El tema de la responsabilidad que los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc tienen con las víctimas se puso de nuevo sobre el tapete esta semana en un encuentro que organizó la Comisión de la Verdad, con el fin de que excomandantes aceptaran que el secuestro fue una práctica sistemática de esta organización en el escenario del conflicto armado.
Uno de los aspectos que más trascendió de este encuentro fue lo que dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 por esa guerrilla en el departamento del Caquetá cuando hacía campaña para su candidatura presidencial a las elecciones de ese año, y luego liberada por el Ejército en 2008, que en su intervención ante los presentes manifestó que “oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor, los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos, y me cuesta trabajo no seguir llorando, pero debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima”.
Esas palabras de Betancourt fueron dirigidas a los excomandantes Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pastor Álape, haciendo alusión a que cuando ellos en este encuentro de la Comisión de la Verdad manifestaron su reconocimiento a nombre de las Farc de la responsabilidad en los secuestros, y aceptaron que se infligió hondo sufrimiento a las víctimas, no derramaron una sola lágrima, como sí lo hicieron ella y otros afectados por el flagelo del plagio, ya sea directamente o a un familiar suyo, quienes con la voz quebrada por la emoción contaron cómo esta experiencia les cambió su vida.
Carlos Antonio Lozada, consultado por medios, explicó frente a la observación que hizo Betancourt, "no he llorado, pero eso no significa que no tenga sentimientos. No se puede decir que se es inhumano porque no se derrama una lágrima. Yo no puedo pararme a fingir, a lanzar lágrimas de cocodrilos si en ese momento no tenía ganas. No tengo por qué llorar si no me nace. Por supuesto que me conmueven las víctimas, en ese momento no tenía por qué llorar".
Agregó que "nosotros hemos asumido responsabilidades y estamos dándoles la cara a las víctimas, pero toda la sociedad es responsable".
El compromiso
La responsabilidad de los exintegrantes de las Farc, específicamente los que ejercían mando, con las víctimas emana del Acuerdo de Paz que esa organización firmó con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016, en el que se comprometen a decir la verdad sobre las acciones que cometieron en el conflicto armado, por un lado como aporte a las investigaciones que la justicia adelanta por crímenes, desapariciones, extorsiones, narcotráfico; pero también para reparar con verdad a las víctimas entregando información, por ejemplo, del paradero de algún familiar suyo que alguna vez se llevaron y no se volvió a saber de él.
En esta materia los desmovilizados de las Farc han venido entregando versión desde hace cerca de tres años en múltiples audiencias convocadas en varios de los 7 casos que se adelantan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad (secuestro); la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); situación territorial de la región de Urabá; situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; así como reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
No obstante las víctimas se han quejado en repetidas oportunidades que en muchas ocasiones los exintegrantes de las Farc que comparecen ante la JEP no dicen toda la verdad en sus declaraciones, la dicen a medias o algunas veces, incluso, se niegan a reconocer su responsabilidad.
La otra obligación que tienen los exintegrantes de las Farc con las víctimas tiene que ver con la reparación económica por el daño causado. Al respecto, la desmovilizada guerrilla solamente proporcionó 4% del total de los bienes que se comprometió a devolver de acuerdo con el inventario que entregó en 2017 para reparar a las víctimas.
Así está consignado en el informe que radicó la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante la Fiscalía General de la Nación sobre los bienes inventariados por las antiguas Farc.
Los bienes susceptibles de monetización sumaban $548.078 millones representados en oro, dólares, dinero en efectivo, bienes inmuebles, bienes muebles, ganado y vehículos. Pero al 31 de diciembre de 2020 fueron monetizados $42.680 millones, lo que equivale al 4% del total inventariado inicialmente, y al 8% de lo que podría ser monetizado, según esta entidad.