DE NUEVOllega al Congreso una iniciativa que busca darle más autonomía al Consejo Nacional Electoral, tanto en su parte presupuestal como en la administrativa. El proyecto, radicado en Cámara, es de autoría del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el presidente y vicepresidente del organismo.

Dentro del articulado de la iniciativa se establece que el presupuesto del CNE estará  constituido por los aportes del presupuesto nacional y por los que reciba a cualquier título de la Nación o de cualquier otra entidad estatal; así mismo, por el producido de la enajenación de sus bienes y por las donaciones de personas naturales o jurídicas tanto nacionales como extranjeras.

La sede del Consejo será en Bogotá y la transferencia de bienes y activos será realizada por la Registraduría, en consenso con el CNE. Los que tienen que ver con el presupuesto, de conformidad con el artículo 86 del Estatuto Orgánico, el Gobierno realizará los mismos, necesarios para garantizar el funcionamiento autónomo del Consejo.

Entre tanto, es preciso aclarar que el proyecto dice que la Registraduría seguirá asumiendo los gastos de funcionamiento del organismo, hasta que se garantice la autonomía administrativa y presupuestal de este.

El representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas, le expresó a EL NUEVO SIGLO, sobre este proyecto que “es mejor que tengan su presupuesto, que lo manejen, sin estarle mendigando a nadie” y “aunque lo ideal sería que el Consejo Electoral sea una especie de corte electoral como existe en Francia, con mayor autonomía, y que no hayan dos organismos: Consejo de Estado por un lado y CNE haciendo lo mismo”.

En ese mismo sentido se refirió el representante conservador Telésforo Pedraza, quien manifestó que “antiguamente ese Consejo Nacional Electoral, las personas que lo integraban, ese era el mejor puesto porque la gente tenía la condición de magistrado, pero ellos no estaban sujetos a ninguna inhabilidad y compatibilidad, podían seguir ejerciendo su profesión, etc”.

Agregó que “a partir de la reforma constitucional, me parece que fue en 2003, se pidió la categoría de magistrados, sin embargo, ellos han venido alegando el tema de que como organismo de decisión judicial, en este caso electoral pero tiene ese impacto, ellos dependen para su funcionamiento del presupuesto de la Registraduría Nacional y lo que ellos han estado buscando es una independencia”.

Pedraza también dijo que ellos no han podido lograr la independencia presupuestal, entonces “por eso me parece que es un poco la iniciativa que están impulsando en este momento, que se desagreguen con el tiempo del presupuesto de la Registraduría y que se deje aparte el rubro, manejado y dirigido por el Consejo Nacional Electoral”.

Explicó que en este momento, siendo año electoral, la iniciativa debería comenzar su trámite en 2016 y no en 2015 como está planteada. Frente a las posibles implicaciones, dijo que separar a los dos organismos no tendría ninguna implicación “porque es un cuerpo de creación electoral, lo que buscan para que funcione mejor el Consejo es que ellos puedan manejar sus recursos y tener total autonomía”.

Facultades al Presidente

Otro capítulo de la iniciativa expresa que “de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 150 numeral 10, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, dentro del término de seis meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para determinar la estructura orgánica y funcional del Consejo Electoral y establecer el régimen de administración de personal”.

Así mismo, de crear la planta de personal del organismo, “suprimiendo o modificando los empleos a que haya lugar en la planta de personal de la Registraduría, en relación con aquellos asignados actualmente al Consejo Nacional Electoral. De igual manera, se determinarán la nomenclatura, denominación y clasificación de los empleos de la Entidad, así como los requisitos y definición de los niveles operacionales”.

Estos cambios buscan prácticamente garantizar la modernización, tecnificación, eficacia y eficiencia del Consejo; la utilización eficiente del recurso humano; la estabilización laboral de los servicios públicos del CNE; la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal; y la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad.

Comisión de seguimiento

Adicional a los cambios propuestos ya mencionados, el proyecto también contempla que se conforme una comisión de seguimiento para la elaboración de los decretos- ley que se dicten en las “facultades extraordinarias conferidas por esta ley”, la cual será integrada por tres representantes a la Cámara y dos senadores de la República.

La designación de los miembros de la comisión le corresponderá a la Mesa Directiva de las Comisiones Primeras Constitucionales de ambas cámaras.

La iniciativa señala que esta ley no generará ningún costo fiscal.