El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, habló con EL NUEVO SIGLO entre otros temas sobre los ajustes que para él son necesarios en el sistema pensional, acerca de las posibles demandas que se pueden presentar por el cambio de trazado del Metro de Bogotá, las anomalías que tiene el PAE; también del control que va a ejercer la entidad sobre el presupuesto público para que no se utilice en actividades proselitistas y cómo avanza la vigilancia en Hidroituango.

EL NUEVO SIGLO: ¿La Contraloría analizará el alcance del proyecto de reforma a la salud, sobre todo por su impacto fiscal y la cantidad de recursos públicos en juego?

CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ: A través de nuestra Delegada para el Sector Salud estamos analizando minuciosamente el proyecto de Ley 339 de 2023 de la Cámara de Representantes, mediante el cual se reforma la institucionalidad del sector y del servicio de salud.

El próximo mes, la Contraloría presentará al Congreso de la República un documento de carácter técnico en el cual mediremos el impacto fiscal que tendría la reforma a la salud en el escenario de su materialización en los términos planteados.

Será un análisis autónomo e independiente que pondremos en consideración del Legislativo, haciendo uso de las facultades de control preventivo y concomitante que tiene la Contraloría. Se trata de prevenir si eventualmente existe alguna circunstancia que haya que mirar con cuidado desde el punto de vista técnico y presupuestal.

Vamos a evaluar entonces las implicaciones que tendría desde el punto de vista fiscal esta reforma y si se sujeta al marco fiscal de mediano plazo. Así se lo hice saber a la ministra de Salud en reciente reunión que sostuvimos. También lo voy a dialogar con el ministro de Hacienda. Cualquier posible afectación a la estructura presupuestal del sistema y a las cargas que demande la prestación del servicio, debe ser medida y soportada en estos asuntos medulares.

ENS: Conociendo la dimensión de la corrupción en departamentos y municipios, ¿no cree que es riesgoso dejar en manos de los gobiernos territoriales el manejo de los millonarios recursos del sistema de salud?

CHR: Todos los procesos de asignación de recursos a grandes segmentos poblacionales implican un volumen significativo de operaciones, que tienen implícito un riesgo determinado, bien sea por errores o fraude. Ahora bien, en la medida en que más agentes estén participando en el proceso del flujo de recursos para la salud, el riesgo inherente tiende a incrementarse como consecuencia de la fragmentación de la responsabilidad.

Ese riesgo crece con la imposibilidad técnica, humana o material para detectar errores o fraudes en todos los ciclos del flujo de recursos, es decir, se potencializa con la precariedad o inexistencia de mecanismos internos de control en las entidades territoriales y en el nivel central de la administración sobre la gestión de estos recursos. Esto obedece, entre otras cosas, a capacidades administrativas limitadas y, lo más grave, a omisiones que propician el error o el fraude.

Hay algo muy importante que debo señalar sobre la gestión de los recursos de la salud: antes de la Ley 1438 de 2011, cuando las administraciones territoriales contrataban con las administradoras del régimen subsidiado, en los ejercicios de fiscalización que realizaba la Contraloría General de la República se observaban múltiples hallazgos, algunos fiscales, que tenían como causa fallas en los sistemas de control sobre estos recursos.

Hoy, transcurrida más de una década, muchas de las administraciones territoriales han mejorado sus capacidades de control interno, pero se siguen detectando las mismas causas sobre la gestión de los recursos de salud pública, es decir, que la causa no ha sido suficientemente anulada. 

En conclusión, se debe considerar esta situación y la disparidad en la capacidad de detección de los riesgos inherentes de la gestión fiscal sobre los recursos destinados para la salud por parte de las entidades territoriales, aspecto que se está contemplando por parte de la Contraloría, como un reto en la fiscalización del dinero público de la salud.

ENS: ¿Cuál es la postura del jefe del ente de control fiscal sobre los ajustes que requiere el sistema pensional?

CHR: No hay duda que es necesario corregir las falencias y debilidades que ha mostrado el sistema actual de pensiones en sus tres décadas de funcionamiento, sobre todo en el tema de sostenibilidad fiscal. Y es claro que se requiere adoptar un modelo que racionalice la carga que está generando sobre las finanzas públicas, para que siendo sostenible y equitativo tenga una mayor cobertura.

