Luego de diversas labores investigativas en las que la Fiscalía General constató en terreno que el acueducto que beneficiaría a San Vicente de Chucurí (Santander), en realidad era un lote abandonado con un tanque en pésimo estado por la humedad y tubería averiada, fue posible obtener una condena ejemplar contra los señalados responsables de este descalabro administrativo que hoy tiene sin agua potable a varios habitantes del área rural.

El juez Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucurí acogió los argumentos de una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y sentenció a 14 años de prisión a la exalcaldesa de esa población, Emilce Suárez Pimiento; al tiempo que impuso 9 años de cárcel para el contratista y representante legal del Consorcio Lizama III, Libardo Angulo Rojas; y el interventor, Édgar Uribe Schroeder.

De acuerdo con la información oficial, el 12 de diciembre de 2008, fue suscrito el contrato número 102 entre la entonces alcaldesa de San Vicente de Chucurí, Emilce Suárez Pimiento, y el representante legal del Consorcio Lizama III, por valor de mil 119 millones de pesos.

El objeto era la construcción del acueducto para las veredas Tempestuosa, Caño Tigre y la Siberia, en las que viven más de 100 familias que nunca han tenido agua potable.

Con preocupación, la comunidad se percató que el periodo de la entonces alcaldesa terminó y no recibieron el servicio tan esperado, así que denunció ante la Fiscalía.

En las indagaciones se estableció que Emilce Suárez Pimiento, en calidad de alcaldesa, contrató sin previa autorización del concejo municipal, contrario a la ley; asimismo, liquidó y terminó el contrato sin verificar el cumplimiento, es decir que no constató que el acueducto funcionara.

Adicionalmente, la Fiscalía demostró que no fueron comprados materiales de calidad ni se contó con personal idóneo para la ejecución de obra, por esta razón la tubería se estalló en una prueba porque no aguantó la carga hidráulica. Finalmente, quedó documentado que jamás se cumplió con el objeto del contrato, pero sí fue pagado en su totalidad.

En la audiencia de juicio la delegada de la Fiscalía manifestó: “el reproche es directamente hacia el no cumplimiento del objeto contractual que conllevó una inversión inútil por parte del Ministerio de Vivienda y del municipio, en una obra que nunca se puso en funcionamiento y que sí afectó a la comunidad”. 

Los condenados

Emilce Suárez Pimiento (exalcaldesa 2008-2011) condenada por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público. Recibió una pena de 14 años de prisión sin derecho a la suspensión de la ejecución de la pena ni la domiciliaria como sustitutiva de la medida carcelaria.

Libardo Angulo Rojas (representante legal del consorcio Lizama III) sentenciado a 9 años en centro carcelario. Fue acusado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Edgar Uribe Schroeder (interventor) condenado a 9 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y falsedad documento público. Según la investigación, esta persona no verificó ni vigiló la correcta ejecución de las obligaciones surgidas en el contrato. Uribe Schroeder recibió beneficio de detención domiciliaria.