En una alocución, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a modificar la fórmula tarifaria del sector energético en Colombia. Según el mandatario, el país se destaca por ser el único en América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado, permitiendo a las empresas fijar precios de acuerdo con el mercado.
Petro destacó que “Colombia es el único país en América Latina donde el costo de la energía no está regulado por el Estado”. Esta falta de regulación, según el presidente, permite que las empresas “puedan fijar el precio de la energía según el mercado, lo que les permite especular”.
El presidente enfatizó que este sistema tarifario permite a las empresas producir energía a un costo bajo y venderla a precios significativamente más altos, creando una carga para los consumidores. Como explicó Petro, “una empresa en Colombia puede producir energía a un precio bajo, digamos mil pesos, y venderla a un precio mucho más alto, ligado a tarifas que tienen que ver con tecnologías muchísimo más ineficientes”.
El Jefe de Estado también criticó la concentración del mercado energético en manos de un reducido grupo de empresas, afirmando que “cinco empresas controlan el 70 por ciento de la generación de energía en nuestro país”. Según el presidente, estas empresas tienen el poder de manipular los precios en beneficio propio, en lugar de favorecer a la población general.
Afirmó que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”. Además, advirtió que “algunas de estas empresas tienen dueños compartidos, son los mismos al frente de las mismas empresas”, lo que intensifica la concentración de poder en el sector.
En su intervención, Petro argumentó que la fórmula tarifaria actual está diseñada para beneficiar a unos pocos en lugar de a los ciudadanos. “Esto es lo que llaman los técnicos la fórmula tarifaria, una fórmula matemática cuyas matemáticas están hechas para favorecer a los pocos que generan energía y para perjudicar a 55 millones de colombianos” . La modificación de esta fórmula se presenta como una medida crucial para enfrentar la especulación y proteger a los consumidores colombianos de cargas tarifarias injustas.