LA SITUACIÓN de la salud sigue en cuidados intensivos en el país, según lo muestran distintos síntomas, como el incremento de reclamaciones de los usuarios; el importante desfase que se registra entre los recursos que entrega el Estado a las EPS por servicios y medicamentos no previstos en el plan de beneficios y lo que realmente les cuesta; la incertidumbre por la intervención de la Superintendencia a siete de estas empresas, las cuales suman más de 22 millones de afiliados, entre otros.
En este panorama, cabe recordar que la fallida reforma que presentó el Gobierno en febrero de 2023 estaba orientada a reivindicar el derecho fundamental a la salud, fortalecer la atención primaria y eliminar la intermediación financiera que hacen las EPS.
Sin embargo, los profundos cambios del proyecto al sistema y la falta de acordarlos con las diferentes fuerzas políticas para llevar a cabo los ajustes necesarios y mantener lo que ha funcionado, según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, hicieron que se hundiera en mayo pasado en el Senado.
El pasado martes, la Superintendencia Nacional de Salud informó sobre un incremento del 15,51% en mayo de este año en las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (Pqrs) en el servicio en comparación con el mismo mes en 2023, al pasar de 126.401 a 146.002 registros.
La mayoría de los reclamos de los usuarios, 132.050 registros, es por barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud. Por insatisfacción con procesos administrativos se presentaron 10.961; por atención en salud, 2.863; y por infraestructura y logística, 128.
Una de las EPS que vio más incrementadas las quejas en mayo de este año fue Compensar, pues registró 7.340, mientras que en igual mes en 2023 contabilizó 989. Esta situación se dio después de que en abril pasado pidió su liquidación a la Superintendencia, argumentando la compleja situación financiera que atraviesa el sistema.
En este sentido, vale reseñar la reciente encuesta Poll de Invamer, en la cual ante la pregunta “considera usted que la calidad y cubrimiento de salud en Colombia está mejorando o empeorando”, el 72% opina que está desmejorando y el 20% que está mejorando.
Hueco en el financiamiento
El portal Sectorial, especializado en contenido económico, presentó un informe sobre la actualidad y perspectiva del sector salud. En ese sentido, realizó un análisis sobre la suficiencia de recursos No UPC, es decir, los denominados presupuestos máximos que entrega el Estado a las EPS para que puedan cubrir los servicios y medicamentos que no están contemplados en el PBS (Plan de Beneficios en Salud), en los regímenes contributivo y subsidiado.
El estudio indica que “al comparar los giros de recursos realizados por la Adres a cada EPS por presupuestos máximos con lo reportado por la EPS en sus estados financieros como costos No UPC en 2023, se identifica un desequilibrio de $1,5 billones”.
Expone, del mismo modo que en el 2022 se observa que los costos No UPC reportados por las EPS exceden en $1,9 billones a los giros de recursos de presupuestos máximos realizados por la Adres a cada EPS.
Agrega el informe que “en 2023, la relación entre costos e ingresos en el aseguramiento arrojó una siniestralidad de 104,9% y al analizar la siniestralidad combinada con los gastos, esta subió al 109,5% para todo el sistema”.
Además, hace énfasis en que “el hueco en el financiamiento del sistema de salud colombiano ascendió a $15,9 billones y está explicado por la falta de pago de deudas del Acuerdo de Punto Final y la insuficiencia histórica de los recursos para cubrir los costos y gastos del sistema (UPC y No UPC). En 2024 esta cifra se reduciría a $13,9 billones por el pago de los Presupuestos Máximos de vigencias anteriores”.
El estudio proyecta que en 2024 el sistema de salud necesitará $99,6 billones. Por lo tanto, los recursos de la UPC deberían aumentar un 21% y los recursos no PBS deberían incrementarse en un 10,4% con respecto a 2023.
Advierte que “bajo las condiciones actuales, el sistema enfrentará un déficit de financiamiento de $9,5 billones en 2024, y no se habrían corregido los faltantes históricos estimados, lo que resultaría en un déficit total de $23,4 billones (1,5% del PIB proyectado a 2024)”.
Finalmente, señala varias consecuencias de no corregirse esta situación, una de ellas que “con la disminución en la oferta de servicios, habrá un aumento en el número de pacientes que no podrán acceder a la atención médica necesaria. Esto es particularmente crítico en áreas rurales y zonas desfavorecidas donde las opciones de IPS son limitadas”.
Preocupación de los pacientes
Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, dijo a EL NUEVO SIGLO, que “pronto va a haber un apagón dentro del sistema. ¿Qué quiere decir el apagón?: si la plata se agota, pues nadie va a seguir prestando los servicios de salud”.
Agregó que “los expertos dicen que en macroeconomía de la salud que la plata que hay alcanza hasta septiembre y que este año las pérdidas del sistema serán de $9 billones. Ningún sector tiene como asumir $9 billones”.
Silva, también expresó que en un apagón del sistema de salud a lo mejor las IPS van a decir “no tenemos músculo financiero para seguir atendiendo a los pacientes”. “Si no hay músculo financiero muchas IPS van a cerrar servicios”, afectando a los pacientes.
Igualmente, señaló que las empresas que dispensan medicamentos ya han dicho “no tenemos más capacidad para seguir financiando el sistema de salud”. Entonces, Silva previó que “el suministro de medicamentos se va a ver afectado, y todo eso lo va a recibir el usuario”.
Denunció que en este momento “los pacientes crónicos que requieren servicios todos los meses ya no lo están recibiendo mes a mes, sino cada dos meses. Con el apagón al sistema de salud esto se va a ir incrementando”.
Añadió que lo que se ve venir es que “vamos a tener un semestre en donde todo el mundo va a estar volcado a la reforma al sistema de salud, que hoy no hay consensos, nadie sabe para dónde vamos con la reforma y si la reforma resuelve los problemas que hoy tenemos”.
Silva, por último, mencionó que las alternativas para resolver la crisis es que el presidente o el ministro de Salud se siente a trabajar con todos los agentes del sistema; que el Gobierno sea respetuoso de las órdenes de la Corte Constitucional de ajustar los presupuestos máximos, que no ha hecho hasta ahora; que pague los ajustes del 2022 y 2023 por la plata que las EPS pagaron adicional de lo que estaba proyectado; y tercero que cancele lo adeudado del Acuerdo de Punto Final.
Proyecto de reforma
Un total de 21 asociaciones médicas y científicas que integran el grupo de “Acuerdos Fundamentales”, dieron a conocer ayer un proyecto de ley para reformar el sistema de salud, que espera ser radicado el próximo 20 de julio.
Esta iniciativa se suma a otra que anunciaron radicarán en la próxima legislatura los ocho congresistas que en la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma a la salud del Gobierno.
El proyecto de las asociaciones médicas y científicas establece un modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, basado en la atención primaria. También prevé que las Entidades Gestoras de Salud, hoy EPS, se enfocarán en la gestión del riesgo.
En materia de financiamiento define el proyecto que “el Gobierno nacional asignará al sector salud un porcentaje creciente anual, en términos reales, del Presupuesto General de la Nación. En ningún caso, este porcentaje será inferior al mayor valor entre el IPC causado y el del incremento del salario mínimo legal vigente”.