La Universidad de Antioquia enfrenta una crisis financiera estructural producto de un desfinanciamiento, agravado por un déficit sostenido en los aportes de la Nación y del Departamento de Antioquia para cubrir los gastos de funcionamiento.
De acuerdo con el senador Nicolás Echeverry Alvarán, este déficit, originado desde el año 2010, ha obligado a la Universidad a recurrir a la generación de recursos propios, el endeudamiento y el fortalecimiento de la venta de bienes y servicios como soluciones temporales para solventar el déficit financiero.
"La Universidad símbolo y orgullo educativo de los antioqueños, hoy está en riesgo de sostenibilidad agravado por múltiples factores económicos, ha exigido a la institución operar en condiciones presupuestales cada vez más críticas, lo cual compromete su capacidad para seguir ofreciendo educación de calidad a más de 37,000 estudiantes en sus sedes y centros regionales", expresó Echeverry.
Ante el panorama, desde la bancada antioqueña, el senador hace un llamado al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín para adoptar medidas concretas y sostenibles que salvaguarden el funcionamiento y el legado de la Universidad de Antioquia. "El Gobierno no puede seguir dilatando las acciones que debe asumir para garantizar la liquidez financiera de nuestra Alma Mater. Cada día que se posponen decisiones se suman afectaciones en nuestra universidad y en el derecho a la educación superior", afirmó el parlamentario.
El problema estructural radica en que los aportes estatales a la Universidad, principalmente derivados de la Ley 30 de 1992, crecen al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, los gastos de funcionamiento de la institución han mostrado un crecimiento sostenido por encima del IPC, generando un desfase progresivo en la capacidad de financiamiento institucional.
Según cifras del año 2023, el costo anual de la formación de un estudiante de pregrado es de 21,157,511 COP, mientras que los aportes anuales provenientes del Gobierno Nacional y el Departamento ascienden a 17,675,918 COP por estudiante. Esto genera una brecha de 3,481,592 COP por estudiante la cual la Universidad debe cubrir a través de ingresos alternativos, incluyendo consultorías, alianzas con entidades públicas y privadas, y un incremento en su endeudamiento.
A modo de ejemplo, el presupuesto anual actual del Gobierno Nacional cubre aproximadamente el 45% de los gastos de funcionamiento de la Universidad. Con un presupuesto proyectado de 19 billones de pesos, el restante 55% debe ser cubierto a través de la generación de recursos propios, incluyendo la venta de servicios y el endeudamiento, lo que presiona de forma significativa la sostenibilidad institucional en el largo plazo.
Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, expresó su compromiso con la Universidad de Antioquia en un contexto de crisis financiera. En sus declaraciones, destacó que la administración ha estado trabajando en apoyo a la insitutción desde hace tiempo, no solo mediante giros económicos necesarios para cumplir con obligaciones laborales, sino también como un soporte fundamental en la gestión institucional.
Según Rendón, la Universidad de Antioquia ha sido la entidad con la que más ha contratado la Gobernación. También criticó las interpretaciones ideológicas que han rodeado la situación crítica de la situación, afirmando que el gobierno nacional ha intervenido sin ofrecer soluciones efectivas. En este sentido, anunció una medida concreta, otorgaría un crédito de tesorería de hasta 90 mil millones de pesos. Este auxilio tiene como objetivo garantizar que los profesores del alma mater reciban sus salarios antes de finalizar el año, evitando así que terminen el año sin el pago correspondiente.