EL 13 de diciembre de 2022 fue promulgada la Ley 2277 que creó, en los artículos 50-53, el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este se planteó como un impuesto ambiental, con el propósito de incentivar soluciones sostenibles para los plásticos.

Según el Decreto 2229 de 2023, los sujetos pasivos de este impuesto tienen plazo hasta el 23 de febrero próximo para declararlo y pagarlo. Sin embargo, predomina una gran confusión entre las empresas del sector, debido a que, a menos de una semana de cumplirse el plazo, quedan todavía muchos asuntos pendientes por reglamentar o aclarar.

“Seguimos esperando la reglamentación de la certificación de economía circular, que debió haberse expedido a mediados del año pasado. También es urgente que se aclare que las exportaciones no pagan el impuesto o, de lo contrario, se perderá toda la competitividad de nuestra industria nacional en un mercado con despachos al exterior que superan los 400 millones de dólares por año”, advirtió Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.

Según cifras del gremio, las exportaciones de empaques y envases en 2022 registraron un valor de $ 393,7 millones de dólares. Entre enero y octubre de 2023 se exportaron 312 millones de dólares en envases y empaques plásticos, teniendo como principales destinos los países de América: en particular, sobresalen Estados Unidos (21% del total), Ecuador (12%), México (12%), Chile (8%), Venezuela (6,2%), Perú (5,7%) y Guatemala (4,7%).

De acuerdo con Acoplásticos, la tarifa de este impuesto equivale a cerca del 20% del precio final del producto plástico, lo cual ha impactado fuertemente, tanto el bolsillo de los colombianos, como la competitividad empresarial.

¿A qué se deben las demoras?

Mitchell enfatizó que, aunque desde el gremio saben que el Ministerio de Ambiente ha trabajado el asunto y que cuenta, desde hace un tiempo, con un texto que es la base de la reglamentación; ven como una posibilidad que la demora se deba a ineficiencias o falta de personal.

“La verdad no tenemos esa información; sin embargo, la reglamentación de la certificación de economía circular debería ser de interés para esta cartera puesto que está alineada con la estrategia de economía circular. La carencia de esta reglamentación provocaría que las empresas no tengan capacidad de competir en los mercados internacionales frente a todas las demás compañías de otros países que no cargan con este tributo”, sostuvo.

Pese a que la ley establece que dicha reglamentación de la CEC debió ser expedida a más tardar el 14 de junio del 2023, a la fecha el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sigue sin reglamentar la Certificación de Economía Circular, con la cual no se causa el impuesto.

Esto significa que aquellos envases, empaques o embalajes susceptibles de certificarse, aún no tienen un camino claro dentro de las reglas del impuesto y sus fabricantes aún no saben si deben incluirlos en el pago o no.

“Resulta desconcertante que, a pocos días del pago y luego de más de un año de haber entrado en vigencia la Ley, todavía no se conozca este instrumento de la certificación de economía circular, con el cual se busca premiar estos esfuerzos y desarrollar las soluciones ambientales del plástico que precisamente pretende el impuesto”, puntualizó el presidente de Acoplásticos.

En este sentido, enfatizó que la principal repercusión por la falta de reglamentación es que se dejaría de otorgar un beneficio tributario para motivar todos los esfuerzos e inversiones en soluciones ambientales para los plásticos a través de la economía circular. 

“Es decir, sin esta reglamentación, se da el mismo tratamiento a productos que están aportando a la economía circular y desarrollando soluciones ambientales, frente a productos que no. Esto afecta, tanto a las empresas, como a los consumidores, quienes son, en últimas, los contribuyentes del impuesto”, explicó.

La norma cuenta con diversas exclusiones, adicionales a la no causación mediante la certificación de economía circular. En el Presupuesto General de la Nación, los recursos que el Gobierno espera recaudar este año para el impuesto son de aproximadamente 256.000 millones de pesos.

“Desde Acoplásticos consideramos que un impuesto que recae sobre el consumidor y que aún no cuenta con una alternativa ambiental a través de la economía circular, realmente no va a tener mayor impacto, más allá de generar un recaudo público e impactar los precios de muchos bienes”, concluyó.