UNA SEMANA después de las elecciones regionales y locales es evidente que el nuevo mapa político que se configuró en las urnas empieza a tener sus primeras consecuencias.

De un lado, con el avance de los escrutinios queda más que claro que los partidos de centroderecha terminaron siendo los triunfadores de la jornada y que la izquierda radical y la centroizquierda registraron un retroceso bastante significativo.

El voto castigo, tanto a los mandatarios que se eligieron en 2019, como a la gestión del gobierno Petro tras 15 meses de accidentado periodo, tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazos.

Por ejemplo, para no pocos analistas, un mapa que publicó el presidente Petro en sus redes sociales, en donde quiere dar a entender que al Pacto Histórico y socios políticos les fue bien en el pulso por el poder regional y territorial, lo único que terminó evidenciando fue, precisamente, todo lo contrario.

Según el trino del presidente, “este es el mapa político de Colombia en las elecciones pasadas. En rojo fuerte las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial. En azul fuerte las gobernaciones ganadas por la oposición. En rosado, independientes que se acercan al Gobierno; en azul claro, independientes que se acercan a la oposición. Gobernaré para todos. Como ven, el panorama es muy alejado del relato mediático”.

Esa confusa explicación del primer mandatario termina cayéndose fácilmente y se compara con los partes de victoria dados por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, Nuevo Liberalismo y otros movimientos y colectividades políticas que están claramente en la orilla contraria al gobierno de izquierda.

De igual manera, las propias controversias que se han suscitado dentro del Pacto Histórico a lo largo de esta semana constatan que el partido de gobierno, más allá de interpretaciones acomodaticias de los resultados electorales, empieza a aceptar la realidad política e incluso a cruzar señalamientos entre distintos sectores de la coalición en torno a quién tuvo la mayor responsabilidad en el descalabro electoral.

Por ejemplo, los drásticos diagnósticos que hizo el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, señalando que el Pacto Histórico estaba roto y que había perdido el plebiscito en las urnas en que se terminaron convirtiendo estas elecciones, generaron una serie de reacciones contra el exsenador petrista. Reacciones que en un comienzo se dirigieron a tratar de desmentir la crisis del bloque base de la Casa de Nariño, pero que poco a poco empezaron a evolucionar a que sí hubo una debacle y la culpa la tuvieron distintos factores que van desde errores en el manejo presidencial de la coalición, falta de disciplina partidista, atomización de más de una decena de personerías jurídicas, fallas en la estrategia de comunicaciones del Ejecutivo y un apresuramiento en la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria en marzo pasado, cuando el propio jefe de Estado expulsó de la misma a liberales, conservadores y la U.

De hecho, para los próximos días está citado una especie de ‘retiro espiritual’ del Pacto Histórico en el que, según se lo dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO una alta fuente de la colectividad, “…nos vamos a sacar los trapitos al sol y, a puerta cerrada, realizaremos un ejercicio de autocrítica y de revisión de la estrategia política no solo frente a la agenda del Congreso, sino frente a una oposición que, envalentonada por los resultados del domingo, se nos va a venir encima”.

Aunque se alcanzó a especular esta semana que el presidente Petro estaba pensando en aplicar un nuevo remezón en el gabinete, fuentes palaciegas confirmaron a este diario que “por el momento” no habrá relevos ministeriales. Incluso, se indicó que el aplazamiento de esto se decidió como una estrategia para no demostrar ante el país y los sectores contradictores que estaban “rodando cabezas” por lo que ocurrió en las urnas.

Sin embargo, en el petrismo crecieron las voces esta semana que exigían desde la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hasta la urgencia de definir si el liberalismo, como partido, estaba o no con el Gobierno.

“…El expresidente Gaviria y los liberales en general están cobrando que ganaron en muchas gobernaciones y alcaldías porque han hecho fuerte oposición a las reformas del Gobierno, pero otra cosa es lo que dicen parlamentarios de ese partido en la Cámara, en donde nos están ayudando con la reforma a la salud y sostienen que todavía son una colectividad de gobierno, porque oficialmente no se han declarado independientes ni oposición”, le dijo un parlamentario de izquierda a este diario.

Coletazo político

Precisamente, el aplazamiento a mitad de semana del debate al proyecto de reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara es leído por muchos congresistas y analistas como una consecuencia directa del nuevo mapa político dejado por las urnas el domingo pasado.

