Poco más de un centenar de defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en 2017 en Colombia, informó este miércoles la ONU.
Los homicidios "han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado", indicó en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina ha verificado hasta este 20 de diciembre "un total de 105 homicidios", señaló el comunicado. Otros 11 casos están en proceso de verificación.
El gobierno difiere de esas cifras y niega que exista un patrón sistemático en los homicidios.
En el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc, ya desarmadas y transformadas en partido político, el gobierno de Juan Manuel Santos se compromete a proteger a los excombatientes y a los activistas de derechos fundamentales.
La ONU expresó su preocupación por "la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional", así como "la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor".
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló el domingo que la "mayoría" de los asesinatos estaban originados en temas de "linderos", "faldas" y "pelea por rentas ilícitas".
Para la ONU, "su labor en la defensa de los derechos (...) fue determinante con las agresiones que sufrieron".
La implementación de un mejor sistema de alertas tempranas, uno de los puntos contemplados en el acuerdo, "nos va a permitir trabajar mucho más rápido para evitar situaciones de vulneración de derechos humanos", dijo este miércoles el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
El comunicado también reprocha que varios congresistas "descalificaron" a los defensores elegidos como magistrados de la Justicia Especial Para la Paz (JEP), al impedirles posesionarse por haber representado a víctimas en el pasado.
La JEP establece que guerrilleros y militares señalados de crímenes graves podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
Aún con el desarme de las Farc, todavía están activos los del Eln - en diálogos de paz -, disidentes de las Farc y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Medio siglo de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes ha dejado cerca de ocho millones de víctimas entre desplazados, muertos y desaparecidos.