La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social para que revise y evalúe posibles inconsistencias en la metodología para calcular los valores que se reconocen por afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), dispuestos para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado.
Señaló que entre las principales causas expuestas por las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) frente a esta crisis está el cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los recursos para financiar los servicios que no están incluidos en la UPC, tales como los presupuestos máximos que no hacen parte del Plan de Beneficios de Salud (PBS) que le corresponde asumir al Ministerio de Salud.
A manera de ejemplo, la jefa del Ministerio Público citó que con fundamento en la información reportada por las EPS en el 2021, es decir, dos años atrás, se determinó el valor de la UPC para 2023, lo que implicó una reducción en las reservas técnicas y generó que no se tuvieran en cuenta los nuevos medicamentos y servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud en el año 2022.
Respecto a las causas de la deficiencia de recursos, la procuradora requirió revisar indicadores como la inflación, la devaluación, los cambios demográficos epidemiológicos, la inclusión cada vez mayor de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios, el aumento en la demanda de servicios, los efectos del covid-19, las liquidaciones de EPS que generan traslados masivos de usuarios, el aumento de enfermedades crónicas, la atención a migrantes y las enfermedades de alto costo.
Por último, la funcionaria instó al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Adres, el Invima y demás actores a mantener la calma, la confianza y el diálogo permanente para garantizar a la población el adecuado funcionamiento del sistema de salud, evitando pronunciamientos a través de diferentes medios, que sumados a la incertidumbre que causa el trámite de la reforma, generan pánico y profundos temores en los afiliados, y como consecuencia de ello se aumenta la demanda de servicios y atención que, en ocasiones, pueden colapsar el sistema.