El excanciller, Álvaro Leyva, fue inhabilitado por 10 años, luego de comprobar que existieron irregularidades durante el proceso para la licitación de pasaportes, al declararla como desierta.
Según argumentó la Procuraduría, el exfuncionario desconoció los principios de contratación estatal.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
De acuerdo con la Procuraduría, el canciller había sido suspendido el pasado 24 de enero por el mismo periodo por, al parecer, incurrir en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
De acuerdo con el proceso, la segunda falta de Leyva Durán fue por declarar la urgencia manifiesta sin que supuestamente existieran causales para adoptar esa determinación.
En ese sentido, el Ente de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
En ese sentido, la Procuraduría consideró que las condiciones existentes para la fecha en la que se ordenó la medida no han desaparecido, motivo por el cual de reintegrarse el disciplinado al cargo podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio.
De igual manera, la Procuraduría lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.
El proceso
El órgano de control que adelantó el juicio disciplinario, agregó que hasta el momento no se han aportado elementos probatorios que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos, por lo que confirmó que esta decisión se extenderá hasta el próximo 24 de julio de 2024.
Asimismo, se determinó que de reintegrarse Leyva Durán se activaría la posibilidad de que éste interfiera de manera nociva en el proceso que tiene lugar actualmente, dada la autoridad que éste tiene sobre los servidores públicos que fueron citados como testigos.