De acuerdo con la CIDH, la reforma a la Procuraduría no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro en julio del 2020, la cual afectó sus derechos políticos por una sanción disciplinaria de destitución.

En ese sentido, la Corte de Derechos Humanos cuestionó que el Ministerio Público todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular.

"Se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto", dice el documento.

Además, señalan que el Estado colombiano debería presentar acciones para evitar que un organismo distinto a un juez imponga restricciones a los derechos políticos de una persona elegida por elección popular.

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“En ese sentido, la reforma legal planteada por el Estado continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos, de manera incompatible con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención Americana y con el objeto y fin de dicho instrumento", comunicó la Corte-IDH.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) criticó la creación de 1.208 vacantes para la Procuraduría General de la Nación y afirmó que no tienen nada que ver con la sentencia proferida a Petro.

"Hubo una demanda que pone Gustavo Petro a Colombia en la CIDH por violación de derechos políticos, por una decisión administrativa se le estaban cercenando su derecho. En la comisión Interamericana de Derechos humanos se hace todo el proceso y saca una sentencia con tres puntos: una de estas es que en la Contraloría no se pueden imponer multas que terminan impidiendo que una persona no pueda ejercer funciones públicas y ¿qué termina pasando? se hace una simulación en la que la Procuraduría General va a generar doble instancia para -posteriormente- tener una doble conformidad  y esto va a funcionar como si fuera un juez penal, pero no somos jueces penales. Se va a terminar haciendo la contratación", afirmó barrios.

En ese sentido, el Partido Conservador citará una audiencia pública en el Congreso a la procuradora Margarita Cabello para que entregue explicaciones sobre la manera como se está aplicando el fallo. 

“Vamos a llamar a la procuradora general de la Nación para que explique, en audiencia pública desde el Congreso a todo el país, cuál fue la reforma que se hizo, para que expliquemos cuáles son esas reglas internacionales que se exigen para que la Procuraduría pueda seguir trabajando de manera natural”, dijo el congresista Juan Carlos Wills.