Las comunidades de los municipios Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón, en el departamento de Atlántico, están en alto riesgo de vulneración a sus derechos, según lo advierte la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, y en la cual se presentan 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para tomar acciones preventivas y proteger a las comunidades. 

El riesgo se presenta por la presencia y por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ‘Clan del Golfo’, con los grupos locales y regionales de criminalidad organizada, los cuales buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico.

“Nuestro equipo del Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes también son víctimas de violencia por prejuicio. 
 
En una visita al departamento dos meses atrás, el defensor del Pueblo verificó de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas y los homicidios, así como coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo.

Recomendaciones

“En esta Alerta Temprana no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también les hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias, con la pertinencia y debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, señaló Camargo.

La Defensoría del Pueblo les recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades.

Dentro de las recomendaciones está la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades. Además, se pide que se refuerce la presencia institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos se les solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas del llamado ‘plan pistola’ planteado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-‘Clan del Golfo’, organizaciones que en un video declararon que han iniciado un proceso de “limpieza social” y nombran “objetivos militares” a los alcaldes de las poblaciones de Barrancabermeja y Yondó.

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Rechazan ‘plan pistola’

La Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana, en la cual se expuso la difícil situación de orden público en la zona y el riesgo generado para las comunidades, por la acción de grupos armados ilegales en los municipios de Yondó (Antioquia); Barrancabermeja, Puerto Wilches y Simacota (Santander).

Desde la Regional Magdalena Medio de la Defensoría del Pueblo se reitera el llamado a las autoridades gubernamentales para que acaten las recomendaciones de la alerta y se garanticen los derechos de la población civil, toda vez que las alertas tempranas tienen una vocación eminentemente preventiva.

De la misma forma, se reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que mantengan al margen de sus acciones a la población civil y para mostrar gestos de buena voluntad en relación con el llamado que viene haciendo el Gobierno nacional para adelantar un proceso de paz total.

Camargo exhortó a los grupos armados ilegales a mandar expresiones de voluntad para establecer los canales de paz. “Ya está muy bueno que suspendan cualquier barbarie, ataque o intimidación”, manifestó el defensor del Pueblo. Asimismo, ofreció toda la capacidad institucional para buscar y encontrar los caminos a la resolución del conflicto, “que nos conduzcan a una verdadera reconciliación de todos los colombianos”.

Seguido a ello, extendió la invitación para trabajar de la mano del Gobierno nacional: “Desde la Defensoría del Pueblo, absoluta disposición para trabajar de la mano en lograr los fines del Estado colombiano”. También consideró que es urgente tomar medidas para que se garantice la protección de los derechos humanos de los hombres y mujeres que se encuentran en los territorios.

El ‘plan pistola’ recuerda las acciones cometidas por los narcotraficantes entre agosto de 1989 y 1990 que cobraron la vida de 400 policías en Antioquia.

Ahora, dentro del ‘plan pistola’, las cabezas de los uniformados vuelven a tener un precio no solo en Antioquia, sino en cerca de 200 municipios de Colombia. Además, la razón detrás de los ataques es diferente a la de Pablo Escobar: el ‘Clan del Golfo’ anunció desde mayo represalias después de la extradición a Estados Unidos del cabecilla de ese grupo paramilitar, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y su hermana Nini Johana Úsuga.

Al respecto, el mismo ‘Otoniel’ envió un comunicado escueto de tres líneas desde su celda en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos. La carta invita a las AGC a “cesar todas las actividades en contra de la Fuerza Pública de Colombia”. Además, recomendó a quienes antes eran sus subordinados detener los paros armados en sus áreas de influencia, “porque se le está haciendo daño a la población civil”.

La Policía Nacional ha reportado 36 muertes de uniformados en lo corrido de 2022, y 15 de ellas se las atribuyen al grupo paramilitar.