Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado, señala la ONG
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La situación en el departamento del Chocó continúa siendo crítica a causa de la estrategia que adelantan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Eln para hacerse con el control de los territorios antes controlados por las Farc, alertó Amnistía Internacional.
“Ponen una vez más en riesgo inminentes violaciones de los derechos humanos en estas comunidades. Asimismo, la acción del Estado, debe ser enfática, para exigir respeto por los derechos humanos de las poblaciones”, señaló el organismo.
El ente además hizo eco de la alerta temprana emitida el 24 de enero por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió que en los municipios de Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) persiste y se agudiza el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario debido a la “alta probabilidad de confrontación armada en territorio de las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia y los resguardos indígenas de estos municipios”.
También recordó que hace 16 años la masacre de Bojayá marcó la historia violenta de Colombia cuando miles de personas fueron víctimas de un enfrentamiento entre las Farc y grupos paramilitares, “sin que el Estado haya tomado medidas para evitarlo”.
Dijo que “Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado que comunidades que habitan en zonas de conflicto armado. En su momento, la Defensoría también emitió diversas alertas evidenciando la desprotección de comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio, sin que el Estado tuviera una respuesta adecuada lo que dejó en estado de vulnerabilidad a las comunidades”.
“Actualmente, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el conflicto armado ha recrudecido en esta zona. Las cifras de asesinatos, y desplazamientos forzados, entre otras violencias surgidas son evidencia de la re victimización que vive esta zona. Con el anuncio de suspensión de la negociación entre el Eln y el Gobierno, las comunidades temen que el conflicto se intensifique en el departamento, poniendo en grave riesgo su vida e integridad”.
Amnistía Internacional, en su reciente informe “Continúan los años de soledad: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en El Chocó”, advirtió que el contexto de exclusión, olvido e invisibilidad de este territorio por parte del Estado Colombiano refuerza las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades, sin que medie una respuesta institucional integral, más allá de lo meramente militar.
Comunidades que habitan estas zonas han denunciado a Amnistía Internacional que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz.
“El Estado debe tomar medidas urgentes para que una masacre como la ocurrida en Bojayá en 2002 no se vuelva a repetir en Colombia. Las confrontaciones entre el Eln, grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes del país”, indicó.
Al mismo tiempo, acompañado por su delegados para los Derechos de la Población Desplazada, para los Derechos de los Indígenas y Minorías Étnicas, los defensores regionales de Chocó y Urabá y funcionarios del nivel central, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, continuó con su recorrido, vía fluvial, por las poblaciones de Beté (Medio Atrato), Tagachí, Vigía del Fuerte, Pueblo Nuevo (Nueva Bojayá), Antigua Bojayá, Murindó y Carmen del Darién, en los departamentos de Chocó y Antioquia”.
La comisión busca verificar la situación de derechos de las comunidades que habitan en las laderas del río Atrato, así como establecer un diálogo directo con los líderes, comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto armado de estas poblaciones.
Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado, señala la ONG
La situación en el departamento del Chocó continúa siendo crítica a causa de la estrategia que adelantan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Eln para hacerse con el control de los territorios antes controlados por las Farc, alertó Amnistía Internacional.
“Ponen una vez más en riesgo inminentes violaciones de los derechos humanos en estas comunidades. Asimismo, la acción del Estado, debe ser enfática, para exigir respeto por los derechos humanos de las poblaciones”, señaló el organismo.
El ente además hizo eco de la alerta temprana emitida el 24 de enero por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió que en los municipios de Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) persiste y se agudiza el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario debido a la “alta probabilidad de confrontación armada en territorio de las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia y los resguardos indígenas de estos municipios”.
También recordó que hace 16 años la masacre de Bojayá marcó la historia violenta de Colombia cuando miles de personas fueron víctimas de un enfrentamiento entre las Farc y grupos paramilitares, “sin que el Estado haya tomado medidas para evitarlo”.
Dijo que “Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado que comunidades que habitan en zonas de conflicto armado. En su momento, la Defensoría también emitió diversas alertas evidenciando la desprotección de comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio, sin que el Estado tuviera una respuesta adecuada lo que dejó en estado de vulnerabilidad a las comunidades”.
“Actualmente, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el conflicto armado ha recrudecido en esta zona. Las cifras de asesinatos, y desplazamientos forzados, entre otras violencias surgidas son evidencia de la re victimización que vive esta zona. Con el anuncio de suspensión de la negociación entre el Eln y el Gobierno, las comunidades temen que el conflicto se intensifique en el departamento, poniendo en grave riesgo su vida e integridad”.
Amnistía Internacional, en su reciente informe “Continúan los años de soledad: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en El Chocó”, advirtió que el contexto de exclusión, olvido e invisibilidad de este territorio por parte del Estado Colombiano refuerza las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades, sin que medie una respuesta institucional integral, más allá de lo meramente militar.
Comunidades que habitan estas zonas han denunciado a Amnistía Internacional que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz.
“El Estado debe tomar medidas urgentes para que una masacre como la ocurrida en Bojayá en 2002 no se vuelva a repetir en Colombia. Las confrontaciones entre el Eln, grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes del país”, indicó.
Al mismo tiempo, acompañado por su delegados para los Derechos de la Población Desplazada, para los Derechos de los Indígenas y Minorías Étnicas, los defensores regionales de Chocó y Urabá y funcionarios del nivel central, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, continuó con su recorrido, vía fluvial, por las poblaciones de Beté (Medio Atrato), Tagachí, Vigía del Fuerte, Pueblo Nuevo (Nueva Bojayá), Antigua Bojayá, Murindó y Carmen del Darién, en los departamentos de Chocó y Antioquia”.
La comisión busca verificar la situación de derechos de las comunidades que habitan en las laderas del río Atrato, así como establecer un diálogo directo con los líderes, comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto armado de estas poblaciones.