NUEVAMENTE SE frustró ayer, por no lograrse el quórum en la Comisión Primera del Senado, el trámite en tercer debate del proyecto de ley estatutaria de educación. El tiempo para la iniciativa se agota porque tiene que aprobarse también en plenaria de la Corporación en esta legislatura. Sin embargo, el freno de mano en este momento es el reclamo de la oposición y los independientes porque no tiene estudio fiscal del Ministerio de Hacienda. En este contexto parece sumar apoyos la ponencia alternativa que presentaron parlamentarios de Cambio Radical, la U y el Partido Conservador.

El senador Julio Chagüi Flórez, de La U, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hoy (ayer) estuve en la Comisión Primera y había quórum deliberatorio, pero no hubo quórum decisorio. Ahí estábamos dispuestos a seguir debatiendo”.

Esta iniciativa de origen gubernamental, que busca reconocer la educación como un derecho fundamental, en contraste con las otras reformas, como salud, pensional y laboral, que han generado gran polémica por sus alcances, alcanzó consenso en su discusión en la Cámara, al punto que en abril pasado fue aprobada en segundo debate con 136 votos a favor y cero en contra.

Sin embargo, en la Comisión Primera del Senado el trámite se vio frenado el pasado martes cuando se iba a votar las tres ponencias que fueron radicadas, pues la mayoría de parlamentarios decidió aplazar el debate debido a que hay incertidumbre sobre el impacto fiscal del proyecto.

Durante el trámite de la iniciativa en Cámara el Ministerio de Hacienda hizo llegar un documento con comentarios, tras la solicitud del representante Jorge Tamayo de que presentara el estudio de impacto fiscal.

En ese documento dicha cartera indicó que, de acuerdo con la exposición de motivos en el proyecto, “... no existe una disposición que ordene un gasto adicional u otorgue un beneficio tributario, sino que establece de forma general los elementos esenciales del derecho a la educación”.

En tanto que ahora, mayor desconcierto generó en los legisladores de oposición e independientes un concepto que hizo llegar el Ministerio a la Comisión Primera del Senado, en donde indica que “esta cartera no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas”.

No obstante, el Ministerio advierte que se podría presentar un déficit presupuestal acumulado en los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para educación. “Este déficit pone en riesgo la viabilidad financiera de la reforma propuesta”, indica.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que “el Gobierno está haciendo una política irresponsable, reconoce que no sabe cuál es el costo de la ley estatutaria de educación. No se pueden seguir aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuál es su impacto fiscal, para después estar hablando de reformas tributarias o romper la regla fiscal”.

La ponencia alternativa

El senador Carlos Motoa Solarte, de Cambio Radical, dijo a este Medio que “el Senado está atento a dar el debate técnico como corresponde a una ley estatutaria, que es un debate profundo, riguroso y con argumentos. Y para ello, por supuesto hay una primera barrera y es conocer el impacto fiscal de la iniciativa. El viceministro de Hacienda estuvo en la Comisión y manifestó que no tenía impacto fiscal. Le logramos demostrar, en el caso personal, que cuando se habla de universalidad, cuando se habla de igualdad y de gratuidad, pues por supuesto que va a incurrir en unos gastos públicos, inversiones. No hemos tenido claridad sobre ello”.

El parlamentario indicó que “nosotros acompañaremos una propuesta alternativa que ha suscrito el senador David Luna (Cambio Radical), el senador Juan Carlos García (Partido Conservador), el senador Alfredo Deluque (La U), y vamos a estar en esa sintonía de discutir porque la aprobación de esa propuesta modificativa”.

También hay una ponencia alternativa que presentó el Centro Democrático en cabeza de la senadora Valencia.