SI BIEN en lo que va del 2024 las 57 masacres registradas por Indepaz muestran una leve reducción en comparación con igual lapso el año anterior, cuando fueron 71 casos, las altas cifras dan a entender que esta tragedia está lejos de superarse y que según algunos las medidas del Gobierno no serían efectivas y falta coordinación interinstitucional. Luis Emil Sanabria, director de Redepaz, dijo que no conoce una estrategia clara.

Entre enero y octubre del 2022 se registraron 85 masacres en todo el país, año en que se dio el cierre del mandato de Iván Duque en la presidencia y el arribo del actual Gobierno.

Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO indicaron que los mayores responsables de los asesinatos colectivos son los grupos armados que hacen presencia en los territorios. Es decir, el Eln; las disidencias de las Farc del sector que lidera alías ‘Iván Mordisco’; frentes de la Segunda Marquetalia; el Clan del Golfo.

También acuden a esta práctica, como explicó Leonardo González, director de Indepaz, “bandas tercerizadas por los grupos criminales” con presencia paramilitar en zonas rurales donde el Ejército Nacional y el Gobierno son ausentes, especialmente en municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Arauca, Putumayo, Norte de Santander, Chocó, el sur de Bolívar, Meta y zonas fronterizas con Venezuela.

Desde la firma de los acuerdos de Paz el 26 de septiembre de 2016, Colombia ha tenido 565 masacres, con un saldo cercano a las 2.100 víctimas, siendo 2021 el año más negro con 96.

¿Cuál es el origen de este flagelo?

Para el académico Eduardo Pizarro Leongómez, quien presidió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, “el origen de las masacres en el país proviene de la disputa de los grupos armados no estatales, tanto de raíces políticas, como puramente criminales, por el control del territorio para controlar las rentas provenientes, ante todo, pero no exclusivamente, de las drogas ilícitas y la minería ilegal”.

Agregó que aparte del Acuerdo de Paz con las Farc y las conversaciones que el Gobierno ha sostenido con varios grupos armados, no se ha mejorado la presencia policial y del Ejército nacional en las regiones.

Mientras que González de Indepaz señaló también en esto que “el Estado debe llegar de una manera integral a todo el territorio. El Estado integral no es solo Fuerza Pública, sino con los ministerios, vías, educación, salud a todos los territorios”, con miras a mejorar las condiciones de la población y permitir la efectiva implementación de los acuerdos de paz; además de “garantizar que las bandas criminales −fuera de los marcos de negociación− no se fortalezcan aún más en estos territorios”.

¿Qué ha pasado con las medidas?

Este Diario preguntó por las estrategias utilizadas por el Gobierno para intentar frenar dicha problemática, en lo cual uno de los testimonios fue de Luis Emil Sanabria, cofundador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz). “No conocemos la estrategia de la Paz Total, tampoco conocemos una estrategia clara en la cual nos hayan involucrado o nos hayan convocado para combatir esa problemática”, dijo el directivo de esta ONG.

Explicó que “no existe un programa estratégico multisectorial donde actúen diferentes entidades del Estado y el Gobierno para prevenir este tipo de acciones delincuenciales”. De la misma manera, el experto agregó que “Colombia al asumir el ser nuevo miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU tiene varias responsabilidades. La primera es respetar fundamentalmente como estado los derechos humanos en Colombia y garantizarlos. Lejos está el Estado colombiano, por lo menos de garantizar los derechos humanos”.

Por su parte, el académico Eduardo Pizarro Leongómez destacó también que la presencia de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede servir como una “campanada de alerta para el Gobierno de nuestro país sobre la necesidad de mejorar sustancialmente la defensa de los derechos humanos a riesgo de no gozar de ninguna credibilidad o, incluso, de ser objeto de serios cuestionamientos”.

En tanto que el director de Indepaz enfatizó que al entrar el país a ser parte de esta importante dependencia de Naciones Unidas se torna en un foco de referencia para la protección de su ciudadanía y un garante en el contexto internacional en la defensa de derechos humanos y, por lo mismo, “exige que haya una voluntad tanto del Gobierno de demostrar que hay una política de paz como de que vamos a estar en la lupa de todas las instituciones y los estados”, dijo.

Negociación con Eln

Entre los principales generadores de violencia en los territorios en este momento está el Eln, que arreció su accionar terrorista después de que en agosto pasado no se renovó el cese el fuego porque desde febrero anterior hay una crisis en la mesa, debido a que el grupo armado señala al Gobierno de incumplimientos porque de forma paralela conversa con el frente Comuneros en Nariño, una disidencia de los ‘elenos’.

En septiembre pasado, el presidente Petro suspendió las conversaciones tras el ataque de esta guerrilla a una base militar en Arauca, que cobró la vida de tres uniformados y dejó 28 heridos. Sin embargo, esta semana se dio la noticia que podría reanudarse la mesa, pues las delegaciones del Gobierno y el Eln acordaron reunirse en los próximos días para analizar los escollos.

Sobre el particular, González desde Indepaz dijo que “los acercamientos y las cartas que se han dado son positivos porque van a traer la exigencia de las mismas partes. Que empiecen a demostrar que tienen voluntad de paz. Cuando ellos dicen ‘queremos hablar’ deben demostrarlo”.

De reabrirse la mesa se espera que la primera medida en que las partes se pongan de acuerdo sea pactar un cese el fuego, al menos por tres meses, lo que a juicio de expertos podría disminuir de manera importante la violencia en las regiones.

Clave frente a las masacres

Finalmente, tanto Pizarro Leongómez como González y Sanabria señalan que la estrategia para enfrentar el flagelo de las masacres en el país debe ir articulada con la presencia del Estado y un acompañamiento a las necesidades de las comunidades en las regiones.

Asimismo, se requiere en este propósito “un cambio cultural de formas de resolver los conflictos de una manera no violenta, especialmente en las conflictividades que son normales y deben existir, pero que en Colombia las usamos como una excusa para generar violencia”.

No obstante, mientras se encuentra el camino de la llamada paz total y a la espera de que eventualmente rinda sus frutos, Sanabria dijo que el país debe focalizar sus esfuerzos en “la superación de la pobreza, de la exclusión de las inequidades y del control de cuatro delitos: el narcotráfico; la minería ilegal; el tráfico de especies nativas; y la trata de personas”.

Informe de los gremios

En días pasados el Consejo Gremial Nacional presentó el informe ‘Panorama general de seguridad en Colombia’, en el que indica que “cuando se analiza la evolución del número de masacres a nivel trimestral se observa que, de acuerdo con las tres fuentes, la reducción observada durante lo corrido del primer semestre se dio, principalmente, durante el primer trimestre del presente año”, sin embargo, “durante el segundo trimestre del presente año (abril, mayo y junio), infortunadamente, el número de masacres aumentó frente al primer trimestre de este año y se mantuvo relativamente estable cuando se compara frente al segundo trimestre del año 2023”.