Fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos la Ley No.1886 de este año, por medio de la cual se regula el cobro del gasto prejurídico y jurídico en los créditos educativos del Icetex. La medida beneficia a los profesionales recién graduados que están en mora con los pagos porque en la actualidad tienen que responder por estos cobros, que ahora estarán a cargo de la entidad gubernamental.

La nueva Ley establece que “el Icetex, para todos los efectos, asumirá los gastos en los que incurra por concepto de la cobranza prejurídíca y jurídica de cartera de créditos educativos hasta el momento en que se notifique el auto admisorio de la demanda”.

Añade que en acato a la prevalencia de la condición de beneficiario, se preferirá que el Icetex de forma autónoma, directa y sin intermediación, celebre acuerdos de pago que permitan la extinción de la obligación, la normalización o la refinanciación, o la puesta en marcha de planes o brigadas de normalización de cartera u otros, sin que la causación de honorarios sobre recaudos esté a cargo del deudor. Lo anterior, sin importar la etapa procesal en la que se encuentre.

El autor de la iniciativa es el actual presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, quien ha explicado que “esta situación es especialmente preocupante para el 20% de la población recién graduada que no logra vincularse a un empleo formal, y para el 28% de graduados que solo logra conseguir trabajo después de tres meses, periodo suficiente para ingresar en el proceso de cobro prejurídico”.

El Parlamentario explicó que desde el año 2003, el Icetex comenzó a realizar el cobro prejurídico y jurídico a créditos vencidos a través de firmas de cobranza especializadas, dado que dicha entidad no cuenta con la infraestructura ni la capacidad para ello.

La semana anterior el Congreso de la República aprobó en cuarto debate otra iniciativa que beneficiará también a los usuarios del Icetex, al implementar el modelo de Contribución Solidaria a la Educación Superior en Colombia, que facilita el acceso y permanencia de jóvenes de escasos recursos a estudios universitarios.

El proyecto de ley genera un esquema solidario, donde los primeros beneficiarios contribuyen al financiamiento de la educación superior de las nuevas generaciones.

La contribución se hará efectiva solo cuando el beneficiario reciba un ingreso, en un porcentaje del 6% al 19%, de acuerdo con su capacidad de pago. Si el beneficiario fallece desaparece el ingreso y cesa la contribución.

Con este modelo no se necesita un codeudor, no hay cobros prejurídicos ni intereses de mora o reportes a centrales de riesgo.