La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden para eliminar los antecedentes judiciales de 9,600 excombatientes de las FARC. Esta medida, basada en la no vinculación de estos individuos con crímenes de guerra o lesa humanidad, busca allanar el camino para su plena reintegración tras la firma del acuerdo de paz en 2016.

La decisión de la JEP afectará a diversas entidades, incluyendo la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional, con el objetivo de eliminar las barreras que dificultaban la reincorporación efectiva de estos excombatientes a la vida civil.

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La magistrada Diana Vega, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, explicó la necesidad de esta acción: "Estábamos teniendo incidentes con las salidas del país, aparecían sus antecedentes y tenían inconvenientes con autoridades de otros países. Tienen inconvenientes para bancarizar o formalizar su vida comercial y crediticia".

La JEP fundamenta su decisión en la naturaleza política de los delitos cometidos por estos exguerrilleros, relacionados con su participación en un grupo insurgente y no constituyen crímenes de guerra o lesa humanidad.

Esta interpretación se alinea con la amnistía otorgada en 2017 por el expresidente Juan Manuel Santos, la cual la JEP considera crucial materializar en su totalidad para garantizar la reconciliación y la construcción de una paz duradera en el país.

En respuesta a esta orden, se ha establecido un plazo de 30 días para que se complete el proceso de eliminación de antecedentes judiciales, tras lo cual se espera que estos 9,600 exguerrilleros puedan acceder a una estabilidad laboral, financiera y social sin las restricciones impuestas por sus registros criminales pasados. Esta medida representa un paso importante hacia la justicia transicional y la consolidación de la paz en Colombia.