasta proyectos de infraestructura de transporte terrestre y todavía está vigente.