La mano del presidente del Senado, Roy Barreras, ya se siente en la agenda legislativa, pues hoy se ubicó en segundo lugar del orden del día, en la plenaria, el polémico proyecto en materia ambiental de Escazú. Ello sirve de termómetro para medir por primera vez qué tan fuerte es la coalición de partidos que apoyan las políticas del entrante Presidente.
Petro respalda la ratificación por parte del Congreso del Acuerdo de Escazú que firmó el Estado colombiano, así como en ello coinciden las fuerzas de izquierda y progresistas que están con el nuevo mandatario nucleadas en el Pacto Histórico.
La iniciativa de ratificación de este tratado fue presentada por el Gobierno en 2020 con mensaje de urgencia. A pesar de ello, tuvo muchas dificultades para avanzar en su trámite debido a las dudas que manifestaron varias bancadas como la del Centro Democrático y Partido Conservador y la mayoría de gremios por los eventuales efectos que tendría en los proyectos de desarrollo.
Sin embargo, los ambientalistas y las bancadas de izquierda y alternativas han cerrado filas para la ratificación de este Acuerdo, del cual ya hacen parte más de una decena de países de la región.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
Escazú presenta tres elementos clave: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental.
Las bancadas de izquierda y progresistas no tuvieron chance en el anterior Congreso para impulsar el proyecto porque eran minoría; sin embargo, ahora el escenario es diferente porque si bien el Pacto Histórico por sí solo no cuenta con las mayorías, sobre el papel las tiene por los acuerdos que ha alcanzado con los diferentes partidos como el Liberal, La U y el Conservador.
No obstante está por ver si el Partido Conservador ahora, en su condición de ser parte de la coalición legislativa del nuevo gobierno, varía su postura contraria a la ratificación del Acuerdo de Escazú.
En abril pasado, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el proyecto después de que el Gobierno lo volviera a radicar, pues el presidente Duque a nivel internacional nuevamente se comprometió con su ratificación, como en noviembre anterior en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia.
En esa oportunidad la iniciativa arrancó en su trámite de ratificación gracias a que la entonces oposición, haciendo uso del derecho a construir el orden del día, durante tres sesiones en el año, logró que el tratado fuera discutido y votado.
De cara al segundo debate de ratificación del Acuerdo de Escazú, el Centro Democrático mantiene su postura contraria a este proyecto.
La senadora María Fernanda Cabal indicó que “como hicieron en Chile, en Colombia Petro hará aprobar el Tratado de Escazú, que acabará con la soberanía jurídica y afectará el ordenamiento jurídico. Empieza a implementarse la agenda 2030 que destruye todo, bajo el disfraz de las causas justas”.
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Los gremios
Tras la aprobación en primer debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, el Consejo Gremial envió una carta al Congreso pidiendo que no siguiera su trámite, y propuso en cambio un debate nacional sobre la conveniencia o no de esta normatividad.
En una comunicación este señaló que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”.
Subrayó que “el Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, registra con preocupación la aprobación de parte de la Comisión Segunda del Senado de la República del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, y hace un llamado respetuoso al Gobierno nacional, y en particular al honorable Congreso de la República, a la no ratificación del mismo”.