El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció que la demanda contra la Reforma Pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro tendrá una decisión de fondo a mediados de marzo. Según el magistrado, este proceso es el que registra mayores avances entre las 53 demandas interpuestas contra la ley.

Ibáñez, encargado de la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, indicó que en los próximos días radicará el proyecto de fallo y espera que la Sala Plena de la Corte adopte una decisión en un plazo aproximado de cuatro semanas. “Esta semana se radicará la ponencia para que empiece la Sala Plena a abordar su estudio. Yo calculo que en unas tres o cuatro semanas, a más tardar cinco, la Sala Plena estará adoptando una decisión de mérito y de fondo en relación con ese tema”, declaró el magistrado.

Recusación contra magistrado rechazada

En el desarrollo del proceso, la Corte Constitucional rechazó la recusación presentada por la senadora Valencia contra el magistrado Vladimir Fernández, quien previamente fue secretario jurídico de la Presidencia de la República. El tribunal consideró que la solicitud no era procedente, ya que no cumplió con el requisito de oportunidad al no haber sido presentada en los tiempos establecidos. Según el Alto Tribunal, el principio de oportunidad exige que la recusación sea radicada junto con la demanda. En este caso, Valencia interpuso la demanda el 18 de julio de 2024 y posteriormente presentó la recusación, lo que llevó a su rechazo.

Los argumentos de la demanda

La demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia se fundamenta en presuntos vicios en el trámite de la reforma. Según la congresista, se habrían vulnerado los derechos de los legisladores al impedir el debate detallado de los artículos de la ley. Entre los puntos cuestionados, destaca la falta de discusión sobre el impuesto a las pensiones y el régimen especial que afectaría a las poblaciones étnicas, aspectos que, según Valencia, no fueron suficientemente analizados en la Cámara de Representantes.

Además, la senadora denunció la ausencia de estudios de impacto fiscal claros, los cuales permitirían determinar el costo real de la reforma. “Este gobierno insiste en no presentar estudios serios de impacto fiscal que nos permitan saber cuánto van a costar los proyectos”, afirmó Valencia.

A la fecha, se han radicado más de 50 demandas de inconstitucionalidad contra la reforma pensional, de las cuales 12 han sido admitidas para estudio. Con la ponencia ya lista, la Corte Constitucional se encamina a tomar una decisión definitiva en marzo, lo que podría definir el futuro de la polémica iniciativa gubernamental.