El Gobierno nacional  anunció este viernes que en abril comenzará la extracción de objetos de "valor incalculable" que forman parte del tesoro del galeón español San José, sumergido desde hace tres siglos en el mar Caribe.

A siete años del histórico hallazgo de la nave hundida frente a Cartagena, las autoridades empezarán a recuperar las piezas bajo el agua, dijo el ministro de Cultura, Juan David Correa, a la AFP.

El tesoro, cuyo valor es calculado en miles de millones de dólares, está allí desde junio de 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés.

Entre abril y mayo se hará una "exploración de algunos materiales que están superficialmente en el lecho" del galeón para ver cómo reaccionan  al salir del agua y preparar la recuperación del resto de los bienes, explicó Correa.

Las labores costarán más de 4,5 millones de dólares y se harán con un robot que desciende hasta los 600 metros de profundidad, donde está la nave. Así "se extraen sin modificar y sin agredir el pecio, algunas cosas que están allí", como cerámicas, conchas y trozos de madera, agregó el ministro en una entrevista con la AFP a bordo del buque ARC Caribe.

Los especialistas trabajarán desde ese barco colosal de la Armada en un punto de altamar que aún es secreto, con el fin de no alertar a cazatesoros y piratas de la ubicación del hallazgo arqueológico, considerado uno de los mayores de la historia colombiana.

El San José naufragó en las aguas cercanas a esta turística ciudad caribeña y punto clave del comercio entre América y España durante la época de la colonización tras zarpar desde Portobelo, en Panamá, repleto de vasijas, joyas, piedras preciosas, oro, plata y cañones.

Correa no especificó si los metales más valiosos del tesoro, de "valor incalculable" y que "excede cualquier precio monetario", serán extraídos en la primera fase.

"Nuevo paradigma" 

Desde que fue localizado en 2015 por investigadores y miembros de la fuerza naval colombiana, el galeón ha sido objeto de disputas debido al alto valor de su carga de cientos de toneladas.

España reclamaba el cargamento con base en una convención de la UNESCO de la que no forma parte Colombia. También indígenas bolivianos del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

Desde el jueves, el embajador español en Bogotá, Joaquín de Arístegui, y representantes de los aborígenes de Bolivia forman parte de un simposio con expertos para debatir sobre la hoja de ruta ideal para acceder al tesoro.

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde 2022, busca sacar del océano el pecio con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias relacionadas con la repartición de la riqueza.

De Arístegui aseguró que tiene instrucciones de ofrecer a Colombia un "acuerdo bilateral" que conduzca a un "nuevo paradigma" entre ambos países en pos de la "protección" del galeón.

Según el ministro Correa, los indígenas bolivianos manifestaron estar "dispuestos a colaborar" con las intenciones de Petro.

La idea es "dejar de considerar que estamos frente a un tesoro que tenemos que pelearnos como si estuviéramos en la época colonial, de los piratas que se disputaban estos territorios", añadió.

Litigio

Aunque aún no está definido, el gobierno colombiano proyecta que el San José sea accesible al público mediante una exposición virtual con inteligencia artificial y que el lugar donde se hundió se torne un destino para investigaciones científicas.

La mayor aproximación a la apariencia del galeón fue una serie de videos revelados oficialmente a mediados de 2022, tomados por un vehículo teledirigido y equipos de grabación de alta tecnología que permitieron ver en la oscuridad del fondo del mar.

El anuncio del gobierno sobre el comienzo de la extracción coincide con una nueva controversia, un litigio entre el Estado colombiano y la empresa estadounidense Sea Search Armada ante la Corte Permanente de Arbitraje.

La compañía asegura que encontró el galeón antes, por lo que reclama derechos sobre el 50% del tesoro, cuyo valor está estimado en hasta 20.000 millones de dólares, según la demanda.

Paula Robledo, directora de la Agencia Jurídica del Estado colombiano, calificó ese reclamo de "grotesco" y "frívolo", y anunció acciones de defensa legal.