La Corte Constitucional admitió parcialmente la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el senador Miguel Uribe Turbay en contra de la Ley 2381 de 2024, la cual establece el nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.
La acción legal, identificada como expediente D-16142, plantea posibles vicios en el procedimiento legislativo que, según el demandante, habrían vulnerado principios constitucionales durante su trámite en el Congreso.
Uribe Turbay argumenta que la ley, particularmente el artículo 3, infringe derechos fundamentales al estipular que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos deben aportar obligatoriamente a Colpensiones, limitando así la opción de cotizar en fondos privados y trasladando automáticamente los ahorros individuales al fondo público.
Este aspecto, según el demandante, vulnera el derecho a la propiedad privada al restringir la libre disposición de los aportes personales en fondos privados. La magistrada sustanciadora Paola Andrea Meneses Mosquera rechazó esta parte de la demanda por no cumplir los requisitos de claridad y especificidad, al considerar que no había pruebas suficientes de que la medida constituya una expropiación de facto ni que impida a los afiliados recuperar sus fondos.
Sin embargo, la Corte sí admitió el cargo relacionado con el presunto incumplimiento del principio de consecutividad, ya que Uribe alega que el Congreso de la República habría eludido su obligación de deliberar adecuadamente sobre la reforma. Este punto señala que la Cámara de Representantes habría adoptado sin suficiente discusión el texto previamente aprobado por el Senado, argumentando razones de tiempo a pesar de que el Congreso tenía facultades para extender sus sesiones.
Para el análisis de este cargo, la Corte ordenó la recolección de diversas pruebas, entre ellas, copias de las gacetas y actas de debate del Congreso sobre el proyecto de ley, además de un informe detallado de los tiempos y procedimientos en los cuales se aprobaron los textos de cada etapa legislativa. Asimismo, se solicitó la intervención de varias instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, y de organizaciones académicas y sociales que podrán aportar conceptos técnicos.
Este auto abre el camino para un examen más profundo sobre la constitucionalidad del trámite de la Ley 2381, cuyo objetivo es reformar el sistema pensional colombiano, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su alineación con los principios de transparencia y deliberación legislativa.