Ante el deplorable estado del puente vehicular que conecta los departamentos de Córdoba y Sucre sobre la desembocadura de la ciénaga La Caimanera en la vía nacional Tolu-Coveñas, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a tomar medidas definitivas para la reparación o la construcción de este puente.
Esta infraestructura vial es fundamental para la economía de la región, ya que constituye la principal vía de comunicación para el transporte de productos, el turismo, la pesca y el tránsito de residentes. El colapso del puente ocasionaría un grave perjuicio a las comunidades aledañas, aislándolas y generando un impacto negativo en su desarrollo socioeconómico.
Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp
Debido a esta afectación, hace algunos días se registró un bloqueo por parte de cabildos indígenas y de la comunidad en una de las vías más importantes que comunica dichos departamentos. Esta manifestación pacífica se produjo porque, desde mayo de 2023, las entidades del orden nacional pertinentes tienen pleno conocimiento de esta situación crítica. La comunidad solicita la reparación integral del puente o la construcción de uno nuevo.
La Delegada de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo reafirma su reclamo ante la importancia del corredor del Golfo de Morrosquillo. Este corredor es esencial para el flujo vehicular entre Córdoba y Sucre, incluyendo localidades como San Antero, Coveñas, Tolú, Toluviejo y Sincelejo. Además, es vital para la movilidad de pescadores y habitantes de la zona, y posee un significativo valor ecológico, albergando un ecosistema regional en la ciénaga. La Regional Sucre ha comprobado la necesidad y, por ende, solicita activar una ruta alternativa hacia Coveñas, especialmente para vehículos de carga pesada.
Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las entidades competentes de llevar a cabo su gestión, a visualizar prontas soluciones frente al riesgo de colapso que genera el puente, ya que se verían afectados la seguridad alimentaria, el intercambio comercial y vidas humanas con el tránsito de vehículo. Y aunque se han realizado varias reuniones con funcionarios gubernamentales locales y departamentales, para evaluar la magnitud de la situación, hasta la fecha no ha habido respuesta alguna por parte del Gobierno Nacional.
En vista de la gravedad de los hechos, la Personería Municipal de Coveñas interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que determine la exigencia de la solución inmediata y definitiva.