En este tema de la reforma pensional, como en el de la reforma a la salud y la transición energética, la Contraloría va a evaluar su correspondiente impacto desde el punto de vista fiscal, a mediano y largo plazo.

Precisamente, en un reciente foro que realizó la Contraloría sobre la reforma pensional, algunos de los expertos que participaron advirtieron, por ejemplo, sobre los impactos que puede tener la reforma desde el punto de vista presupuestal y también los riesgos que probablemente podría significar contar con un solo fondo de pensiones, una propuesta que dieron a conocer allí las organizaciones sindicales

ENS: Hay quienes consideran que un cambio en el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá podría generar demandas a entidades oficiales y perjuicios al erario. ¿La Contraloría hará algún pronunciamiento al respecto, en el marco de la vigilancia preventiva y concomitante?

CHR: La acción conjunta y coordinada entre la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá se realizará sobre la gestión fiscal relacionada con la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de la primera línea del Metro para Bogotá - Tramo 1, que comprende, entre otros aspectos, el contrato de concesión, contrato de interventoría, gestión predial, traslado de redes y la gerencia del proyecto (PMO). Así mismo, incluye las troncales complementarias, troncales alimentadoras y la primera línea del Metro.

Y debo dejar claro que la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión en aspectos de su esencia, no meramente accidentales, es un asunto que tendrá que ponderar la entidad contratante, a partir de los juiciosos conceptos jurídicos que han emitido reconocidos juristas y conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El cuidado que debe tener cualquier gestor fiscal, debe estar estrechamente ligado a la prevención del riesgo de daño antijurídico, lo que, por obvias razones, no es garantía de que no le sean planteados litigios, pero insisto, el camino debe ser siempre el mejor, más técnico y más eficiente uso de los recursos públicos.  

ENS: ¿La Contraloría ya tomó cartas en el asunto en torno a la oposición de la SAE a la venta de acciones de la Triple A a la Alcaldía de Barranquilla?

CHR: Lo primero es que debo celebrar que el alcalde de Barranquilla y la SAE hayan llegado a un acuerdo sobre el procedimiento que se debe seguir en la compra de acciones de la empresa Triple A. La Contraloría General de la República no es el juez de ese contrato ni de algún otro de carácter estatal.

Y claro que hemos tomado cartas en este asunto: lo que se encuentra en línea con nuestras atribuciones constitucionales y legales es que debemos establecer, como en efecto lo estamos haciendo a través de una indagación preliminar que se tramita en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, es determinar desde lo técnico si se presentó alguna irregularidad en la valoración de las acciones de la empresa que administra la SAE y si, en el escenario de una eventual deficiente valoración de las mismas, se produjo un detrimento de los recursos públicos.

El resultado de dicha actuación será dado a conocer al país de forma oportuna y en los términos que legalmente nos es demandado.

• Le puede interesar: Uribe pide consulta popular sobre reforma al sistema de salud

ENS: Ante las nuevas anomalías con el PAE, hay más voces de gobernadores y alcaldes que piden que el manejo de este programa pase al ICBF. ¿Esa podría ser la solución para que centenares de miles de estudiantes dejen de aguantar hambre en sus aulas?

CHR: El PAE es un programa de extrema importancia y máxima sensibilidad para la Contraloría General de la República porque lo es para el país, ya que muchas veces los alimentos que se ofrecen en las escuelas son la única comida que los estudiantes reciben en el día. En 2019, el gasto del PAE era de aproximadamente $2,4 billones, con una cobertura aproximada del 70 % de la matrícula registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat). En 2022, el gasto total del PAE fue de alrededor de $2,8 billones, con una cobertura del 70 % de la matrícula del Simat.

Importante mencionar que el PAE ha presentado diversas irregularidades en su administración, como retrasos en el inicio del programa, debilidades en la supervisión y seguimiento, problemas en la calidad de los alimentos suministrados y presuntos sobre costos en programa. Y todas estas problemáticas han sido objeto de hallazgos y procesos de responsabilidad fiscal en el marco de la vigilancia y control que adelanta la CGR.

En esa medida, el cambio de administrador del programa, si bien puede ser considerado y revisado, no es la única solución o parte de los elementos estructurales de los problemas que afronta el PAE para mejorar su implementación.

