El grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el actual director del Departamento Nacional de Planeación Luis Fernando Mejía Álzate, en ese entonces miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia, además del resto de integrantes de la misma, por el polémico crédito a Navelena.

De acuerdo a la Procuraduría, a los entonces miembros de la Junta Directiva se les formula pliego de cargos por haber aprobado un crédito al Consorcio Navelena por un valor de $120 mil millones, luego de conocerse que fue desestimado el riesgo reputacional de la empresa tras la captura de varios directivos de Odebrecht por corrupción.

Los implicados en la decisión del Ministerio Público son:  Arturo Adolfo Dajud Durán, miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia como delegado del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Escobar Arango, delegado del ministro de Hacienda y Crédito Público; Luis Fernando Mejía Álzate, representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, representante del Gobierno nacional; Luis Eduardo Gómez Álvarez, miembro independiente; César Pardo Villalba, como miembro independiente; Francisco Estupiñán Heredia, miembro independiente; Gloria Marcela Ferrán Muñoz, vicepresidente de Crédito y Cartera del Banco Agrario de Colombia para la época de los hechos; Mónica Santamaría Salamanca vicepresidente de Banca Comercial (Dirección Nacional del Banco Agrario de Colombia); Francisco Solano Mendoza, presidente del Banco Agrario de Colombia, y Omar Arturo Páez Forero, gerente de Cuenta en Banca Empresarial (Gerencia Regional Bogotá), para la época de los hechos.

También se formularon cargos porque “los funcionarios del Banco Agrario de Colombia que tenían el deber de realizar el debido conocimiento del cliente, recomendaron la aprobación del crédito, sin haber valorado adecuadamente las garantías propuestas para garantizar el pago del servicio de la deuda de Navelena S.A.S”, aseguró la Procuraduría.

Faltas gravísimas

El Ministerio Público calificó las faltas como gravísimas a título de dolo para los miembros de la Junta Directiva del Banco que eran particulares, y como graves a título de dolo para los funcionarios del Banco Agrario que eran servidores públicos por entonces.

Luis Fernando Mejía, actual director del DNP y exmiembro de la Junta Directiva, aseguró que no tiene “ningún conocimiento en esta materia, esperamos la notificación formal; sin embargo, ratificar la total tranquilidad de las actuaciones evidenciadas, en que ya se hizo el pago de ese crédito bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, se cumplieron todos los trámites”, dijo.

Agregó que "se han abierto unas investigaciones internas frente a unos funcionarios de la administración; pero desde el lado de la junta directiva hay una total tranquilidad desde el punto de vista de la transparencia". Además, aseguró que “está dispuesto a colaborar con toda la transparencia y no tenemos ningún temor en ese sentido".

No eran recursos públicos

En su momento, el Banco Agrario aclaró que los créditos otorgados “no se hacen con recursos públicos, ya que no provienen del Presupuesto General de la Nación, sino del giro del negocio, como lo hacen todos los bancos, que cuentan con un fondeo y unas captaciones de diferentes fuentes”.

Por ello aclaró, que no se podría afirmar que el crédito a Navelena, que fue reembolsado por el consorcio tras la liquidación del contrato del APP, hubiera generado un detrimento patrimonial a las finanzas de la Nación.

De acuerdo el Banco Agrario, Luis Enrique Dussán López, el pago recibido fue de $156.894 millones, de los cuales $120 mil millones corresponden al capital y $36.894 millones de intereses.