Continúa haciendo eco el anuncio del Gobierno Nacional de extender el cese al fuego por seis meses más con las disidencias de alias 'Marcos Calarcá'. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, mostró su desacuerdo con esta medida, aludiendo que la Fuerza Pública queda con las manos amarradas ante los actos violentos de grupos al margen de la ley.
Bajo ese entendido, EL NUEVO SIGLO consultó con congresistas de Antioquia sobre las implicaciones que tiene esta determinación en una región que continúa siendo azotada por la violencia. Inicialmente, el senador, Germán Blanco, del Partido Conservador señaló: “Esa zona del bajo Cauca antioqueño son municipios en donde constantemente hacen presencia grupos armados al margen de la ley con la extorsión y el homicidio. La zona del Urabá antioqueño también sufre la presencia permanente de grupos al margen de la ley, que ahora afecta a otros municipios del departamento. Pero, sumado a esto, Antioquia atraviesa un momento de seguridad muy difícil junto con unos vacíos de Estado, es decir, que no se siente que la Fuerza Pública, representada en el Ejército y la Policía, pueda actuar en la Antioquia profunda e incluso en zonas urbanas, como si se tratara de una orden del Gobierno a raíz de las prerrogativas especiales que viene entregando el Ejecutivo a los actores al margen de la ley”.
Por su parte, el senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, señaló que “pese a que se están haciendo enormes esfuerzos por alcanzar la paz, el Gobierno Nacional trabaja de manera incansable en ello, pero también tenemos que decir que el tema de la Paz Total ha sido malinterpretado por algunos actores al margen de la ley. Siendo este un pretexto del cual se han valido para delinquir de una manera más agresivamente y considero personalmente que el Gobierno tiene que hacer un balance bastante minucioso y muy crítico de lo que está pasando con la Paz Total; hacer los correctivos y no dejar de luchar para que en el país tengamos la seguridad que todos anhelamos. Esto en razón a las preocupaciones por el orden público que tenemos sobre los 23 municipios del oriente antioqueño que han sido afectados por el aumento de la violencia y el crimen. En este momento hay un problema delicado en esa región, porque los municipios están sitiados por el acoso de grupos armados al margen de la ley. Reconocemos que el señor gobernador tiene un compromiso muy grande, no solo en esta subregión oriente, sino en todo el departamento, y la presencia del Estado es una parte muy importante. Sus apreciaciones están a tono con la discusión y confiamos en que se fortalezca la alianza entre los gobiernos nacional y departamental para cerrar el ciclo de inseguridad que estamos atravesando”.
Fuerza Pública, con las manos amarradas
De igual manera, el representante Hernán Cadavid dijo: “Este es un gravísimo error, los ceses al fuego, y ha quedado demostrado que son una figura en donde los únicos que se benefician son los grupos armados ilegales. Porque siguen las extorsiones, el reclutamiento infantil, el secuestro; mientras tanto, la Fuerza Pública está de manos amarradas en virtud del cumplimiento de un decreto. Los bandidos no cumplen decretos, pero sí obligan a las Fuerzas Armadas a cumplirlos. El efecto es que cada vez ganan más territorio y poder a la hora de delinquir los grupos armados que son beneficiados con esos ceses al fuego”.
Por su parte, el representante John Jairo Berrío, del Centro Democrático, afirmó: “No podemos estar de acuerdo con una medida en favor de las disidencias divididas en varios grupos. Esta Paz Total no tiene seriedad, ¿y a costa de qué? Aquí ese decreto es para que el Ejército y la Policía queden maniatados y que los grupos criminales, las guerrillas, tengan libertad de recorrer el territorio nacional a su antojo. Mandando en los municipios y en los territorios rurales que ya habían abandonado, a donde regresan aprovechando que la Fuerza Pública está maniatada para imponer su ley, este es un gobierno muy débil y no estamos de acuerdo con eso”.