La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de San Pablo, Nariño, Ricardo Emiro Gómez Lasso, por presunta participación en política. 

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto lo investiga porque al parecer habría ofrecido 176 lotes para la construcción de vivienda a quienes votarán en favor de uno de los candidatos a la alcaldía del municipio para el periodo 2024 – 2027, con el agravante de que posiblemente esos predios no están destinados para ese fin.  

Para el Ministerio Público, el funcionario pudo incurrir en una falta disciplinaria por aparentemente utilizar su empleo o cargo para respaldar una campaña política o influir en procesos electorales.

El órgano de control también investiga las supuestas llamadas realizadas a habitantes del municipio por personas que se identificaron como delegados de Gomez Lasso, en las que aparentemente también les ofrecieron lotes, a cambio de dar su voto por uno de los aspirantes a ocupar el primer cargo municipal, hecho que fue denunciado por un candidato a la alcaldía de San Pablo. 

Sobre la suspensión provisional del mandatario local, la Procuraduría sostuvo que esa medida se justifica ya que su permanencia como alcalde podría posibilitar la reiteración de la falta, “pues mientras ostente tal calidad, podría en un nuevo evento utilizar el cargo para influir en el proceso electoral”. 

A lo anterior se suma que, de acuerdo con audios reconocidos por el propio Gómez Lasso, se encuentra pendiente la realización de un sorteo para determinar la ubicación de los beneficiarios del proyecto de vivienda.

El Ministerio Público recalcó que, dado que el próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones territoriales en el país, es necesario brindar las garantías necesarias “para que se desarrollen con total apego a la Constitución y la ley”.  

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, establecer la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad y esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la presunta intervención en política.