El arzobispo de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve confirmó que las autodefensas gaitanistas de Colombia se convertirían el próximo lunes en el primer grupo armado ilegal que se acogerá a la ley de sometimiento sancionada por el presidente Juan Manuel Santos. Los contactos con los grupos de las bacrim de Dairo Úsuga alias Otoniel ya están adelantados como lo confirmó previamente el mandatario.

Monseñor Monsalve dijo que en éstos momentos "estamos en un proceso inmediato de sujeción colectiva a la justicia, que lo estamos acompañando desde la iglesia católica, desde el Urabá y en Apartado con Monseñor Hugo Torres y la arquidiócesis de Cali en mi persona”.

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Esa sujeción a la justicia se inicia en firme con lo que se llaman autodefensas gaitanistas de Colombia, explicó.

La tarea comenzará en regiones de las costas Caribe y del Pacífico.

En el proceso de sometimiento estarán los hombres - los actuales de las autodefensas que llegó a tener en su momento cerca de seis mil integrantes.

El arzobispo de Cali dijo que espera que en el nuevo gobierno nacional no le pongan estorbos a este proceso de paz, que es el final del conflicto armado en el país.

Confirmó que el grupo está encabezado por alias Otoniel, quien mediante un video primero hizo el anuncio sobre la disposición al sometimiento a la justicia según los acuerdos de La Habana y solicitando el acompañamiento de la iglesia católica como garante por el respeto por sus vidas.

El proceso, dijo el arzobispo de Cali es conocido por el gobierno nacional, por intermedio del vicepresidente General en retiro Oscar Naranjo y el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Los registros de inteligencia de las autoridades militares, de Policía y judicial del país coinciden en que las principales bandas criminales o grupos armados organizados son en un primer lugar: Clan del Golfo con más de 2.000 integrantes; Eln, 1600 integrantes; Disidencias de las Farc con 1.400 miembros, La Constru, 100 hombres y Los Caparrapos con 80 integrantes.

El proceso

El espíritu de la ley plantea que el sometimiento colectivo de grupos armados organizados pueda hacerse a partir de una manifestación escrita que dé inicio a un proceso.

“Luego hay un trámite que va a permitir la judicialización con procedimientos abreviados”, explica Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

Aquí se podrían aplicar rebajas de hasta el 50% en las penas para quienes confiesen todos sus delitos y entreguen bienes, o del 30% para delitos de lesa humanidad.

Estas podrían cumplirse en ‘colonias agrícolas’. “No son centros de camping o sitios de veraneo, hay colonias agrícolas de máxima seguridad, de mínima seguridad y de mediana seguridad, es un hecho que hay una privación efectiva de libertad", asegura el ministro Botero.

Advertencias

Por su parte el director de Indepaz, Camilo González, advirtió que estos incentivos para la entrega no cumplirían su objetivo, si no se desarticulan completamente los grupos.

Sobre la reparación de las víctimas también existen reparos. Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, asegura que "no hay una obligación de reparación integral".

Respaldo

Por su parte el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, aseguró que “es un instrumento muy útil para que el Estado pueda perseguir con mayor eficacia a las bandas criminales y tener un instrumento para poderlas someter a la justicia colectivamente”. 

El senador aclaró que esta “no es una ley de amnistía ni da mayores rebajas de las ya establecidas a los desmovilizados en el código penal por allanamiento a cargos”, pero si garantiza el sometimiento. “Se le da a la justicia instrumentos que no tenía. No es una ley complaciente, por el contrario fortalece la lucha el Estado contra la criminalidad”.

Sin embargo, Rangel indicó que si no se derrota el narcotráfico esta ley no será más que “un saludo a la bandera”, porque en la medida en que este delito siga siendo la fuente de financiamiento para los grupos al margen de la ley continuarán en la insurgencia.

Los corruptos

A su vez, el abogado Iván Cancino manifestó que los corruptos podrían acogerse a la ley de sometimiento de bandas criminales, aunque, a su parecer, no es una opción que les dé beneficios con relación a sus conductas delictivas.

Desde su experiencia, sí pueden acogerse y hay dos definiciones: "una que son los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y la otra los Grupos Armados Organizados (GAO). Los GDO se definen como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, que es una figura de la ONU que establece blanqueo de capitales, delitos graves y lucha contra la corrupción".

A manera de ejemplo, Cancino dijo que "puede ser que el delito se cometa en principio en Colombia pero tenga alcance internacional (...) si se pacta una coima con un servidor público pero se paga en Estados Unidos, se aplicaría la convención de Palermo".

Sin embargo, dijo que no cree que los beneficie pues "las penas aumentan y las rebajas y beneficios que se conceden son prácticamente los que ya existen en la ley 906, y creo que menores (...) lo único que se vería como un beneficio seria el centro de reclusión que sería en colonias agrícolas".

Regiones

De otro lado, en las regiones la puesta en marcha de la ley de sometimiento a la justicia para las bandas criminales genera esperanzas.  Por ejemplo en Norte de Santander hay optimismo por este hecho. El gobernador de este departamento, William Villamizar Laguado, dijo que “en esta zona nos queda el Eln que está en diálogos y bandas como el Epl, que si existe una posibilidad de sometimiento, se puede sacar adelante”.

Dijo además que “la alternativa para estos grupos es para que se pueda generar un ambiente de paz que nos conduzca avanzar en un proceso que el gobierno ha entregado garantías y que está en manos del señor presidente”.

Puntualizó que "esta ley abre la posibilidad de distensionar una de las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto durante muchos años y que ha generado efectos negativos para la región".

Se estima que el Epl en esta zona del país tiene 424 integrantes en sus filas, en la Provincia de Ocaña y el Catatumbo, donde hacen presencia.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez, dijo que en principio se pueden someter a la justicia el Clan del Golfo, los grupos disidentes, Los Pelusos y el Eln.

“Estamos hablando de cerca de cinco mil o seis mil hombres en armas y lo más importante a juicio de la Fiscalía son los instrumentos que van a permitir la judicialización de todas estas organizaciones criminales. Los grupos que se sometan a la justicia tendrán que responder por las amenazas y homicidios, por ejemplo, de líderes sociales”, sostuvo Martínez Neira.