Es necesario avanzar en la ampliación de su cobertura, desarrollar mecanismos que garanticen una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la implementación del programa, como el análisis de costos regionalizados, atados a necesidades territoriales, que eviten sobrecostos en el mismo, y un sistema de seguimiento efectivo que permita tener control sobre los insumos, tiempos, accesos y costos en la entrega de los alimentos por parte de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Si se logran esos avances, es posible garantizar una implementación efectiva del programa en todo el país y, de esta manera, garantizar que los estudiantes beneficiarios del programa reciban una alimentación adecuada y que los beneficiosos efectos que genera en el sistema educativo se consoliden como el motor trasformador del cambio y la educación, como bandera de la movilidad social efectiva.

ENS: ¿El Gobierno hizo eco a la tesis de la Contraloría en torno a no afectar la autonomía de la CREG?

CHR: Debo decir sobre este tema que el presidente de la República tiene la facultad para avocar de manera directa esa competencia y lo que la Contraloría ha señalado en este tema es que el ejercicio directo de esa función debe realizarse con carácter técnico y acorde con los principios y criterios tarifarios señalados en la Ley 142 de 1993.

Recomendamos que la intervención se haga con todo el rigor técnico y de responsabilidad, de tal manera que no se vaya a poner en riesgo la seguridad energética del país.

También es importante mirar las necesidades reales de los usuarios. Como lo dije en mi reciente visita a Hidroituango, lo que es innegable es que ha habido un abuso frente al tema de la estructura tarifaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la Costa Caribe, donde se ha dado un incremento tarifario permanente y una pésima prestación del servicio.

ENS: A ocho meses de las elecciones regionales, ¿qué está haciendo el ente de control fiscal para evitar que el presupuesto público se utilice para actividades proselitistas?

CHR: Para el escenario del ejercicio democrático que comenzó con el propósito de elegir las corporaciones y las administraciones regionales, la Contraloría General de la República tiene el ojo avizor como producto de experiencias vividas. Hay riesgos perfectamente determinados en las modalidades de contratación y en las formas en que históricamente se han presentado actos de corrupción al elector con recursos públicos. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, articulada como históricamente lo ha estado con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría General de la Nación y con otros organismos del estado en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), como instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, está desde ya en alerta máxima. He instruido igualmente a todas las contralorías delegadas con el fin de que, en eso de la experiencia adquirida, agudicen en sus auditorías las líneas de investigación en las prácticas que histórica y recurrentemente son usadas para corromper al elector con recursos públicos.

ENS: Si el Gobierno insiste en la estatización de muchas actividades que hoy están en manos del sector privado, ¿requerirán los entes de control más presupuesto y personal para vigilar que no se roben o malgasten el erario?

CHR: El criterio fundamental del ejercicio del control fiscal es la naturaleza del recurso, es decir, que sea público, en esta medida, la tarea de vigilancia y control en cabeza de las contralorías podría variar en el deber de ampliar su espectro de sujetos de control, pero no porque hayan nuevos recursos que vigilar. Habrá que analizar entonces si, en dado escenario, las capacidades técnicas, presupuestales y humanas de los órganos de control son suficientes, escasas o excesivas.

ENS: ¿Cómo avanza la lupa sobre Hidroituango?

CHR: Estuve en Hidroituango el pasado 7 de febrero, recorrí la casa de máquinas, miré el funcionamiento de las unidades de generación y los diferentes equipos de control. Salí tranquilo. Es evidente que el proyecto ha venido avanzando. De las ocho unidades, ya se entregaron dos y allí mismo, durante mi visita, se comprometieron a que en octubre o noviembre se entregan en funcionamiento otras dos.

Ahora, me preguntan siempre por el tema de una nueva posible responsabilidad fiscal y yo lo dije allá: dejemos que el proyecto entre totalmente en funcionamiento, que el contrato termine su ejecución y en el marco de nuestras competencias llevaremos a cabo el control posterior y selectivo determinando si efectivamente los recursos públicos destinados al proyecto se invirtieron adecuadamente.

Y en cuanto al problema de los seguros, no se tiene una póliza de todo riesgo y es un tema que he hablado con el gerente de EPM para que se gestione lo necesario al respecto y de hecho sé que ha logrado algunos acuerdos para tener la máxima cobertura.