UNA ANDANADA de críticas hizo  el fiscal General, Francisco Barbosa, al Gobierno por la forma como ha querido llevar a cabo la política de paz y las conversaciones con los grupos armados, en lo que puntualizó no ha defendido la institucionalidad. Incluso dijo que, aunque es consciente de que el Ejecutivo no lo acogerá, se debería hacer un plebiscito para que los colombianos se pronuncien si están de acuerdo o no con los diálogos con organizaciones como el Eln.

Barbosa Delgado hizo el pronunciamiento en la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos en Santa Marta (Magdalena).

“Acá los criminales se parapetaron en conceptos filosóficos de paz sin contenidos, sin resultados y sin norte. Nos dicen que todo este engranaje de la paz total se plantea por una necesidad del pueblo colombiano de querer que estos grupos entren en razón”, dijo el fiscal General.

Agregó que “si esa es la razón y ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el Eln y con todo tipo de grupos delincuenciales”.

Señaló también dirigiéndose a los entrantes gobernadores que “es un momento en el cual la institucionalidad tiene que hablar unida. Es un momento en el cual no puede caber la exclusión, es un momento en el cual ustedes tienen que generar un ambiente, un mensaje nacional para construir un país... para construir, no para destruirlo, no para dividirlo”.

Añadió que “el último año ha sido complejo; y ha sido complejo porque la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo. Ha sido torpedeada, porque ha existido una corriente desde el Ejecutivo para buscar beneficiar mafiosos, porque no se han puesto la camiseta de la institucionalidad, sino se han puesto la camiseta de los presos de La Picota y de La Modelo”.

El fiscal Barbosa explicó por qué se ha visto enfrentado en varias oportunidades con el Gobierno en temas de paz, como frente al proyecto de ley de sometimiento a la justicia y levantar órdenes de captura a integrantes de los grupos armados, que el Ejecutivo ha solicitado para que participen en las conversaciones a nombre de estas organizaciones.

“A muchos de los que critican el rol que ha tenido la Fiscalía frente a la paz total les quiero decir lo siguiente: gracias a esta Fiscalía hay esas negociaciones. Suspendimos 103 órdenes de captura contra esas organizaciones, no porque yo quiera, sino porque respeto la institucionalidad del país y la Constitución, porque esa es una función que le corresponde al presidente de la República derivada del artículo 189 de la Carta Política. Solamente dijimos 'no' cuando nos pidió el presidente de la República suspender órdenes de captura contra extraditables y por supuesto, yo no me iba a prestar a una decisión de ese talante”.

El fiscal en sus apreciaciones y críticas al Gobierno, fue incluso más allá del tema de la paz.

“Hoy la gente está hastiada de ver que el Gobierno nacional y sus aliados se convirtieron en el principal eje de la oposición de su propio gobierno. Una paradoja, se eligieron para seguir siendo oposición. Olvidaron que gobernar significa ceder, concertar y trabajar mancomunadamente, como se lo dije al presidente de la República en varias reuniones”.

Se expanden grupos armados

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) presentó ayer un nuevo informe en el que dio cuenta que los grupos armados se han extendido en el primer semestre de este año.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, dijo que “en el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país. En ellos, la Misión ha constatado homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y extorsiones, así como la imposición de medidas de control social a la población civil”.

Indicó que “las afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable su tratamiento en los diálogos que se impulsan, en especial se destaca la necesidad del respeto a las formas autónomas de organización de las comunidades, la incorporación en los ceses al fuego de definiciones concretas y puntuales de los actos prohibidos contra la población civil”.