Según algunos de los parlamentarios, si la iniciativa reanudaba su votación ese día, las posibilidades de que se hundiera eran muy altas, más aún porque, además del coletazo electoral, estalló de forma paralela la crisis por la restricción del suministro de medicamentos de la EPS Sanitas por parte de la compañía Cruz Verde, alegando una deuda superior a los $400.000 millones.

Mientras que la EPS y el ministro de Salud se trenzaron en una controversia en torno a quién tenía la responsabilidad en este delicado asunto, se evidenciaban los graves problemas financieros del sistema de atención médica. Voces de la oposición reiteraron su tesis en torno a que desde el Gobierno se estaría maniobrando para forzar la insolvencia de todo el esquema asegurador y prestacional, como medida para justificar la aprobación del proyecto que se encuentra en trámite en la Cámara.

De igual manera, desde el Senado empezaron a multiplicarse las posturas de algunos congresistas que consideran que debe estudiarse la posibilidad de impulsar un debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva debido a las polémicas posturas del gobierno Petro sobre el conflicto en la Franja de Gaza y la crisis diplomática que se agravó esta semana con Israel.

Para un senador conservador, si un debate como este llega a aprobarse es muy posible que el Gobierno termine forzado a retirar al ministro antes de que la figura de sanción política sea aprobada en la Plenaria, en donde los independientes y la oposición tienen el suficiente número de votos para derrotar al Ejecutivo.

De otro lado, desde distintos sectores del Pacto y dirigentes de izquierda se pidió esta semana que, ahora sí, se optara por aterrizar la propuesta de “acuerdo nacional” que tantas veces ha puesto sobre la mesa el presidente Petro, pero que no se ha concretado por su negativa al concertar las reformas de salud, pensional y laboral.

De hecho, el propio expresidente Uribe, jefe natural del Centro Democrático, volvió a insistirle al Gobierno en que hay que avanzar a ese “acuerdo nacional”, sin que desde el Ejecutivo se le diera una respuesta clara y positiva a su propuesta que, obviamente, parte de la base de ajustar el articulado de las reformas que se encuentran trabadas en el Congreso.

Primeros choques

Entre las consecuencias a mediano plazo que tendrá el nuevo mapa político, una de las que más preocupa es cómo será la relación entre el presidente Petro y los nuevos alcaldes y gobernadores a partir del próximo 1° de enero.

El jefe de Estado dijo esta semana que está listo para trabajar con los mandatarios electos e incluso anunció que tendrá reuniones con ellos en la próxima semana, con el fin de empezar a definir planes de acción conjunta y en distintos aspectos.

Sin embargo, ya esta semana se empezaron a evidenciar unas primeras y muy diplomáticas diferencias de criterios.

Por ejemplo, el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que no admitirá ningún cambio en el diseño elevado de la primera línea del metro, enfatizando que mantendrá una relación de respeto y colaboración con la Casa de Nariño, en la que, sin embargo, se respeten las autonomías y decisiones jurisdiccionales del Distrito.

Asimismo, tras revelarse el jueves que la guerrilla del Eln es la que tiene secuestrado al padre del futbolista de la Selección Colombia y Liverpool de Inglaterra Luis Díaz, muchos de los gobernadores y alcaldes y electores reaccionaron condenando el proceder de esa facción subversiva y advirtiendo que era necesario un ajuste, no solo en la implementación de la política de paz del Ejecutivo, sino en materia de una mayor operatividad de la Fuerza Pública en las regiones para contener el pico delincuencial que se está registrando.

De hecho, alcaldes electos como Federico Gutiérrez en Medellín o Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga reiteraron la necesidad de una reformulación de la estrategia de seguridad urbana.

Por el momento, siendo claro que los alcaldes de las principales ciudades del país y la mayoría de los gobernadores están en una orilla distinta a la del gobierno de izquierda, lo que se evidencia en el escenario es que es muy posible que más temprano que tarde comiencen a generarse cortocircuitos entre el Gobierno Nacional y los regionales y locales.

Es más, a raíz de la ya mencionada crisis por el suministro de medicamentos a Sanitas, varios de los mandatarios que asumirán el primer día de 2024 advirtieron que el Gobierno tenía la obligación de afrontar esta delicada situación, así como la de muchos hospitales públicos y privados a los que se les adeudan más de 18 billones de pesos.

