Ya está muy claro que para que el Gobierno pueda sacar adelante en el Congreso el proyecto de reforma tributaria requiere del concurso de la bancada de Cambio Radical.

La coalición oficialista de base (Centro Democrático, La U, conservadores y los partidos cristianos) apenas suman 50 votos en Senado y alrededor de 80 en la Cámara, números insuficientes para imponer la iniciativa. Así las cosas, sólo salvaría el proyecto si Cambio Radical, que tiene dos cuotas en el gabinete ministerial pero continúa siendo un partido de la franja independiente, suma apoyos en ambas corporaciones legislativas.

Sin embargo, ese respaldo no está asegurado. Por el contrario, ya el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, criticó que el Ejecutivo bautizara la reforma “con el apelativo de ley de solidaridad sostenible. Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible”.

Como sus colegas de otras colectividades, los legisladores de Cambio Radical han advertido que varios de los primeros anuncios del Gobierno sobre el contenido de la reforma (que debe ser radicada esta semana en el Parlamento) no serán secundados.

De hecho hubo ya un encuentro entre la bancada y el Ministerio de Hacienda para analizar el tema. Según el senador Richard Aguilar “se tuvo una reunión previa, quedamos en esperar a que se radicara el texto y tendríamos una reunión extraordinaria para mirar en detalle cada una de las propuestas y entrar, ahí sí, a poner ya las líneas rojas definitivas, porque mucho de lo que ha dicho el Gobierno ha reculado o ha manifestado que ya no lo va a presentar, un ejemplo lo del chocolatico”.

Es decir, le anotó el parlamentario a EL NUEVO SIGLO, que “no hay líneas rojas totalmente definidas. Lo que hay son algunas posturas que se han manifestado individualmente y que hay que llegar a un consenso entre todos”.

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¿Qué no se apoyaría?

En lo que podría existir consenso, explicó Aguilar, “es en que el régimen de los bienes de la canasta familiar del IVA exento no pase a un régimen de IVA excluido, porque esto afectaría la generación de empleo y, sobre todo, beneficiaría al producto importado. Entonces, decir que el pollo, el huevo, la leche pasen a régimen excluido, pues prácticamente todo el IVA que se cobra en la producción no se va a poder descontar y por ahí llegarán productos importados que no tienen esa carga en sus costos”.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Abraham Jiménez, también de Cambio Radical, consideró en diálogo con este Diario que eso “tiene dos efectos, pero el más perjudicial de todos es que deja a los productos colombianos en desventaja frente a los importados. Es decir, va a ser más barato un producto importado que uno nacional. Eso podría generar que se nos quebraran, aún más, los campesinos y la industria colombiana”.

Para Aguilar, “otras de las líneas (rojas) que se han trazado es no afectar a la clase media. Bajar tan abruptamente la base gravable de $4.500.000 a $2.500.000 creo que afectaría el ahorro y prácticamente la clase media. Unos creen que sí hay que generar mayor número de declaraciones, pero que el bajonazo no sea tan fuerte”.

Aunque todavía no hay consenso sobre la materia, Jiménez señaló que también hay prevención en la bancada sobre las pretensiones de volver permanente el impuesto al patrimonio. “Ese fue un impuesto que se creó para la guerra en algún momento de nuestro país, porque lo necesitaba la Fuerza Pública. Si ahora están diciendo que va a ser permanente, eso no lo podemos acompañar”, dijo.

“Una de las inquietudes del partido es el impuesto al patrimonio. Cree que es confiscatorio y está afectando la inversión, pero hacen relación al impuesto tal y como está actualmente aprobado, porque ha sido eliminado para el próximo año”, aclaró Aguilar.

“Y hay otros que creen que una línea roja es no permitir que se graven las pensiones desde $7 millones, sino a partir de valores mucho más altos. Para algunos en esto todavía no hay consenso”, mencionó Aguilar, en tanto que Jiménez sostuvo que “nos están hablando de pensiones. Creemos que el tema de pensiones sí hay que revisarlo, pero desde los $7 millones es imposible. Nosotros creemos que debe ser a partir de pensiones de $12 millones”.

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Financiación

“Lo que tenemos claro es que hoy el país sí tiene riesgos en materia de financiación. Nosotros nos tomamos prestados los recursos de los pensionados para pasar la crisis del coronavirus, pero ya hay que salir a buscar unos nuevos recursos para poder cubrir no solo el gasto social, sino todo el gasto nacional”, explicó Jiménez.

El congresista habló de revisar el gasto social: “Aquí se ha venido hablando hace mucho rato de que Colombia tiene una tasa de subsidios de $80 billones. De un presupuesto de casi $250 billones, 80 se nos van en subsidios. Entonces también tenemos que revisar esa materia. Estamos en un momento donde el Gobierno tiene que apuntar a austeridad y la eliminación de algunos gastos… Hay que revisar las exenciones tributarias que se tienen y mirar hasta dónde es capaz el Congreso de financiar nuevo gasto social, porque si el gasto social va a significar un aumento (de impuestos) desconsiderado para la clase trabajadora, estamos teniendo una suma cero al final o una suma negativa”.

Si “se están quebrando a los que tienen recursos ¿Qué va a hacer el que tiene recursos? Evadir. Y eso es lo que la gente no ha entendido, que eso es lo que ha pasado en los últimos años en Colombia”, indicó.

Sobre esto, Vargas Lleras ha dicho en sus columnas que “lo que se va a tramitar es, una vez más, una reforma que se aplicará sobre los de siempre, es decir, sobre el grupo de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias: los asalariados y las empresas formales. Poco o nada en cabeza de quienes, por emplear mecanismos de evasión y contrabando, se encuentran al margen de la tributación y dejan de transferir recursos al fisco por cerca de $40 billones al año. Y muy poco, también por razones políticas, que no técnicas, en ampliación de la base gravable del IVA, con excepción del equivocado traslado de los bienes exentos a la categoría de excluidos que discrimina y castiga a la industria nacional”.

Propuestas

De otra parte, Aguilar formuló algunas ideas sobre alternativas de recaudo que quizás no suplan completamente las ambiciones del Gobierno, pero que ayudarían al recaudo. Por ejemplo, que “el 29 de junio arranca la subasta de 5.204 bienes expropiados, que se cierra el 30 de agosto, en donde hay bienes avaluados por más de $5 billones”. Indicó que con “que tengamos $2,5 billones, la mitad la liquidación de esos bienes expropiados”, ese sería un dinero importante.

Otro planteamiento es que “si le debo unos impuestos a la DIAN y me eximen de una multa y de unos intereses, eso generaría mayor recaudo”, que calculó en “casi $7,5 billones”. Igualmente, “si nosotros decimos que posponemos por dos años el descuento del IVA en los bienes de capital, no descontamos el 100% como está actualmente, sino que descontamos un 50%, eso representaría $3,3 billones”. Además, “si posponemos por dos años el descuento del 50% del ICA, eso generará anualmente $1,5 billones; y si posponemos también el descuento del 4x1.000, eso nos va a generar $2,3 billones”.