La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 104 meses de prisión al exsenador Charles William Schultz Navarro, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y concusión, en concurso heterogéneo y sucesivo.
Los hechos están relacionados con la influencia que ejerció el excongresista ante funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que llevó a la expedición de la Resolución No. 7755 de 25 de noviembre de 2009, mediante la cual se repuso el acto administrativo número 4334 de 24 de julio del mismo año que había dispuesto no renovar la licencia de funcionamiento de la empresa de vigilancia Cooperativa Nacional de Reservistas COOP. RESERVIS C.T.A. para, en su lugar, concederla por el término de dos años.
Paralelamente, se conoció que Schultz Navarro, en contraprestación a su injerencia en el referido trámite, realizó una exigencia económica a la cooperativa para su campaña política y la entrega de un porcentaje de los nuevos contratos suscritos por la compañía con posterioridad a la renovación del permiso de operación .
En otras palabras, la condena se basa en su intervención indebida en 2009 para favorecer a una empresa de vigilancia, a cambio de beneficios económicos para su campaña electoral.
Para la Sala, quedó probado que Charles William Schultz Navarro aceptó llevar a cabo las gestiones que los regentes de la empresa le propusieron, colocando la autoridad consustancial de su cargo al servicio de intereses particulares con el fin de que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada reconsiderara la primera determinación sobre la renovación de la licencia.
Se conoció que luego de varias reuniones de negociación sostenidas entre Miller Avendaño, Germán Pardo y Secundino Rodríguez, emisario de Schultz Navarro, la cooperativa se comprometió a aportar $30.000.000 en material publicitario para la campaña política del senador
La Corte no solo impuso una pena de prisión, sino que también ordenó el pago de una multa equivalente a 212,48 salarios mínimos legales mensuales vigentes