Otros de los temas mencionados desde el domingo pasado por los entrantes titulares de las administraciones departamentales y municipales hacen referencia a la escalada inflacionaria, la desaceleración de la caída del desempleo, el duro impacto que tendrán las alzas de los combustibles al cierre de este año, los crecientes efectos lesivos del fenómeno de El Niño, así como las implicaciones de los anunciados paros por parte de taxistas y camioneros. En todos ellos, los elegidos exigieron medidas urgentes y efectivas del gobierno.

Baraja presidencial

En tercer lugar, las consecuencias a largo plazo de lo ocurrido este domingo en los comicios territoriales ya se empezaron a vislumbrar.

De un lado, el claro triunfo de los partidos de centroderecha y la elección de dirigentes como Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Dilian Francisca Toro, e incluso la inhabilitación a largo plazo de Rodolfo Hernández, están obligando a barajar de nuevo los escenarios que se venían construyendo respecto a lo que puede ser la contienda presidencial de 2026.

Con los ya mencionados fuera de competencia, es evidente que nombres como los de Germán Vargas Lleras, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Efraín Cepeda y otros perfiles de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y conservadores empiezan a ser mencionados en un eventual partidor de precandidaturas. Igual ocurre con Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán en las corrientes del liberalismo, en tanto que se da por descontado que nombres como los de Sergio Fajardo o Jorge Enrique Robledo, cabezas visibles de Dignidad y Compromiso, ya entraron al ostracismo político y electoral tras sus malos resultados en las parlamentarias y presidenciales del año pasado, así como en las regionales que se acaban de realizar.

En cuanto a las toldas de la izquierda, resulta claro que por el momento solo hay tres nombres que empiezan a tener algún tipo de eco de cara a la sucesión de Petro en el 2026. La vicepresidenta Francia Márquez, la saliente alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y la senadora María José Pizarro. Las tres, sin embargo, también quedaron salpicadas por la debacle electoral de la centroizquierda el domingo pasado, así como por la alta impopularidad y criticadas gestiones de Petro en estos 15 meses de mandato.

¿Entonces?

Como se ve, las elecciones del domingo pasado constituyen un golpe político para Petro y su gobernabilidad. Resulta evidente que su administración recibió una contundente desaprobación en las urnas y ese es un hecho político que no se puede esconder ni subdimensionar por más cuentas ‘creativas’ e interpretaciones ‘audaces’ de los resultados en materia de gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

Tras lograr el año pasado, en segunda vuelta, más de 11,2 millones de votos a su favor, 15 meses después, muy poco de ese potencial electoral se reflejó en el pulso político por el poder regional y local, que había sido puesto como una prioridad por el Pacto Histórico desde mediados del año pasado.

Por el momento, no se han conocido encuestas sobre cuál será el impacto de este resultado electoral en las ya de por sí bajas popularidad y favorabilidad presidenciales, que antes de los comicios superaban el 60 % negativo en promedio.

Sin embargo, algunos analistas consideran que esos dos indicadores se seguirán complicando para la Casa de Nariño como consecuencia del voto castigo en las urnas, la crisis diplomática con Israel, el secuestro por parte del Eln del papá de Luis Díaz, el nuevo impuesto a las bebidas y alimentos ultraprocesados, así como las anunciadas alzas en la gasolina y los paros que estarían organizando taxistas y camioneros durante noviembre.

En ese orden de ideas, algunos analistas y dirigentes políticos consideran que al jefe de Estado solo le estarían quedando dos alternativas para afrontar los dos años y nueve meses de mandato que le restan. La primera sería seguir radicalizándose en sus políticas, reformas y discursos, con el fin de profundizar la polarización y dividir más al país entre partidarios y detractores.

La otra opción sería la de actuar en consecuencia de la realidad política confirmada en las urnas el domingo pasado y proceder, de una vez por todas, a aterrizar un “acuerdo nacional” real, en donde no solo se concierte de forma efectiva el alcance de las reformas y se destrabe la agenda legislativa, sino que logre un margen de gobernabilidad que le permita aplicar su Plan Nacional de Desarrollo de forma efectiva.

¿Qué hará el jefe de Estado? Esa es la pregunta que falta por responder.