Con el fin de evitar que los presos continúen extorsionando desde sus lugares de reclusión, las autoridades adoptaron una serie de medidas, entre ellas, trasladar a quienes sigan delinquiendo a la Colonia Agrícola de Acacías, Meta.

Así se dio a conocer luego de un consejo de seguridad realizado en Tuluá, Valle, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la cúpula militar y de la Policía, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y otros mandatarios municipales.

“Es un problema persistente el que se deriva de las extorsiones carcelarias promovidas, precisamente, por cabecillas de organizaciones, de bandas criminales como esta, que ha tenido tanta presencia en el municipio de Tuluá, La Inmaculada, sobre lo cual –porque han continuado con sus acciones aún desde las cárceles estos cabecillas– se ha tomado la decisión de recluirlos en la Dijín, donde tendrán todo el control de parte de la Policía Nacional, para impedir que continúen esas actividades delictivas”, dijo el titular de la cartera de Defensa.

Y es que esta banda delincuencial desde hace ya varios meses viene azotando tanto a comerciantes como a empresarios de la región.
“Con el ministro de Justicia (Néstor Osuna), con el director del Inpec, con el director de la Policía hemos convenido, además, habilitar un pabellón especial en la Colonia Agrícola de Acacias (Meta) para recluir a cerca de 20 o 30 personas privadas de la libertad, que hemos identificado como los mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria”, añadió el jefe de esa cartera.

Asimismo, Velásquez anunció que este año se sumarán 20.000 uniformados a la Policía en todo el territorio colombiano, “también la incorporación de 16.000 soldados profesionales en los próximos tres años, iniciando este con una incorporación de 11.000 soldados profesionales, 4.500 el próximo año y 500 en el 2026”.

De otro lado, el ministro manifestó que “la Fiscalía General, la Policía Nacional, el director general, han dispuesto la intervención, la participación de 163 policías, tanto de inteligencia como de investigación judicial, para dar apoyo a las investigaciones y esperamos que produzcan prontos resultados”.

Vale decir que esta problemática ha sido denunciada desde el Senado, pues hace algunas semanas, congresistas del Partido Verde se pronunciaron al respecto. 

Tal como indicó el senador Ariel Ávila: “Ya desde todas las cárceles están saliendo llamadas extorsivas, los bloqueadores de señales no sirven y las organizaciones criminales están controlando las cárceles y desde allí operan. Es que hay una corrupción muy grande en la institucionalidad”.

Además, en el Congreso se avanza en un proyecto de ley que busca ampliar la capacidad de los municipios para atender a las personas privadas de la libertad.

Por su parte, Jota Pe Hernández manifestó cuál podría ser una solución: “Para que esta gente no tenga ningún tipo de señal móvil, tendríamos que sacar muchas cárceles de los centros de la ciudad. Un ejemplo: Bucaramanga tiene la cárcel en todo el centro de la ciudad”.

Asimismo, el presidente Petro a inicios de este año había advertido que los delincuentes que estuvieran extorsionando desde la cárcel serían trasladados a otros centros de reclusión de mayor seguridad.

“La extorsión está siendo dirigida en un 70 % desde las cárceles. Allí hay corrupción. Indudablemente, la política que estamos siguiendo es inhibir de comunicación al delincuente que desde la cárcel está generalizando la extorsión en Colombia”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado sentenció en aquel momento: “Delincuente que nosotros podamos tener evidencias ciertas de que está ocasionando extorsiones, se va de esa cárcel y va a entrar a cárceles de mayor seguridad”.

De igual manera, la Procuraduría se pronunció sobre esto, ya que se indicó que les “resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41 % del delito desde las cárceles”.